Durante la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), el Perú suscribió el Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ, por sus siglas en inglés), también conocido como el Tratado de Alta Mar. Este instrumento multilateral establece normas para preservar la biodiversidad marina en áreas que no están bajo la soberanía de ningún Estado, es decir, más allá de las 200 millas de jurisdicción nacional.
Según declaraciones oficiales, el tratado no compromete la soberanía nacional ni afecta la actividad pesquera, y su objetivo principal es la conservación de la biodiversidad marina en aguas internacionales.
La aclaración fue realizada por el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, quien explicó que el acuerdo establece medidas para proteger ecosistemas marinos fuera de las zonas bajo jurisdicción de los Estados. “Nada de lo que dispone perjudica los derechos, la jurisdicción y deberes a los Estados miembros”, sostuvo.
Desinformación en redes por gremios empresariales
El funcionario explicó que persisten confusiones debido a la desinformación, especialmente al confundir el Tratado de Alta Mar con la Convención del Mar (Convemar), un acuerdo distinto que regula el uso de los océanos y que el Perú no ha suscrito. Recalcó que el Tratado de Alta Mar no implica cesión de derechos ni limita el ejercicio de soberanía en el mar territorial o la zona económica exclusiva del país.
Estas declaraciones se dan luego de que gremios empresariales como la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), la Sociedad Nacional de Industrias y la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex) emitieran un comunicado rechazando la firma del tratado, al considerar que podría restringir el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y afectar la soberanía nacional. Estas afirmaciones ya han sido desmentidas por las autoridades.
Sin impacto sobre pesca ni recursos
Castro aseguró que el tratado no genera restricciones a la actividad pesquera ni afecta los recursos marinos del Perú. Reiteró que se trata de un compromiso multilateral centrado en la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica en alta mar.
“Por ningún lado afecta los derechos y soberanía del país”, manifestó al descartar cualquier impacto negativo sobre las operaciones nacionales en el mar.
Proceso abierto y transparente
El acuerdo, según explicó, es de conocimiento público desde 2023 y fue incluido en la agenda informada al Congreso de la República cuando se solicitó la autorización para el viaje de la presidenta Dina Boluarte.
El Ejecutivo, afirmó, está dispuesto a dialogar con todos los sectores interesados para explicar los alcances del tratado. “El Poder Ejecutivo siempre estará dispuesto a explicar los alcances y detalles del citado tratado a todos los gremios involucrados en la conservación de los océanos y sus recursos naturales”, indicó.
Falta la ratificación del Congreso
Como parte del procedimiento constitucional, el acuerdo deberá ser ratificado por el Congreso de la República para su entrada en vigencia a nivel nacional. Con ello, el país formalizará su adhesión a este esfuerzo internacional por proteger la biodiversidad marina en áreas más allá de las jurisdicciones nacionales.
