La jueza Mónica Elena Pomajambo, del Segundo Juzgado Civil de Tarapoto, declaró fundada en parte la demanda interpuesta por Iván Rojas García, en representación de la Asociación Ecoguerreros del Perú y del Mundo, contra las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley 31973, conocida como la «Ley Antiforestal». Esta resolución, emitida el 20 de marzo de 2025, tiene implicaciones importantes en la jurisprudencia ambiental del país y en la lucha contra la deforestación, especialmente en la región amazónica.
El fallo judicial y su impacto
En la decisión, se estableció que la disposición fomenta la deforestación y vulnera el derecho constitucional a un ambiente equilibrado. La demanda señalaba que la ley contraviene los principios establecidos en la normativa nacional e internacional sobre la protección de la biodiversidad y el ambiente. Además, la jueza ordenó suspender todos los trámites administrativos relacionados con la ley que estuvieran en curso desde su promulgación, en especial aquellos que buscaban constituir derechos sobre tierras deforestadas.
Iván Rojas García, representante de la Asociación Ecoguerreros, destacó que el fallo sienta un precedente crucial en la defensa de los derechos ambientales en Perú: «La decisión refuerza la necesidad de garantizar un uso sostenible de los recursos naturales y la protección de las comunidades afectadas por la deforestación».
Rechazo a la titulación de tierras deforestadas
Uno de los puntos clave de la sentencia es que se invalida una disposición de la «Ley Antiforestal» que permitía la titulación de tierras previamente deforestadas. Según los «Ecoguerreros», esta medida amenazaba la integridad de los ecosistemas, pues abría la puerta a la legalización de tierras que habían sido devastadas, lo que podría haber incentivado aún más la destrucción de la selva.
Se argumentó que el uso del suelo y su protección no pueden ser modificados por documentos administrativos, independientemente de las firmas y sellos oficiales. De esta manera, se refuerza la idea de que los bosques deben seguir siendo considerados patrimonio nacional, y su conservación es clave para el bienestar ambiental del país.
Expertos advirtieron impactos de la norma
La decisión judicial también resalta las preocupaciones planteadas en enero de 2024 por el gobierno regional de San Martín, que rechazó la modificación de la Ley Forestal. Expertos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) habían advertido que las reformas promovidas por la ley favorecían la deforestación y ponían en riesgo la biodiversidad de la Amazonía, además de afectar a las comunidades locales.
En su informe, la SPDA señaló que la deforestación en Perú había aumentado cerca del 7% debido a las modificaciones de la Ley Forestal. Este aumento ha generado preocupación entre ambientalistas, quienes consideran que las nuevas disposiciones podrían acelerar la destrucción de los ecosistemas más vulnerables del país.
El fallo es visto como un avance en la protección de la Amazonía peruana y en la consolidación de un marco jurídico que respete el derecho a un ambiente equilibrado. La Asociación Ecoguerreros del Perú y del Mundo celebró esta sentencia como un triunfo en su lucha contra la degradación del ecosistema, subrayando que el Poder Judicial está cumpliendo un papel clave en la defensa de la naturaleza y los derechos de las personas.
