El Perú atraviesa un peligroso proceso de debilitamiento de su institucionalidad ambiental que no solo amenaza la Amazonía y los derechos indígenas, sino que coloca al país al borde del incumplimiento del Acuerdo Comercial con la Unión Europea (AC-UE). Así lo advirtieron hoy diversas organizaciones de la sociedad civil que conforman el Grupo Consultivo de dicho acuerdo.
Durante un desayuno de trabajo con la prensa, voceros de la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y Proética, coincidieron en que la flexibilización normativa actual no se trata de «hechos aislados», sino de un patrón sistemático acumulado desde 2014.
Un historial de leyes regresivas
Micaela Guillén, coordinadora nacional de MOCICC, explicó que el desmontaje de la protección ambiental ha sido progresivo, citando como punto de partida la Ley 30230 y los cambios al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Sin embargo, el golpe más reciente y severo ha sido la aprobación de la Ley 31973, conocida como la «Ley Antiforestal».
“La Ley 31973 facilita la legalización de la deforestación previa y reduce el rol del Ministerio del Ambiente (Minam). Es el ejemplo más reciente de una política que debilita la protección de los bosques”, afirmó Guillén.
Según los especialistas, estas medidas vulneran directamente los artículos 268, 273, 275 y 277 del Acuerdo Comercial con la UE, los cuales obligan al Perú a mantener altos estándares de protección y prohíben explícitamente reducir la normativa ambiental como estrategia para incentivar el comercio o la inversión.
Impacto en la Amazonía y los derechos indígenas
El impacto de estas normas va más allá de lo legal; tiene consecuencias territoriales devastadoras. Vanessa Cueto, presidenta de DAR, alertó que el marco legal actual está abriendo las puertas al crimen organizado.
“La Ley 31973 debilita la zonificación forestal y promueve el tráfico de tierras. Esto incrementa el riesgo para los pueblos indígenas que ya enfrentan invasiones y la ausencia del Estado”, explicó Cueto. La especialista enfatizó que la Unión Europea exige trazabilidad y sostenibilidad, requisitos incompatibles con un sistema que favorece la informalidad y las economías ilegales.
Además, Cueto advirtió sobre el riesgo latente en la actual delegación de facultades al Poder Ejecutivo, lo que podría derivar en nuevas medidas que profundicen este patrón regresivo.
La Ley APCI: El tiro de gracia a la vigilancia
Un punto crítico abordado durante la reunión fue la amenaza que representa la propuesta de modificación a la Ley APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional). Ana Romero, coordinadora ejecutiva de RedGE, señaló que restringir el trabajo de la sociedad civil eliminaría el único mecanismo real de fiscalización del acuerdo comercial.
“Si se restringe el trabajo de sociedad civil a través de normas como la Ley APCI, se pone en riesgo el único mecanismo que tiene la UE para verificar si el Perú está cumpliendo”, sostuvo Romero.
A diferencia de Colombia o Ecuador, Perú no cuenta con un Grupo Consultivo Interno autónomo creado específicamente para el acuerdo, sino que utiliza espacios preexistentes sin la debida representatividad. Por ello, la labor de las ONG es vital para el monitoreo de los compromisos.
Credibilidad en juego
Las organizaciones concluyeron que, para mantener una relación comercial moderna con Europa, el Perú debe garantizar que el crecimiento económico no se realice a costa de los derechos humanos y los bosques.
“El patrón de retrocesos envía un mensaje muy negativo a la UE. El futuro de nuestros bosques y nuestra credibilidad internacional están en juego”, sentenció Romero, instando al Estado a retomar la ruta del cumplimiento y fortalecer la institucionalidad ambiental antes de que las consecuencias diplomáticas y ecológicas sean irreversibles.
