El 28 de noviembre de 2025 se realizó en Tarapoto la segunda sesión plenaria del año de la Mesa Regional de San Martín para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos. El encuentro reunió a representantes de federaciones indígenas, autoridades regionales y funcionarios del Estado para evaluar la implementación del Mecanismoi Intersectorial de Protección, según el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).
La reunión fue convocada por la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Durante la sesión se presentaron los avances de los acuerdos adoptados en febrero de 2025, así como las observaciones de las organizaciones indígenas respecto a la situación de seguridad de defensores y defensoras en la región San Martín.
Balance oficial y cuestionamientos
El representante del Ministerio de Justicia, Diego Reátegui Rengifo, reportó un avance del 33 % en el cumplimiento de los acuerdos previos. Sin embargo, delegados de las federaciones indígenas señalaron que la mayoría de estos avances correspondían a procedimientos administrativos y no a acciones directas de protección o prevención frente a las amenazas vinculadas a economías ilícitas.
Las organizaciones también expresaron preocupación por la demora del Gobierno Regional de San Martín en aprobar una ordenanza que formalice el funcionamiento de la Mesa Regional. Este retraso fue considerado un factor que limita la operatividad del espacio y la ejecución de medidas en el territorio, según se expuso durante la sesión.
Demandas de las federaciones indígenas
Samuel Pinedo, Apu de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de San Martín (CODEPISAM), indicó que los avances presentados se concentran en trámites, lo que obliga a las comunidades a enfrentar las amenazas por cuenta propia. Por su parte, Ener Tuanama, Apu de la Federación Kichwas Huallaga Dorado (FEKIHD), llamó la atención sobre la ausencia de alcaldes provinciales y distritales y su falta de participación en la atención de los riesgos que enfrentan las personas defensoras.
Marisol García, Apu de la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta Amazonía (FEPIKECHA), señaló que es “una falta de respeto que los defensores estén esperando más de dos años la activación del proceso”, en referencia a la implementación del Mecanismo. También solicitó que la Mesa sesione con mayor frecuencia y que se incorpore al Ministerio de Economía para garantizar presupuesto. Asimismo, alertó sobre amenazas de mineros ilegales y presuntos vínculos de instancias estatales con economías ilícitas.
Alertas legales y memoria de las víctimas
Durante la sesión, Kevin Inuma, integrante de la comunidad Santa Rosillo e hijo del líder indígena Kechwa Quinto Inuma, asesinado hace dos años, expresó: “queremos defensores vivos, no muertos, recibimos condolencias y reconocimientos pero sólo en ese momento, luego quedamos desamparados, al final el Estado nos sigue dando la espalda. A nosotros no nos pagan por defender nuestras tierras, somos sinchi warmi, sinchi runa. Muchos callan por temor a denunciar, los papeles no nos defienden, queremos acciones concretas”.
La abogada Cristina Gavancho, del equipo legal que acompaña a federaciones indígenas, advirtió sobre deficiencias estructurales en la actuación estatal. “es alarmante como el Estado no defiende a los defensores… aunque no tengan reconocimiento, no significa que no tengan derechos… Esta Mesa no va a lograr objetivos si el Gobierno Regional no se sincera en formalizarla”, señaló.
También recordó la existencia de una sentencia judicial que ordena al Ministerio del Interior aprobar lineamientos para la atención especializada de personas defensoras de derechos humanos por parte de la Policía Nacional del Perú, y afirmó: “Hay dinero para reprimir protestas pero no para atender a defensores”.
Al término de la sesión se aprobaron 17 acuerdos y se estableció un plazo de 90 días para que las entidades informen sobre su cumplimiento. Asimismo, se acordó que la próxima reunión de la Mesa Regional se realizará en el primer trimestre del próximo año. Las federaciones indígenas reiteraron la necesidad de que los acuerdos se traduzcan en acciones efectivas de protección en el territorio.
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