miércoles 31, diciembre 2025
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Ica: evalúan la vacancia de la vicegobernadora Luz Canales tras ser sentenciada por el Poder Judicial

El Consejo Regional de Ica analiza si declara la vacancia del cargo de vicegobernadora de Luz Canales Trillo, tras ser sentenciada a 18 meses de prisión suspendida por difamación agravada contra el gobernador Jorge Hurtado Herrera. La sentencia incluye además una inhabilitación de un año para ejercer cargos públicos y el pago de 5 mil soles como reparación civil.

La jueza Ángela García Vivanco del Primer Juzgado Penal Unipersonal, determinó que Canales difamó al gobernador al acusarlo de liderar una organización criminal sin presentar pruebas. Ahora la decisión judicial abre la posibilidad de que el Consejo Regional de Ica evalúe su vacancia, lo que modificaría la estructura del gobierno regional.

La denuncia se presentó después de que Canales hiciera públicas sus acusaciones en medios nacionales. Durante el juicio no presentó evidencia suficiente para sustentar sus afirmaciones, por lo que el tribunal concluyó que sus declaraciones dañaban el honor del gobernador.

El papel de víctima de Luz Canales en Ica

Canales anunció que apelará la sentencia. Aseguró una vez más que se están vulnerando su derecho de fiscalizar y denunciar, y cuestionó que la justicia se use como herramienta de persecución política. Mantiene su postura crítica hacia la gestión regional pese a perder judicialmente haciendo el papel de víctima.

La relación entre la gobernación y la vicegobernación ya viene lleno de enfrentamientos, denuncias y suspensiones desde el inicio de la gestión. Canales decidió alejarse de Jorge Hurtado tras ser acusada de usurpar las funciones de la máxima autoridad. Si el Consejo Regional confirma la inhabilitación, Canales perdería su cargo de vicegobernadora.

Canales acumula antecedentes institucionales que complican su posición. En abril de 2023 fue suspendida 120 días sin goce de haber por presunta usurpación de funciones. En septiembre de 2023 la Fiscalía inició investigación por falsa declaración en procedimiento administrativo durante su inscripción como candidata. Estos antecedentes suman peso al fallo y consolidad los argumentos para su vacancia.

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Consejero Abad Vizcarra denuncia que GORE Puno paga favores políticos con empleos

El consejero de la provincia de Chucuito, Abad Vizcarra Estrella, señaló que el Gobierno Regional de Puno se convirtió en una agencia de empleos, pagando favores políticos a quienes apoyaron la campaña electoral, generando un desorden total en la administración y asignación de personal regionalizado.

Vizcarra Estrella manifestó que el gobierno regional no convence y opera de manera automática sin rumbo claro para el desarrollo. Esta falta de dirección se refleja en la ausencia de obras de envergadura para la región, pese a contar con un presupuesto millonario.

La administración regional presenta un desorden total según las observaciones del consejero fiscalizador de la provincia de Chucuito. Los instrumentos de gestión como el ROF, CAP y MOF están desactualizados desde el año dos mil trece, situación calificada como irresponsable.

En el área de recursos humanos existe una gran descoordinación en la asignación de personal según el análisis realizado. El consejero Vizcarra mencionó que hay personal que no reúne el perfil para los cargos que ocupa actualmente.

Esta situación se repetiría en las treinta y cuatro unidades ejecutoras de la entidad regional según la fiscalización realizada. Un ejemplo claro de estas irregularidades es el proyecto de artesanía, donde Vizcarra Estrella cuestionó la presencia de especialistas ajenos.

El consejero afirmó que el proyecto de artesanía ha fracasado literalmente en sus objetivos principales y metas establecidas inicialmente. La iniciativa no muestra impacto, ni resultados, ni cumplimiento de metas programadas para beneficiar a los artesanos.

Esta sería una prueba evidente del pago de favores políticos con puestos de trabajo según las conclusiones del fiscalizador. En este proyecto, que tiene una inversión de dieciocho millones, se habría sobrevalorado la compra de una camioneta.

La oficina de estudios definitivos maneja más de treinta y cuatro millones de soles para elaborar expedientes técnicos de proyectos. Sin embargo, de ciento veintiún expedientes planificados, solo han aprobado cinco en lo que va del año actual.

Esta bajísima productividad llama poderosamente la atención del consejero fiscalizador y genera preocupación en la población beneficiaria. La provincia de Chucuito tiene doce expedientes técnicos pendientes de aprobación desde el año dos mil veintitrés.

Entre ellos se encuentran el tecnológico de Juli y el centro de salud de Kelluyo, proyectos esperados por la población. La demora en estos proyectos preocupa profundamente a la población local que espera la ejecución de obras importantes.

El gobierno regional actual se quejaba de las gestiones anteriores por dejar expedientes mal elaborados según recordó el consejero. Sin embargo, la gestión presente no solo los estaría haciendo mal, sino que ni siquiera puede culminarlos adecuadamente.

Esta situación demuestra una falta de capacidad técnica para solucionar los problemas heredados de administraciones pasadas. Vizcarra Estrella sugirió al gobernador regional un replanteamiento de su equipo técnico para garantizar personal idóneo en cada área.

El fiscalizador también observó ausencias de residentes y supervisores en diversas obras a inicios del año dos mil veintitrés. Aunque la situación ha mejorado, estima que todavía falta cubrir entre un veinte y treinta por ciento de estos puestos.

Vizcarra Estrella expresó que los grandes proyectos esperados no tienen un rumbo favorable para la región de Puno. La autopista Puno-Desaguadero no avanza y el esperado proyecto del gas no se concretará según las proyecciones actuales.

El Hospital Materno Infantil y el Hospital Manuel Núñez Butrón tampoco presentan resultados claros en su ejecución y avance. La gestión del gobernador Richard Hancco está dejando mucho que desear según las declaraciones del consejero fiscalizador.

Respecto a la línea amarilla de maquinaria pesada, el consejero informó que la investigación sigue su curso correspondiente. Estas máquinas han generado ingresos por casi treinta millones de soles este año, pero Vizcarra Estrella se pregunta el destino.

El consejero ha encontrado dificultades para acceder a la información pública solicitada según su experiencia reciente. La oficina de recursos humanos le negó el acceso a las planillas de las obras por motivos no especificados.

Por este motivo, está planteando una acción legal contra el jefe de esa área por abuso de autoridad. Los informes de fiscalización del consejero llegan a la Contraloría y al procurador para las acciones correspondientes.

Pese a que lo han arrinconado políticamente, el consejero Abad Vizcarra se mantiene firme en su labor fiscalizadora. Aseguró que continuará con su trabajo en favor de la transparencia y el uso adecuado de recursos regionales.

Finalmente, el consejero reafirmó su compromiso con el pueblo que lo eligió democráticamente en las elecciones regionales. Su trabajo se enfoca en la legislación, representación y principalmente la fiscalización para garantizar legalidad y transparencia.

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Gremios turísticos de Cusco exigen declarar a Machu Picchu como Activo Crítico Nacional para mejorar gestión del Turismo

Los gremios de empresarios turísticos de Cusco, liderados por la Cámara de Comercio, han exigido declarar a Machu Picchu como Activo Crítico Nacional como parte de una gestión del Turismo unificada y eficaz.

En una conferencia de prensa realizada el 22 de septiembre de 2025, los gremios demandaron que el Estado aplique el principio de autoridad de manera firme ante los bloqueos de la vía férrea a Machu Picchu.

Estos actos generan una terrible imagen del país. Además, las protestas y bloqueos de la ruta Hiram Bingham son delitos. De hecho, han puesto en riesgo la seguridad de turistas, trabajadores y pobladores. Por lo tanto, los servicios ferroviarios hacia la llaqta han sido suspendidos.

La situación es una muestra de la falta de planificación. También, de la ausencia de una gestión integral de Machu Picchu. Existe una atomización de competencias y una superposición de funciones entre diversas entidades del Estado. Entre ellas, se encuentran el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Gobierno Regional de Cusco y las municipalidades. Esto genera ineficiencia y conflictos de interés. El turismo receptivo nacional depende hasta en un 40% de Machu Picchu. Además, representa más del 20% del PBI regional de Cusco.

Las propuestas para una mejor gestión del turismo en Cusco

Los gremios turísticos plantean varias medidas. La primera es aplicar el principio de autoridad con acciones firmes. Se busca garantizar la seguridad y el libre tránsito. En segundo lugar, solicitan que se declare a Machu Picchu como Activo Crítico Nacional. Esto protegería su infraestructura y aseguraría una operación ininterrumpida.

La tercera medida es asegurar un proceso de licitación transparente en la ruta Hiram Bingham. El objetivo es garantizar la formalidad, seguridad y sostenibilidad del servicio de transporte. Por último, proponen la creación de una Autoridad Autónoma Nacional de carácter técnico para la gestión del turismo en Cusco. Esta autoridad tendría la capacidad de planificar y ejecutar la gestión integral del Santuario de Machu Picchu. Mientras se implementa esta entidad, piden una mesa técnica interinstitucional.

Para el gremio empresarial, el turismo no puede seguir siendo rehén de conflictos. Es un motor clave de la economía nacional por lo que es momento de actuar con responsabilidad y firmeza.

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Trujillo: Detienen a profesor que intentaba espiar a alumnas en los baños

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Miguel Armando Ulloa Gonzáles, docente de Educación Física de la institución educativa privada Sol Naciente, ubicada en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo. El hombre de 33 años fue intervenido en la noche del 19 de septiembre, en la avenida Gran Chimú N.° 1341.

Durante la verificación de identidad, el sistema policial confirmó que Ulloa presentaba tres requisitorias activas por omisión a la asistencia familiar, lo que motivó su inmediata detención.

La intervención se produjo tras la denuncia de Nadia Bustamante Paredes, directora de la institución educativa, quien alertó a las autoridades que el profesor habría estado vulnerando la intimidad de estudiantes mujeres a través de un forado en la pared del almacén de materiales de educación física, colindante con los servicios higiénicos.

Dos padres de familia también respaldaron la denuncia, señalando que sus hijas comentaron haber recibido proposiciones indebidas por parte del docente, quien intentaba citarlas en lugares apartados con la intención de tocarlas.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la DIVINCRI Norte – La Esperanza, mientras la Fiscalía Mixta Corporativa de La Esperanza asumió las investigaciones para determinar responsabilidades y sanciones correspondientes.

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Perumin 37: «Queremos una pequeña minería sostenible», ministro de Minas en inauguración de convención minera

Durante la ceremonia de apertura de la convención minera Perumin 37 en Arequipa, Jorge Luis Montero Cornejo resaltó la importancia del Reinfo para la pequeña minería y la minería artesanal. El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) explicó que este sistema permite un mayor control de insumos y una fiscalización más efectiva, al mismo tiempo que refuerza la seguridad de las operaciones a pequeña escala.

Montero subrayó que, con la Ley 32.2.13, el Minem asumió la rectoría de la formalización minera, lo que facilita la trazabilidad de minerales y el control de los procesos productivos. Señaló que la implementación del sistema interoperable de pequeña minería y minería artesanal, con apoyo del Banco Mundial, permitirá fiscalizar en tiempo real la producción y comercialización de minerales e insumos.

Además, informó que se avanza en la transferencia de competencias hacia los gobiernos regionales, con el objetivo de descentralizar el proceso de formalización y fortalecer la articulación entre el Estado y las comunidades mineras. Este enfoque, según el ministro, busca un desarrollo territorial equilibrado y sostenible.

“Con la ley 32.2.13 el Ministerio de Energía y Minas asumió plenamente la rectoría de la pequeña minería y minería artesanal en formalización. Esto nos permite conducir con mayor eficacia el proceso de formalización, fortaleciendo la trazabilidad, el control de insumos y la seguridad de las operaciones mineras a pequeña escala”

Arequipa y la lucha contra la minería ilegal

El ministro destacó que, en lo que va del 2025, se ha brindado asistencia técnica a más de 5.000 pequeños productores y organizaciones para ayudarlos a cumplir obligaciones ambientales, de seguridad y de formalización. Paralelamente, se intensifican los operativos en zonas críticas como Patás, La Libertad, en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Montero también anunció el trabajo en una nueva ley para la minería artesanal y de pequeña escala, que buscará simplificar procesos, otorgar beneficios tributarios proporcionales y consolidar un sistema de trazabilidad robusto, evitando superposiciones con concesiones forestales y fomentando la inclusión financiera.

“Queremos una pequeña minería y minería artesanal sostenible, segura y con capacidad de aportar al desarrollo nacional”, afirmó el ministro al remarcar que el Estado no solo acompaña, sino que también regula y fiscaliza.

El discurso de Jorge Luis Montero en Arequipa mostró el trabajo que se está realizando alrededor de Reinfo, que se ha convertido en una herramienta estratégica para formalizar a los pequeños mineros y frenar la actividad ilegal. Al resaltar la estabilidad macroeconómica y la seguridad jurídica, el gobierno busca fortalecer la confianza de los inversionistas y consolidar una minería responsable, competitiva y alineada con la innovación tecnológica.

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Boric abre su última intervención en la Asamblea de la ONU con foco en democracia y cooperación internacional

La participación de Chile en la Asamblea General de la ONU de este año ha posicionado al país en el centro de la diplomacia global. El presidente de ChileGabriel Boric, se encuentra en Nueva York para su última intervención como Jefe de Estado ante la Asamblea. Entre el lunes 22 y el jueves 25 de septiembre, el mandatario desarrollará una intensa agenda diplomática con el objetivo de promover el derecho internacional, la defensa de los derechos humanos, el ambiente, la democracia y el multilateralismo, reforzando la posición de Chile en el escenario global.

La presencia de una comitiva diversa y de alto nivel, que incluye al presidente del Senado, Manuel José Ossandón, y a la expresidenta Michelle Bachelet, subraya la seriedad de la misión. La figura de Bachelet, cuyo nombre resuena con fuerza como posible candidata a la Secretaría General de la ONU, añade una dimensión estratégica a la delegación, proyectando la influencia de Chile en el más alto nivel de la gobernanza mundial.

La agenda de Boric: Un llamado a la defensa de la democracia

El presidente Boric intervendrá ante la Asamblea General. Su participación se enmarca en una agenda de fortalecimiento del multilateralismo y la defensa de los derechos humanos, pilares de su gobierno. Se espera que su discurso aborde la urgencia de enfrentar desafíos globales como la crisis climática y la desigualdad, haciendo un llamado a la cooperación internacional para construir un orden mundial más justo.

La confluencia de estas dos figuras en el escenario de la ONU subraya la estrategia del actual gobierno de Chile para consolidar su relevancia en el mundo. (Foto: Difusión)

La agenda del presidente chileno está marcada por una serie de intervenciones y reuniones de gran relevancia:

  • Martes 23 de septiembre: Boric participará en la apertura y el debate de la Asamblea General, que este año conmemora el 80º aniversario de la creación de la organización.
  • Miércoles 24 de septiembre: Tendrá un día de intensa actividad, interviniendo en la iniciativa “En defensa de la democracia, luchando contra el extremismo” junto a sus homólogos de Brasil, España, Colombia y Uruguay. Luego, participará en la Cumbre del Clima 2025, evento que servirá como antesala de la COP30 en Belém, Brasil. Por la tarde, asistirá a un evento especial en honor al expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica.
  • Jueves 25 de septiembre: El presidente sostendrá reuniones bilaterales con líderes y autoridades internacionales, entre ellas el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, y la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern.

Bachelet, una candidatura que el mundo espera

Paralelamente a la visita presidencial, el nombre de Michelle Bachelet resuena con fuerza en los círculos diplomáticos como una de las candidatas más sólidas para suceder al actual Secretario General de la ONU. Su perfil es inigualable: ex mandataria de Chile en dos ocasiones y una figura de probada experiencia en el sistema de Naciones Unidas, donde fue la primera directora de ONU Mujeres y, más recientemente, Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Su liderazgo como mujer y su origen en el sur global le dan una perspectiva única que la hacen una candidata natural para el puesto.

La confluencia de estas dos figuras en el escenario de la ONU subraya la estrategia del actual gobierno de Chile para consolidar su relevancia en el mundo. Por un lado, el presidente Boric representa la agenda de un gobierno que busca participar activamente en la resolución de los problemas globales. Por otro lado, la figura de Michelle Bachelet simboliza el legado y la proyección de una nación que ha formado a líderes con la experiencia y la visión necesarias para dirigir las grandes instituciones internacionales.

En este sentido, la participación de Boric y la opción de Bachelet no son eventos aislados, sino que demuestran la proyección de Chile de ser una voz protagónica, democrática y constructiva en la diplomacia global.

Salvavidas para los océanos: Tratado de Alta Mar alcanza las 60 ratificaciones y entrará en vigor en 2026

Naciones Unidas. Un hito histórico en la conservación marina global se ha concretado. El tratado de la ONU para proteger la biodiversidad en alta mar, conocido como Tratado de Alta Mar, ha alcanzado las 60 ratificaciones necesarias para su entrada en vigor. Con la adhesión de Marruecos y Sierra Leona, el acuerdo, denominado formalmente como el Acuerdo BBNJ, podrá empezar a aplicarse en enero de 2026. Este pacto, que tardó casi dos décadas en negociarse, es visto como un «salvavidas para el océano y la humanidad» frente a la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

Un logro para el multilateralismo

El Secretario General de la ONU, António Guterres, celebró la noticia, calificándola como un «logro histórico para el océano y el multilateralismo». El tratado de alta mar, que cubre dos tercios de la superficie oceánica del planeta, establece un marco legalmente vinculante para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina. Entre sus principales objetivos, busca compartir de manera más equitativa los beneficios de los recursos genéticos marinos, crear áreas protegidas y fortalecer la cooperación científica.

Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), también se sumó a la celebración, señalando que «nuestro océano es el fundamento de nuestra existencia. Hoy dimos un paso importante para salvar nuestro océano y nuestro futuro».

Un marco legal para el futuro de la humanidad

La entrada en vigor del acuerdo, prevista para el 17 de enero de 2026, dotará a la comunidad internacional de una herramienta crucial para alcanzar metas de biodiversidad más amplias. El pacto se basa en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y será fundamental para cumplir con el compromiso de proteger el 30% de las áreas terrestres y marinas para 2030, un objetivo establecido en el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal.

La entrada en vigor del acuerdo está prevista para el 17 de enero de 2026. (Foto: Imagine Earth Photography )

Guterres instó a los Estados restantes a unirse al tratado sin demora y pidió a la comunidad internacional que apoye su rápida y plena implementación. Con el mensaje de que «la salud del océano es la salud de la humanidad», el tratado de alta mar se erige como una muestra de que la cooperación global puede forjar un futuro más sostenible y resiliente para todos.

*¿De qué trata el Tratado de Alta Mar y por qué no afecta la soberanía ni la pesca en el Perú? Conoce más aquí.

Estado y pueblos indígenas presentan en Nueva York el programa REDD+ Indígena Jurisdiccional para proteger la Amazonía

Nueva York, Estados Unidos. En el marco de la Semana del Clima 2025, Perú presentó una iniciativa pionera a nivel mundial: el primer programa REDD+ Indígena Jurisdiccional. El anuncio fue realizado por el ministro del Ambiente del Perú, Juan Carlos Castro, junto a líderes de las principales organizaciones indígenas del país como Fermín Chimatani (Anecap), Jorge Pérez (Aidesep), Oseas Barbarán (CONAP) y Renato Ríos, asesor del Grupo Perú de Pueblos Indígenas. Esta propuesta consolida una alianza histórica entre el Estado y las comunidades nativas, al reconocerlas como socias estratégicas en la conservación de la Amazonía.

«Sin los pueblos indígenas no hay bosques, y sin bosques no hay futuro», afirmó el ministro del Ambiente, subrayando que el programa es una herramienta clave para fortalecer la lucha global contra el cambio climático. La iniciativa permitirá conservar más de 7 millones de hectáreas de bosques en los departamentos de Loreto, Ucayali y Amazonas.

Un modelo de cogobernanza y compensación

El programa REDD+ Indígena Jurisdiccional es impulsado por el Ministerio del Ambiente y el Grupo Perú de Pueblos Indígenas, una plataforma que integra a la Asociación Nacional de Ejecutores de Contrato de Administración de Reservas Comunales (Anecap), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP).

Esta propuesta consolida una alianza histórica entre el Estado y las comunidades nativas, al reconocerlas como socias estratégicas en la conservación de la Amazonía. (Foto: CONAP)

El modelo promueve la participación activa y el liderazgo de las comunidades en la conservación de los bosques, otorgándoles beneficios directos de compensación por servicios ambientales a través de la captura de carbono. De esta manera, el programa transforma a las comunidades indígenas en guardianas remuneradas de la biodiversidad, vinculando su bienestar directamente a la protección del ecosistema.

Un llamado al financiamiento global

Previo a la presentación, el ministro Juan Carlos Castro participó en el encuentro del Grupo de Financiadores para la Tenencia Forestal. En este espacio, hizo un llamado a la comunidad internacional a renovar y ampliar su apoyo económico.

«Necesitamos compromisos financieros reales para que nuestros acuerdos no se queden en palabras, sino que se conviertan en acciones que cambien vidas», señaló. El ministro reafirmó el compromiso del Perú con la acción climática y el trabajo conjunto con los pueblos indígenas para cumplir las metas del Acuerdo de París, destacando que esta nueva alianza es un ejemplo concreto de cómo la cooperación puede generar resultados tangibles.

Trujillo: Justicia ordena capturar y encarcelar a exalcalde Arturo Fernández por difamar a trabajador municipal

La justicia en Trujillo dictó una nueva sentencia contra el exalcalde Arturo Fernández Bazán, quien fue condenado esta vez a un año de prisión efectiva por el delito de difamación en agravio de Julio Enrique Morillas Rodríguez, trabajador de la Municipalidad Provincial de Trujillo. El Poder Judicial ordenó su inmediata captura para internarlo en el penal El Milagro.

El fallo fue emitido por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, que encontró a Fernández responsable de haber difamado al denunciante a través de publicaciones en redes sociales. La resolución también establece que el exburgomaestre, hoy precandidato presidencial por el partido Un Camino Diferente, deberá pagar una reparación civil de 20 mil soles.

El trabajador del Municipio de Trujillo, Julio Morillas Rodríguez, había solicitado 300 mil soles de reparación civil.
El trabajador del Municipio de Trujillo, Julio Morillas Rodríguez, había solicitado 300 mil soles de reparación civil.

La querella fue interpuesta en 2023, luego de que Morillas denunciara haber sido objeto de ataques y expresiones difamatorias en al menos seis publicaciones en Facebook cuando Fernández aún era alcalde provincial. Tras varias audiencias y postergaciones, el Poder Judicial concluyó que existieron expresiones que dañaron el honor y la reputación del trabajador municipal.

En respuesta a la sentencia, Arturo Fernández realizó una transmisión en vivo en Facebook, calificando el fallo como “un abuso” y asegurando que la decisión tiene motivaciones políticas. Su defensa confirmó que apelará, aunque la orden de ubicación y captura a nivel nacional sigue vigente hasta que sea trasladado al penal de Trujillo.

Detalles de la sentencia contra Arturo Fernández

  • Condena: 1 año de prisión efectiva.

  • Agraviado: Julio Enrique Morillas Rodríguez, trabajador de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

  • Delito: Difamación agravada mediante publicaciones en Facebook.

  • Lugar de reclusión: Penal El Milagro de Trujillo.

  • Pago adicional: S/ 20,000 de reparación civil.

Otros procesos judiciales de Arturo Fernández

  • Difamación agravada contra Nátaly Rojas (oficial PNP): 1 año de prisión suspendida y reparación civil de S/ 25,000 por expresiones sexistas y discriminatorias difundidas desde redes oficiales del municipio de Moche.

  • Agresión psicológica contra O.C.A.E: 1 año de prisión suspendida, convertida en 52 jornadas de servicio comunitario, además de reparación civil de S/ 1,000.

  • Difamación agravada contra Víctor Burgos Mariños (expresidente de la Corte de La Libertad): 1 año y 8 meses de prisión suspendida, más 200 días multa y reparación civil de S/ 70,000.

  • Caso Ricardo Morales (arqueólogo): absuelto por el Poder Judicial tras denuncias de presuntas acusaciones de corrupción y tráfico de piezas arqueológicas.

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Rechazan proyecto de ley que permitiría titular tierras deforestadas en la Amazonía sin estudios ambientales

Una nueva «Ley Antiforestal» está cocinándose. Pronto, el Congreso de la República debatirá una iniciativa que podría cambiar las reglas de juego para los bosques amazónicos. Se trata del Proyecto de Ley 09653/2024-CR, presentado por la congresista fujimorista Jeny López Morales y respaldado por otros seis legisladores de Fuerza Popular y bancadas aliadas. El predictamen ya fue aprobado en la Comisión Agraria y está a la espera de su paso al Pleno.

¿De qué trata esta ley? La propuesta crea dos nuevas categorías de uso de la tierra. Por un lado, la Zona Forestal y de Protección Amazónica (ZFPA), donde deberían mantenerse los bosques; y por otro, la Zona Agropecuaria Amazónica (ZAA), que incluye las áreas donde ya no hay cobertura forestal. Es en estas últimas donde se busca permitir otorgar títulos de propiedad y desarrollar actividades agrícolas sin necesidad de estudios técnicos ni autorizaciones ambientales previas. En otras palabras, lo que ya fue deforestado quedaría automáticamente validado, sin control ambiental previo alguno.

¿Qué es el REPAAS y por qué genera dudas?

El proyecto también plantea un régimen especial de formalización llamado REPAAS (Régimen de Promoción de Actividades Agrarias Sostenibles). Este busca formalizar predios con actividades en curso en la Amazonía y regularizar a los agricultores que ya trabajan ahí, incluso si lo hacen en tierras deforestadas sin autorización.

El problema, según especialistas, es la forma en que funcionaría este registro. La inscripción se aprobaría de manera automática, es decir, sin revisión previa. Aunque el texto exige conservar o recuperar un 30% de cobertura boscosa en cada predio, no establece plazos concretos para ese proceso de restitución. Para el abogado ambientalista César Ipenza, esto significa un camino hacia la impunidad:

“Establece una restitución progresiva de cobertura boscosa del 30% del área total del predio, pero esa progresividad no está sometida a plazos y, así como el Reinfo, será un proceso eterno que no tenga fin”.

La fecha que legaliza la deforestación

Uno de los puntos más cuestionados del proyecto es la fecha de corte que establece qué se considera bosque y qué no. El texto reconoce como zona forestal las tierras con cobertura boscosa hasta el 31 de diciembre de 2024, lo que implica que todo lo deforestado antes de esa fecha sería automáticamente catalogado como zona agropecuaria.

Ipenza advierte que esto no solo legitima la deforestación previa, sino que puede tener efectos judiciales: “Si se valida estas deforestaciones ya realizadas, cualquier deforestación ilegal no autorizada simplemente terminaría siendo legalizada y, por ende, todos los procesos penales en curso nuevamente se caerían, pues habría una norma, una ley que las valide o ‘legalice’”.

La Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales (IRI Perú) alertó que el proyecto incrementará la deforestación. (Foto referencial: FCDS Perú)

Organizaciones indígenas se pronuncian en contra

Mediante un pronunciamiento, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) denunció que la norma solo favorecerá a intereses privados, como el negocio de la palma aceitera, y pone en riesgo sus territorios:

«Esta ley permitirá titular los predios agrícolas supuestamente deforestados sin estudio ni autorización para su uso, contribuyendo a la invasión de los territorios indígenas y permitiendo su despojo sistemático».

Además, la organización recordó que la medida viola el derecho a la consulta previa, consagrado en el Convenio 169 de la OIT. Por ello exigieron al Pleno del Congreso archivar el proyecto y al Ejecutivo observarlo si llegara a aprobarse.

Desde otro frente, la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales (IRI Perú) alertó que el proyecto “incrementará la deforestación, afectará gravemente los compromisos internacionales asumidos por el Perú en materia climática y pondría en riesgo la seguridad hídrica, alimentaria y sanitaria de millones de personas”.

Una ley que divide posiciones

El proyecto también ha recibido críticas dentro del propio Parlamento. La congresista Ruth Luque lo calificó en su cuenta de X como “una nueva Ley Antiforestal. Una ley a favor de las palmas aceiteras, ley pro deforestación. No es una ley para la Amazonía”. Según denunció, el dictamen fue aprobado en una sesión extraordinaria con 13 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.

Más allá de la controversia política, especialistas en derecho ambiental señalan que la norma contraviene el artículo 69 de la Constitución, que obliga al Estado a promover el desarrollo sostenible de la Amazonía. Además, debilita la aplicación de la Ley Forestal y Fauna Silvestre (29763), al permitir actividades sin autorización de cambio de uso de tierras con cobertura boscosa.

Aidesep se manifestó en contra del predictamen del Proyecto de Ley 09653/2024-CR impulsado «para favorecer a grupos de palma aceitera con otorgamientos de derechos sin necesidad de autorización de cambio de uso de suelo». (Foto: Aidesep)

¿Formalización o impunidad?

Los defensores del proyecto lo presentan como un mecanismo para dar seguridad jurídica a miles de agricultores amazónicos. Sin embargo, para organizaciones indígenas y ambientales es, en realidad, un camino a la impunidad. Comparan el REPAAS con el Reinfo, el registro de minería informal que se creó en 2012 y que hasta hoy no ha logrado formalizar a la mayoría de mineros, sino que ha servido de refugio para quienes operan al margen de la ley.

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