Pedro Escobar, vecino de San Román, criticó el desorden tras el aniversario 99 de Juliaca. La Plaza de Armas quedó convertida en cantina pública con ebrios durmiendo en bancas. El evento costó 318.000 soles al municipio. Escobar denunció falta de obras básicas como agua y pistas deterioradas. Las festividades ocurrieron esta semana en la ciudad puneña.
La celebración municipal priorizó la fiesta sobre necesidades ciudadanas urgentes. Escobar manifestó: «Han gastado 318.000 soles en hacer eso y mira las pistas, las veredas». El ciudadano señaló que el dinero debió invertirse en infraestructura básica. La población cuestiona los criterios de gasto público del gobierno local juliaqueño.
Denuncias contra el alcalde y funcionarios municipales
El vecino relato una lista de denuncias contra el alcalde: sobrevaloración en motos y corrupción interna. Escobar afirmó que «están convirtiendo un prostíbulo del municipio». El subgerente encabezaría una red de corrupción enquistada. También mencionó irregularidades en SEDA Juliaca. El burgomaestre terminaría gestión «sin pena ni gloria», declaró el entrevistado.
Jair Madariaga, responsable de Relaciones Públicas, presidió la Comisión organizadora del aniversario. Escobar conversó previamente con Madariaga sobre las actividades programadas. El funcionario organizó eventos criticados por despilfarro y descontrol. La ciudadanía exige explicaciones a la gerencia municipal. Madariaga debe rendir cuentas por los 318.000 soles gastados.
Consecuencias sanitarias y morales para la población
La Plaza de Armas y el Pasaje La Libertad se convirtieron en baños públicos. Al día siguiente, los espacios despedían mal olor insoportable. Niños presenciaron escenas de ebriedad masiva temprano en la mañana. Escobar cuestionó qué educación reciben los menores con ese referente. Los padres de familia expresan preocupación por el impacto en la niñez juliaqueña.
Los residentes califican la situación como deprimente y exigen cambios inmediatos. Escobar pidió que 2026 no repita este desastre organizativo. La comunidad demanda inversión en obras públicas, no en festividades descontroladas. Radio La Voz del Sur documentó testimonios desde San Román. Los juliaqueños reclaman respeto hacia su patrimonio urbano y futuro generacional.
El Poder Judicial del Perú reconoció la inocencia total de diez comuneros y comuneras de Urinsaya que fueron absueltos, culminando exitosamente un proceso contra la minera Las Bambas que duró cinco angustiosos años. La importante decisión del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial A de Cusco sienta un precedente crucial contra la estigmatización que enfrentan los defensores ambientales en Perú. Este fallo judicial también combate la criminalización de aquellas personas que legítimamente protegen sus territorios de la severa contaminación causada por grandes empresas mineras. El Juzgado absolvió a ocho hombres y dos mujeres de la comunidad de Urinsaya, localizada en Espinar, quienes fueron acusados injustamente de un supuesto secuestro. La acusación se originó después de la participación de los comuneros en una protesta pacífica efectuada el treinta de enero del año dos mil veinte, manifestando su rechazo directo. Dicha protesta se realizó contra la visible contaminación generada por los cientos de camiones de la minera Las Bambas, los cuales atraviesan diariamente el territorio comunal. El Juzgado, presidido por el magistrado Miguel Ángel Castelo Andia, emitió el 23 de octubre de 2025 la sentencia que confirmó la completa falta de pruebas sólidas presentadas por la Fiscalía de Espinar. El magistrado afirmó claramente durante la audiencia que no puede considerar probado un hecho por meras especulaciones, pues todo debe estar debidamente acreditado.
Fallo judicial es clave para la justicia ambiental en Cusco
Además, el Juzgado enfatizó que tres de los acusados ni siquiera se encontraban presentes en el lugar donde ocurrieron los hechos durante la manifestación de la comunidad. El juez también señaló que no existe ninguna constancia de un supuesto acto violento llevado a cabo por parte de los diez acusados durante la protesta ambiental. La persona que supuestamente hizo la denuncia de secuestro durante el juicio oral negó rotundamente haber presentado dicha acusación y no reconoció su firma en el acta policial. El hecho sugiere directamente que la grave acusación pudo haber sido fabricada intencionalmente con el propósito de silenciar a los diez defensores ambientales. Roger Choqueccota Qquehue, uno de los comuneros absueltos, manifestó una profunda satisfacción frente a la sentencia del Juzgado. El comunero declaró que, después de cinco largos años de angustia sufrida por sus familias y la comunidad, la justicia finalmente reconoce la inocencia completa de todos los acusados. El señor Choqueccota Qquehue describió la sentencia como un triunfo trascendental para toda la comunidad de Urinsaya que luchaba por la justicia ambiental. Katherine Páucar, abogada de la organización EarthRights International (ERI), quien representó legalmente a tres de las personas acusadas, celebró el fallo. La abogada Páucar señaló que la sentencia, emitida con profunda justicia, reconoce la criminalización que sufren las personas que defienden firmemente el ambiente.
Garantía del derecho a la portesta
Además, reconoció la lucha de las comunidades frente a los diversos abusos cometidos por las empresas mineras operando en el Perú. Esta importante decisión judicial representa un avance significativo y sienta un precedente legal clave hacia el total respeto y la plena garantía del derecho a la protesta pacífica. La abogada Katherine Páucar hizo un urgente llamado a la Fiscalía de Espinar para que se abstenga de apelar esta decisión judicial completamente justa. Ello pondría fin definitivamente al daño provocado por este prolongado proceso judicial, el cual afectó la salud mental y la economía de los diez acusados y sus respectivas familias. Páucar concluyó que la Fiscalía tiene la obligación de estar del lado de la justicia y no interponer más recursos para obstaculizarla. La absolución de los diez defensores del territorio comunal reivindica su derecho fundamental a la protesta.
Una fuerte explosión producida en interiores de un local de comidas en la provincia de Pacasmayo, región La Libertad, dejó 4 heridos y generó alarma entre los vecinos. En horas de la noche, una detonación en el primer piso de un inmueble lo dejó completamente destruido, con víctimas que, pese a sus leves heridas, fueron trasladados igualmente al hospital. La Policía maneja la hipótesis de que se trató de una fuga de un balón de gas en interiores del edificio, más aún no hay nada cierto.
El temor
En horas de la madrugada, un negocio de comidas conocido en la zona como «Pacha Foods», ubicado en la cuadra 1 del jirón José Olaya, en el distrito de Pacasmayo, fue víctima de una poderosa explosión que provocó múltiples daños materiales. El primer piso del inmueble (donde operaba el local) quedó completamente destruido. Viviendas aledañas también fueron alcanzadas por la honda expansiva de la explosión, y entre el terror, vecinos salieron a presenciar el suceso mientras que alertaban a las autoridades.
Según testimonios de vecinos, un ruido extraño se produjo a primera hora de la madrugada; sin embargo, no se le prestó atención. De esta forma, entrada las 3 de la mañana, la poderosa explosión tuvo lugar y los residentes que dormitaban en el segundo piso, cayeron al primero, y a pesar de estar rodeado de escombros, no resultaron con heridas mayores.
Fueron 4 los heridos a causa de esta explosión. A pesar de que sus heridas no representaban un riesgo, de todas formas fueron trasladados por personal de la Municipalidad Provincial de Salaverry, hacia el hospital del distrito.
Causa principal
En el marco de una región azotada por la delincuencia, la hipótesis de un nuevo acto extorsivo no se descartó; sin embargo, la causa principal de la explosión terminaría tratándose de una fuga de tuberías de gas natural, razón por la cual el jefe de Defensa Civil de Pacasmayo, Leonardo Burgos, convocó al personal de la empresa de gas natural Quavii y a Hidrandina.
Según información ciudadana, los dueños del local responsabilizan a la empresa Quavii de negligencia por no haber brindado el mantenimiento necesario para las tuberías. Por más que estuvieron solicitando la presencia de la empresa, esta nunca se presentó, de forma que terminó desencadenando en la madrugadora explosión.
Un violento accidente entre un camión cisterna que transportaba combustible y un vehículo de carga pesada provocó un incendio de grandes proporciones en la Panamericana Sur. Esto ocurrió a la altura del distrito de Chala, en la provincia de Caravelí, región Arequipa.
El siniestro, registrado la tarde del jueves en el kilómetro 614 de esta vía, cobró la vida de al menos una persona, identificada como el conductor del cisterna, quien falleció calcinado.
De acuerdo con los reportes preliminares, el camión cisterna habría perdido el control en una curva del sector La Caleta, lo que desencadenó la colisión frontal. El impacto generó una explosión y posterior incendio, con llamas y una densa columna de humo que se extendieron rápidamente, alarmando a transportistas y residentes de la zona.
Atención de accidente en región Arequipa
Personal de Bomberos Voluntarios y efectivos de la Policía Nacional del Perú se desplazaron de inmediato al lugar para controlar las llamas y establecer un cerco de seguridad. Las labores de extinción se prolongaron por más de una hora debido a la naturaleza inflamable de la carga, mientras que el tránsito por la zona fue cerrado en ambos sentidos, generando congestión vehicular por varias horas.
A través de un comunicado, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó que activó su protocolo de fiscalización. Desplazó equipos especializados para evaluar el cumplimiento de las medidas de seguridad y el plan de contingencia, en el marco de la normativa de hidrocarburos.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la existencia de otras víctimas mortales. Las pericias correspondientes continúan en la zona para determinar las causas exactas del accidente y verificar si hay más personas afectadas.
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El coronel Harvey Colchado Huamaní, exjefe de la Diviac, advirtió que el incremento de la criminalidad en el país no es casual. Según él, responde a un proceso de descomposición institucional originado por la corrupción que ha permeado el sistema de justicia, el Congreso y la propia Policía Nacional. En entrevista con la Red de Medios Regionales del Perú, el oficial sostuvo que la solución pasa por reordenar la Policía, derogar leyes recientes que favorecen al crimen y recuperar el principio de meritocracia dentro de las instituciones del Estado.
Colchado sostuvo que la corrupción ha sido “el hilo conductor” que explica el colapso actual. “Tenemos presidentes presos o investigados, fiscales que pagaron por sus cargos y coroneles que compraron ascensos”, dijo. Esa cadena de favores, añadió, impide que existan líderes honestos y coloca en puestos de poder a quienes buscan recuperar el dinero invertido o devolver favores políticos. Frente a ello, propuso una medida concreta: aplicar pruebas de polígrafo a todos los funcionarios que manejen recursos públicos o decisiones sensibles. “Hay que poner fiscales, jueces y policías de calidad. Si no hay meritocracia, no hay solución”, remarcó.
“El Congreso gobierna y ha dado leyes pro crimen”
El coronel fue enfático al señalar que el actual contexto político agrava la inseguridad. “Con Pedro Castillo la democracia estuvo sitiada, con Dina Boluarte fue tomada por el Congreso”, sostuvo. Por eso considera que el Parlamento ha pasado a controlar el país y ha emitido normas que obstaculizan la lucha contra la delincuencia. Colchado reveló que envió una carta al presidente José Jerí exigiendo la derogatoria de siete leyes aprobadas por el Congreso que, según él, debilitan las herramientas de investigación de la Policía y el Ministerio Público.
Entre esas normas, mencionó la Ley 31.990, que modifica el procedimiento de colaboración eficaz y obliga a grabar al delator; la Ley 32.138, que cambia la tipificación del delito de organización criminal y eleva su estándar probatorio; la Ley 32.108, que impone la presencia obligatoria del abogado defensor en los allanamientos; y la Ley 32.130, que limita la duración de las intervenciones telefónicas a cuatro meses. Además, criticó la Ley 32.326, que frena la extinción de dominio hasta obtener sentencia firme; la Ley 31.989, que impide a la Policía intervenir a mineros ilegales; y la Ley 32.054, que protege a los partidos políticos de ser sancionados si son investigados por crimen organizado.
“Estas leyes deben ser derogadas inmediatamente. Si el presidente Jerí lo hace, demostrará que quiere cambiar. Si no, será más de lo mismo”, advirtió. Según Colchado, las normas fueron impulsadas por congresistas vinculados a economías ilegales, interesados en “tumbarse las buenas leyes que combatían el crimen”.
“Nos distraen con los delitos urbanos mientras las mafias siguen intactas”
Colchado explicó que el país enfrenta dos grandes tipos de criminalidad organizada: las economías ilegales —como la minería y tala ilegal, el contrabando, la corrupción y el lavado de activos— y las organizaciones dedicadas a delitos urbanos violentos, como el robo, el secuestro y la extorsión. A su juicio, los grupos económicos ilegales financian partidos y congresistas para aprobar leyes que los favorezcan. “Mientras tanto, las policías especializadas que deberían combatir esos delitos están distraídas enfrentando extorsiones y asaltos en las calles”, lamentó.
Respecto al nuevo presidente, Colchado recordó que Jerí votó a favor de las leyes pro crimen cuando era congresista. Por eso, considera que sus recientes mensajes de mano dura contra los extorsionadores “carecen de coherencia”. Sin embargo, le concedió el beneficio de la duda. “Si realmente quiere cambiar, tiene que derogar esas leyes y recuperar a los mejores investigadores que fueron desplazados por el gobierno anterior”, dijo.
“La Policía combate con arcos y flechas frente a delincuentes con bazucas”
El coronel también denunció la falta de recursos e inteligencia operativa dentro de la Policía Nacional. “Las comisarías de investigación criminal no manejan ni un sol. No pueden pagar informantes ni usar tecnología”, expresó. A su juicio, cada departamento de investigación criminal debería disponer de al menos 50 mil soles mensuales para gastos de inteligencia. “Estamos en una guerra y la Policía tiene arcos y flechas, mientras los delincuentes tienen bazucas”, graficó.
Asimismo, pidió equipar con tecnología moderna a las unidades de investigación: herramientas para geolocalización, interceptación legal de aplicativos, grabaciones a distancia y extracción de datos digitales. Denunció que el Ministerio del Interior “solo ha ejecutado el 20% de su presupuesto” y exigió que se aceleren las compras. “Si no hay inversión en inteligencia, no habrá resultados”, remarcó.
“Hay que reordenar la Policía y filtrar con polígrafo a los jefes”
Colchado consideró urgente un reordenamiento del personal policial por meritocracia. “Un policía de prevención no puede trabajar en investigación criminal y viceversa”, afirmó. Propuso también un sistema de control interno más drástico, con investigaciones rápidas en Inspectoría y el uso del polígrafo para detectar corrupción en mandos claves. “Si los puestos estratégicos los ocupan policías corruptos, el 60% restante los seguirá. Pero si subes a los honestos, el cambio será inmediato”, aseguró.
Finalmente, planteó una reforma educativa dentro de la institución. Dijo que el problema empieza en la admisión a las escuelas de oficiales y suboficiales, donde aún existen prácticas de favoritismo y “tarjetazo”. “Si ingresan los mejores jóvenes, sin pagar ni tener padrinos, tendremos buenos policías”, señaló. También consideró positivo incorporar profesionales civiles —sociólogos, ingenieros o politólogos— para fortalecer el análisis criminal y el diseño de políticas públicas. “Captemos lo mejor de lo mejor, sin corrupción ni amiguismo”, concluyó.
La ciudad de Llata, capital de la provincia de Huamalíes, celebrará este 31 de octubre 134 años de haber sido elevada de villa a ciudad. El consejero regional Ricardo Prado informó que las celebraciones se realizan en el marco de un mes festivo para toda la provincia, ya que seis distritos también conmemoran su aniversario de creación política durante octubre.
“En octubre varios distritos cumplen aniversario, con una nutrida programación que cada gobierno local desarrolla dentro del marco festivo de sus respectivas fechas”, señaló Prado. Entre ellos figuran los distritos de Puños, Jircán, Punchao y Jacas Grande, además de la capital provincial.
Una ciudad con historia
La provincia de Huamalíes fue creada el 12 de febrero de 1821 por José de San Martín. Desde entonces, Llata se consolidó como un centro político, social y económico de la región. “Nosotros tuvimos la categoría y el rango establecidos desde aquella época, lo que permitió generar un trabajo articulado en beneficio de la población”, recordó el consejero regional.
En su origen, Huamalíes contaba con 17 distritos, aunque posteriormente varios de ellos dieron origen a nuevas provincias como Dos de Mayo, Lauricocha, Yarowilca y Marañón. “Podemos decir que estas provincias son ‘hijas’ de Huamalíes”, afirmó Prado.
El consejero regional Ricardo Prado informó que las celebraciones se realizan en el marco de un mes festivo para toda la provincia. (Imagen: Municipalidad Provincial de Huamalíes)
Crecimiento urbano y obras recientes
En los últimos años, Llata ha registrado un crecimiento sostenido en infraestructura y servicios. “Quien llega a la ciudad puede notar que, en los últimos cinco o diez años, ha cambiado totalmente su fisonomía”, expresó el consejero.
Entre los principales proyectos destacan la construcción del moderno hospital, valorizado en más de 200 millones de soles, la culminación de las obras de agua y desagüe, la mejora de pistas y veredas, y la reactivación del estadio municipal Colón, con apoyo del Gobierno Regional de Huánuco.
También se ejecutan obras impulsadas por la Compañía Minera Antamina y otras instituciones, en coordinación con los distintos niveles de gobierno. “Podemos decir que Llata es, hoy por hoy, una de las capitales provinciales con mayor desarrollo poblacional y urbanístico de los últimos años en la región de Huánuco”, precisó Prado.
Reconocimiento pendiente a Juana Moreno
Durante las celebraciones, se busca también revalorar la figura de Juana Moreno, considerada una de las principales lideresas del movimiento libertario en la región. “Juana Moreno, allá por el año 1777, junto con los hermanos Alvarado de Chuquibamba, se rebeló contra la corona española debido a los abusos y los excesivos tributos”, recordó Prado.
En la plazuela Virgen del Carmen se erige un monumento en su honor. El consejero propuso que, desde el Consejo Regional, se impulse su reconocimiento oficial como precursora de la independencia nacional.
Orgullo y proyección
Huamalíes también ha tenido un papel relevante en episodios de la historia republicana. “Durante la Guerra del Pacífico, los huamalianos participaron activamente y, a través de la Cofradía Virgen del Carmen, colaboraron con la compra del monitor Huáscar”, indicó Prado. De ese hecho nació la tradicional danza Tui Tui, símbolo del regreso victorioso de los combatientes.
El pasado 21 de octubre, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutaron un operativo contra la minería ilegal dentro del Área de Conservación Regional (ACR) Bosque Montano de Carpish, en Huánuco. La intervención se desarrolló en el caserío Esperanza, distrito de Las Palmas, provincia de Leoncio Prado, donde se constató la presencia de maquinaria y herramientas utilizadas para la extracción ilícita de minerales.
El operativo fue liderado por el mayor PNP Sandro Mario Vilca Samán, jefe de la Unidad Desconcentrada de Medio Ambiente de Huánuco, con la participación de 12 efectivos policiales, además de representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y de entidades técnicas como la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS), la Autoridad Local del Agua (ALA) de Tingo María y el Equipo Forense de Medio Ambiente (EFOMA).
Maquinaria y materiales valorizados en más de S/ 1,6 millones
Durante la intervención, el personal policial halló balsas dragas, motores chinos, bombas de succión, tuberías, mangueras, trajes de buzo, generadores eléctricos y combustible, entre otros equipos. Asimismo, se descubrió un campamento rústico que habría sido utilizado por los mineros ilegales para sus operaciones dentro del área protegida.
El material incautado y destruido fue valorizado en S/ 1 696 400, según el reporte de las autoridades. Todos los objetos fueron hallados a orillas del río Derrepente, en ambas márgenes, evidenciando la magnitud de las operaciones ilícitas que afectaban este ecosistema montano de alta importancia ecológica.
El material incautado y destruido fue valorizado en S/ 1 696 400, según el reporte de las autoridades. (Foto: Difusión)
Operativos continuarán
Las acciones se realizaron bajo el amparo del Decreto Legislativo N.º 1100, que establece los lineamientos para la interdicción contra la minería ilegal en todo el territorio nacional. La Policía Ambiental de Huánuco anunció que continuará ejecutando operativos multisectoriales con el fin de erradicar esta actividad y sumar a más instituciones en la defensa de los bosques y ríos de la región.
“La protección de nuestra naturaleza y biodiversidad requiere el compromiso conjunto del Estado y la sociedad. La minería ilegal está siendo impulsada por organizaciones criminales provenientes de Madre de Dios que ahora intentan expandirse hacia Huánuco”, advirtieron las autoridades policiales.
El operativo culminó cerca de las 22:00 horas del mismo día, tras más de 15 horas de labores continuas. El ACR Bosque Montano de Carpish, hogar de especies endémicas y fuente vital de agua para miles de pobladores, continúa amenazado por la expansión de actividades ilícitas. Mantener su protección es clave para garantizar la salud ambiental y el bienestar de las comunidades locales.
La capital peruana se convirtió en el epicentro del debate global sobre el futuro de los ecosistemas con la inauguración de la 11ª Reunión Anual de la Red de Bosques y Medios de Vida (FLARE), realizada por primera vez en Sudamérica. El evento, que congrega a científicos, líderes indígenas, financiadores y delegados gubernamentales, se enfocó en el destino de los bosques en un contexto de incertidumbre geopolítica.
La conferencia magistral de apertura, a cargo de Manuel Pulgar-Vidal, líder Global de Clima y Energía de WWF, se centró en la pregunta: «¿Es aún posible encaminar el cambio transformacional?»
Pulgar-Vidal advirtió que las amenazas y los cambios políticos actuales han provocado un «giro significativo» en la dirección que llevaba la agenda de sostenibilidad, poniendo en peligro la visión colectiva de un futuro mejor.
El retroceso en la visión y el auge del negacionismo
El expositor usó una metáfora del «cuerpo humano» para analizar el estado del cambio transformacional, ubicando la visión en el «cerebro» y las acciones en el «corazón».
El exministro de Ambiente lamentó que el contexto global, especialmente tras 2024, muestre un cambio en los valores que regían la política, llevando al desmantelamiento de ministerios del ambiente en América Latina y un negacionismo creciente.
Muerte del ‘Build Back Better’: Criticó que la esperanza de «construir un futuro mejor» tras la pandemia (el Build Back Better) ha quedado «afectada o alterada» por intereses políticos, llevando incluso a Europa a ser más reticente con sus propias regulaciones ambientales.
El túnel climático se esconde: Alertó sobre la pérdida del enfoque climático en el debate político. Antes, el Acuerdo de París y el umbral de 1.5°C servían como un «túnel» que arrastraba consigo agendas rezagadas como la biodiversidad y los derechos indígenas. Hoy, muchas organizaciones y estados «no quieren hablar de clima» por temor a represalias políticas.
Crisis de credibilidad en la ciencia: El avance del negacionismo se ve acompañado de un «menosprecio a la información científica» y el desmantelamiento de entidades científicas, lo cual es grave para países como Perú, donde los pronósticos de eventos como El Niño son vitales.
El exministro de Ambiente lamentó que, tras 2024, el cambio en los valores políticos haya provocado el desmantelamiento de ministerios ambientales en la región y un negacionismo en aumento. (Foto: Difusión)
Dilemas en la agenda global
Pulgar-Vidal identificó controversias que dificultan el cumplimiento de los objetivos globales:
Net Zero vs. Remociones: Cuestionó la credibilidad del objetivo de emisiones netas cero, aludiendo al riesgo de que los mercados de carbono no decarbonicen, sino que sirvan como una «flexibilidad extrema» para evitar la responsabilidad principal. Asimismo, abrió el debate sobre la geoingeniería y la necesidad de establecer reglas de gobernanza para estas tecnologías.
De ambiente sano a clima sano: Destacó el «salto de rana» que han dado cortes internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, evolucionando la protección del derecho a un ambiente sano al derecho a un clima sano.
Amazonía en riesgo: Se refirió al inminente riesgo del tipping point (punto de no retorno) y la sabanización de la Amazonía, un evento que la ciencia considera posible antes del final de esta década.
Urgencia en la transición justa amazónica
El experto sostuvo que el «corazón» de la agenda transformacional debe enfocarse en las transiciones sugeridas por la ciencia, siendo la más urgente la transición justa en la Amazonía.
La ciencia indica que la Amazonía está sufriendo un proceso de sabanización, mientras que la realidad económica de países como Perú, Ecuador y Bolivia sigue dependiendo de la extracción de combustibles fósiles.
«La transición justa se convierte en un elemento central de la agenda», afirmó Pulgar-Vidal, ya que, si se promueve la salida de combustibles fósiles, debe haber una fuente alternativa de recursos que sostenga a estas poblaciones y sus medios de vida sostenibles.
La minería legal es un problema político y criminal
Una de las amenazas más críticas para la Amazonía es la minería ilegal, la cual calificó como una actividad «criminal y política» que ha llegado a tener más recursos e influencia que el narcotráfico. Hizo hincapié en que «no hay forma de hacer minería aluvial en Amazonía sin destruir» el ecosistema, ya que los metales se depositan en la superficie por procesos erosivos y la extracción se realiza sin ninguna legislación ni control.
La reunión FLARE continuará hasta el 27 de octubre, sirviendo como foro para generar resúmenes que serán presentados a los tomadores de decisiones de cara a la COP 30 en Brasil. (Foto: Minam)
Economía y ética para caminar hacia el futuro
Para «fortalecer las piernas» y caminar hacia el futuro, Pulgar-Vidal cerró con las acciones prioritarias para recuperar la visión transformacional, enfatizando la agenda de la próxima COP 30 en Belém, Brasil:
Economía como eje: Demostrar que el proceso climático es «irreversible porque es economía pura», desarrollo y competitividad.
Cuidar el multilateralismo: Fortalecer la cooperación y el Acuerdo de París, pues no hay alternativa al multilateralismo para lograr consensos globales.
Ética como fundamento: Incorporar el debate ético global, reconociendo que la agenda de sostenibilidad es «fundamentalmente ética».
Sinergias: Trabajar en sinergias entre clima, biodiversidad, tierra y derechos para evitar la resistencia de la geopolítica.
La reunión FLARE continuará hasta el 27 de octubre, sirviendo como foro para generar resúmenes que serán presentados a los tomadores de decisiones de cara a la COP 30 en Brasil.
Miles de escolares de Lima Metropolitana demostraron que cuidar el ambiente también se aprende en el aula. Durante más de un mes, 88 instituciones educativas participaron en el concurso “ReciFest Lima 2025: Colegios en Acción”, logrando recolectar 27.6 toneladas de residuos sólidos reciclables, entre papel, cartón y plástico.
La competencia se convirtió en un movimiento educativo y ciudadano que unió a docentes, estudiantes y familias con un mismo propósito: transformar los residuos en oportunidades para el cambio. Cada botella, hoja o envase recuperado simbolizó el compromiso de la comunidad educativa con la sostenibilidad.
Una alianza por la educación ambiental
El evento fue organizado por la Asociación Recíclame Perú y la Municipalidad de Lima, con el respaldo del Ministerio del Ambiente (Minam). La jornada de clausura se celebró en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en el marco de la Semana de la Educación Ambiental, y reunió a cientos de escolares que compartieron su talento y compromiso con un futuro más limpio.
“Este importante evento demuestra que cuando los niños y jóvenes lideran con el ejemplo, toda la sociedad se transforma. Cada acción cuenta, y cada residuo recuperado es un paso hacia un futuro más limpio y responsable”, destacó Fanny Reyes, gerente general de la Asociación Recíclame Perú.
Estudiantes de primaria y secundaria presentaron más de 250 vestuarios elaborados con materiales reciclados. (Foto: Difusión)
Los colegios líderes del reciclaje
En la categoría “Tonelada al Cambio – Cada residuo cuenta”, el Colegio Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, del Cercado de Lima, obtuvo el primer lugar al reunir 11 058.2 kg de materiales reciclables. En segundo lugar se ubicó la IE 0004 Mariano Melgar, de Breña, con 4234 kg, resultados que reflejan el entusiasmo y la organización de toda la comunidad educativa.
Por otro lado, la creatividad también tuvo su espacio en la categoría “Ecomoda”, donde estudiantes de primaria y secundaria presentaron más de 250 vestuarios elaborados con materiales reciclados. En una pasarela colorida, el arte y la sostenibilidad se fusionaron para mostrar que el reciclaje puede ser también una expresión de innovación.
Más allá de las cifras
El ReciFest Lima 2025 dejó una lección clara: la sostenibilidad comienza con la educación. Las 27.6 toneladas recuperadas representan mucho más que residuos transformados; simbolizan un cambio de mentalidad y una apuesta por un futuro responsable.
Al cierre del evento, quedó la convicción de que el compromiso ambiental florece cuando se cultiva desde la infancia. En las manos de miles de estudiantes limeños, el reciclaje se convirtió en un acto de esperanza y acción colectiva.
Con alegría y compromiso ambiental, el centro poblado de San José de Yanayacu fue escenario de una nueva edición de “De vuelta al río 2025”. En esta jornada se liberaron 6621 crías de taricayas y charapas en los ríos y cochas de Loreto y San Martín, marcando un paso más en la recuperación de especies clave para los ecosistemas amazónicos.
La actividad fue organizada por el Parque Nacional Cordillera Azul, en coordinación con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA) y las comunidades locales. También participaron rondas campesinas, docentes, estudiantes y pobladores de comunidades vecinas como Santa Rosillo, Leche y Huimbayoc.
Cultura, conservación y comunidad
El evento se desarrolló entre el 18 y 20 de octubre e incluyó no solo la liberación de tortugas, sino también actividades culturales y educativas que fortalecieron el vínculo entre las comunidades y la naturaleza.
La ronda campesina lideró la noche inaugural, en la que niños, jóvenes y adultos compartieron danzas, canciones y dramatizaciones dedicadas al cuidado de los ríos, los bosques y la fauna silvestre. “De vuelta al río” se ha convertido en un espacio de celebración y aprendizaje que une generaciones en torno a la conservación.
Este esfuerzo busca garantizar que las comunidades locales participen activamente en la protección de los recursos naturales que sustentan su modo de vida. (Foto: Sernanp)
Durante la ceremonia principal, realizada el domingo 19, participaron autoridades locales como el agente municipal de Santa Rosillo de Yanayacu, el presidente de la Central Única Provincial de las Rondas Campesinas de San Martín y el teniente alcalde del distrito de Huimbayoc. El momento más esperado fue la liberación de los “charitos”, las pequeñas taricayas, en el puerto de San José de Yanayacu, el río Chipurana y la cocha Pumaquiro, zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul.
Aliados por la conservación
Las actividades continuaron el lunes con la liberación de 838 taricayas adicionales en la cocha Maronayoc, el lago Huicungo y la cuenca alta del río Chipurana, en la región San Martín. En total, fueron 6345 taricayas y 276 charapas las que retornaron a su hábitat natural, como símbolo de vida y esperanza.
El agente municipal de Santa Rosillo de Yanayacu, Rosendo Barbarán Carbajal, destacó el impacto del trabajo conjunto y expresó su compromiso de replicar esta experiencia en su comunidad.
“Reafirmamos nuestra voluntad de impulsar acciones conjuntas para conservar los ecosistemas acuáticos y proteger las especies que dan vida a los ríos amazónicos”, señaló.
Compromiso que trasciende generaciones
“De vuelta al río” se enmarca en el Plan de Calidad de Vida Comunal y en el Acuerdo de Conservación firmado entre San José de Yanayacu y la gestión del Parque Nacional Cordillera Azul. Este esfuerzo busca garantizar que las comunidades locales participen activamente en la protección de los recursos naturales que sustentan su modo de vida.
El evento se desarrolló entre el 18 y 20 de octubre e incluyó no solo la liberación de tortugas, sino también actividades culturales y educativas. (Foto: Sernanp)
Además de promover la conservación, la jornada incluyó un campeonato intercomunal escolar Sub-12 y Sub-14, fomentando la integración entre las escuelas de San José y Santa Rosillo de Yanayacu. De este modo, los más jóvenes también asumen un rol protagónico en la defensa de la biodiversidad amazónica.
La liberación de las taricayas y charapas no solo representa un acto de conservación, sino también una reafirmación del compromiso colectivo por mantener viva la relación entre las comunidades y el río, fuente esencial de vida para la Amazonía peruana.
