El Gobierno Regional de San Martín (GORESAM) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) renovaron su compromiso institucional para reforzar la conservación del patrimonio natural de la región, en el marco del convenio de cooperación suscrito en 2024.
La reunión, encabezada por el gobernador regional Walter Grundel Jiménez en su despacho de Moyobamba, tuvo como finalidad coordinar acciones conjuntas enfocadas en la protección de bosques, ríos y áreas naturales protegidas de administración nacional y regional.
Coordinación técnica e interinstitucional
Durante el encuentro se abordó la necesidad de fortalecer la gobernanza ambiental mediante estrategias articuladas entre GORESAM y Sernanp, que incluyan la implementación de instrumentos de planificación y control, así como el desarrollo de programas de capacitación técnica en temas vinculados a la conservación.
Los jefes de las áreas protegidas presentes, Gustavo Montoya Gamarra, del Parque Nacional Cordillera Azul, e Ivonne Paico Vera, del Bosque de Protección Alto Mayo, destacaron la importancia de promover conocimientos sobre biodiversidad, uso sostenible de recursos renovables y prevención de incendios forestales.
Fortalecimiento del sistema regional
Otro de los puntos discutidos fue el fortalecimiento del sistema regional de áreas de conservación, con énfasis en la participación de la población que vive en estas zonas. “Se manifestó la importancia del fortalecimiento del sistema regional de áreas de conservación, mediante la promoción el cuidado y preservación con desarrollo sostenible, e involucrando a través de los comités de gestión a la población beneficiaria asentada en estas áreas”, se indicó durante la reunión.
En el ámbito regional, el GORESAM, a través de la Autoridad Regional Ambiental, administra el Área de Conservación Regional Cerro Escalera y los Bosques de Shunté y Mishollo.
Implementación tecnológica y vigilancia
Las autoridades coincidieron en la necesidad de modernizar los sistemas de control con tecnología actualizada, a través de programas presupuestales que permitan un seguimiento más efectivo de las intervenciones ambientales. Esta tarea, se precisó, requiere también el apoyo de otras instituciones como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público.
