Perú ha alcanzado un hito histórico en la conservación global con el lanzamiento oficial del Acuerdo del Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE) para el Parque Nacional Sierra del Divisor (PNSDV). Este es el primer acuerdo de su tipo en el país, consolidando un mecanismo financiero transparente y robusto para la restauración y protección de la biodiversidad.
La iniciativa es el resultado de una alianza estratégica entre el Ministerio del Ambiente (Minam), el Sernanp, el vehículo de inversión francés RESTORE – Biodiversity Together y la empresa FRONTERRA. Este paso coloca a Perú en la vanguardia internacional, dado que el PNSDV es uno de los tres proyectos piloto seleccionados por la Comisión Europea para probar el nuevo marco de «Créditos de la naturaleza».
Un capital a largo plazo para la conservación
El acuerdo MERESE está diseñado para cerrar las brechas de financiamiento del Parque Nacional Sierra del Divisor, un refugio clave de biodiversidad que abarca más de 1.3 millones de hectáreas en Ucayali y Loreto, en la frontera con Brasil.
José Carlos Nieto Navarrete, presidente ejecutivo del Sernanp, destacó que el mecanismo «fortalecerá el trabajo de los agentes estatales, mejorará las infraestructuras de vigilancia y permitirá la implementación de monitoreos especializados para asegurar la sostenibilidad y eficiencia del mecanismo».
Antoine Cadi, presidente de RESTORE, elogió la «apertura y madurez» del gobierno peruano para movilizar nuevos mecanismos de financiación. La inversión, impulsada por una importante empresa francesa del sector del lujo, busca implementar acciones concretas, medibles y verificables que recompensen las acciones positivas para la biodiversidad.
Inclusión y derechos de las comunidades indígenas
La dimensión social del proyecto ha sido crucial. El acuerdo se construyó a través de talleres y reuniones de socialización con las comunidades indígenas y sus federaciones, como la Federación de Comunidades Nativas del Distrito de Calleria (FECONADIC) y ORPIO.
Líderes indígenas como Luis Alberto Cauper y Roberto Tafur coincidieron en subrayar que el acuerdo «garantiza un financiamiento a largo plazo para el desarrollo, a la vez que respeta la autonomía y los derechos de las comunidades nativas». La transparencia mostrada por el Estado y las empresas ha generado confianza, lo que permite al Perú abrir un nuevo capítulo en la conservación, demostrando que la cooperación entre el sector privado y los pueblos indígenas puede generar soluciones innovadoras y sostenibles.
