La plataforma RAMI (Monitoreo de Minería Satelital con Imágenes de Radar), desarrollada por Conservación Amazónica – ACCA, publicó su último boletín con datos preocupantes sobre la deforestación causada por minería aurífera hasta diciembre de 2024. Según las alertas generadas mediante imágenes satelitales de radar Sentinel-1, se registraron 17 204 alertas dentro del corredor minero del sur de la Amazonía y 6037 fuera de este durante el último mes del año.
Esto representa una pérdida de 172.04 hectáreas de bosque dentro del corredor y 60.37 hectáreas fuera de él. Aunque las alertas disminuyeron en comparación con noviembre, la problemática persiste de manera crítica, afectando especialmente comunidades nativas, áreas de conservación y concesiones en estado bloqueado o extinguido, donde la actividad minera ilegal continúa avanzando.
Áreas más afectadas por la minería
El informe destaca cuatro zonas críticas que han sufrido pérdida de cobertura forestal en diciembre:
- Comunidad Nativa San José de Karene: Ubicada en Madre de Dios, se registraron 21 alertas y la pérdida de 0.78 hectáreas de bosque debido a actividades mineras.
- Concesión de Reforestación Raymundo Aguilar Simaraura: Con 57 alertas, esta área perdió 4.25 hectáreas de bosque.
- Concesión para Conservación Munay Malquikuna S.R.L.: Registró 44 alertas y la deforestación de 2.9 hectáreas.
- Concesión Minera Extinguida Ceferino Hancco Quispe: Se reportaron 53 alertas, resultando en una pérdida de 1 hectárea de cobertura forestal.
Además, el mapa de concentración de alertas señala la región entre los ríos Madre de Dios e Inambari como la más afectada, extendiéndose incluso a la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.
Aumenta la presión minera en Loreto
La minería también avanza en el norte de la Amazonía peruana. En diciembre, se detectaron 41 nuevas infraestructuras mineras en el río Nanay, en Loreto. Estas estructuras, en su mayoría balsas mineras, fueron identificadas a través del análisis de imágenes satelitales submétricas de la constelación SkySat de Planet.
El monitoreo mensual muestra una tendencia preocupante en la actividad minera en el río Nanay. Durante el 2024, los meses con mayor número de infraestructuras detectadas fueron junio, con 31 hallazgos, y diciembre, con 41. Esto representa un incremento respecto a meses anteriores como agosto y octubre, donde se registraron 17 hallazgos en cada uno.
Futuro del río Nanay en manos de la Sala Civil de Loreto
Mientras las alertas sobre la minería en el río Nanay aumentan, las autoridades enfrentan cuestionamientos legales. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) buscan revertir una sentencia que anuló la concesión minera otorgada en 2023 a la empresa Raíces Gaddaffy. Esta concesión abarcaba 1000 hectáreas en el río Nanay.
El 7 de enero se llevó a cabo una audiencia de apelación en la que ambas instituciones argumentaron que no estaban obligadas a realizar estudios científicos previos para otorgar la concesión, ya que la normativa minera vigente no lo exige.
En entrevista con Inforegión, Karina Garay, abogada y responsable de la demanda que resultó en la anulación de la concesión, destacó la importancia de considerar la sostenibilidad en las decisiones de este tipo. “Si bien la normativa minera no exige estudios previos, otras leyes ambientales y la Constitución Política del Perú obligan a los funcionarios públicos a velar por el bienestar general y la sostenibilidad de los recursos naturales”, explicó.
Garay subrayó que otorgar una concesión minera representa el inicio del proceso de formalización, abriendo la posibilidad de solicitar autorizaciones para realizar actividades extractivas. «Es necesario que las decisiones se basen en un equilibrio entre desarrollo y protección del medio ambiente”, concluyó.
Se requieren de medidas efectivas
El boletín RAMI evidencia la magnitud del problema al mostrar cómo la minería afecta tanto a áreas tituladas como a concesiones en trámite, bloqueadas o extinguidas. De las superficies deforestadas, 9221 hectáreas corresponden a concesiones tituladas, mientras que 8960 hectáreas afectan zonas bloqueadas.
La deforestación no es el único problema. La minería aurífera ilegal también genera profundos impactos sociales y ambientales. La pérdida de bosque tropical implica la desaparición de biodiversidad, alteración de ecosistemas y la contaminación de ríos, afectando la salud y el sustento de comunidades locales.
La falta de coordinación interinstitucional y la limitada capacidad de fiscalización dificultan la lucha contra esta actividad ilícita. Este desafío requiere una respuesta urgente y articulada entre el gobierno, las organizaciones civiles y los actores internacionales. Para conocer más sobre los efectos de la minería aurífera y las recomendaciones de los expertos, accede aquí y conoce más sobre la plataforma RAMI aquí.
