El viernes 20 de septiembre se reportó un incendio forestal en el kilómetro 5 de la carretera al distrito de Rumisapa, provincia de Lamas, región San Martín. Gracias a la rápida intervención de vecinos, el fuego fue extinguido antes de que causara mayores daños, aunque arrasó con dos hectáreas de árboles en una zona boscosa.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Moyobamba, en coordinación con la policía ambiental y la Autoridad Regional Ambiental (ARA), se presentó en la zona para iniciar una investigación. Los propietarios del terreno, Madinzon Bardales y Merardo Bardales, fueron identificados como los presuntos responsables del incendio, y la fiscalía abrió un proceso en su contra por el delito contra los bosques y formaciones boscosas.
Denuncias y consecuencias legales
La denuncia fue presentada por un ciudadano preocupado por la extensión del incendio, que afectó a la flora y fauna local. El fiscal Alexander Taica Luliques, quien participó en la inspección, señaló que el incendio se habría iniciado sin la autorización correspondiente, agravando así el impacto ecológico.
«El nuevo Proyecto de Ley de Prevención y Control de Incendios Forestales aprobada por el Consejo de Ministros, busca establecer mecanismos preventivos y de intervención ante emergencias de este tipo (…) con penas de cuatro a seis años de prisión y prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas a quienes destruyan, dañen o talen bosques sin contar con los permisos necesarios», explicó el fiscal.
El Ministerio Público reiteró que provocar incendios forestales constituye un delito ambiental sancionado con penas de 4 a 10 años de cárcel en casos agravados. Además, la fiscalía exhortó a la población a denunciar a quienes provoquen quemas ilegales, ya que estos actos generan graves consecuencias para el ecosistema, afectan la disponibilidad de agua y elevan las temperaturas locales.
