El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) ha presentado su informe mensual sobre la libertad de expresión, revelando un panorama sombrío para los medios y periodistas en octubre de 2024. La presidenta Dina Boluarte, quien ha evitado las preguntas de la prensa por más de tres meses, realizó una conferencia de prensa restringida donde mostró actitudes hostiles hacia los pocos medios permitidos.
Además, en un evento en San Martín, la cobertura de los periodistas fue limitada al ubicarlos enrejados y sin la posibilidad de hacer preguntas. Estas acciones no solo reflejan un distanciamiento de la mandataria con la prensa, sino también una preocupante tendencia hacia la censura.
“Terrorismo de imagen”: criminalización de la cobertura periodística
La presidenta Boluarte utilizó la expresión «terrorismo de imagen» para describir la cobertura de ciertos temas por parte de la prensa, sugiriendo que el periodismo busca desestabilizar el país. Este término, según el Consejo de la Prensa Peruana, es parte de una narrativa peligrosa que intenta asociar la cobertura crítica con actos ilícitos. El informe señala que esta postura podría “dinamitar uno de los derechos fundamentales más importantes: la libertad de expresión”.
El término “terrorismo de prensa” fue también usado por el congresista Waldemar Cerrón, en un intento de desacreditar las investigaciones periodísticas que exponen posibles casos de corrupción en el gobierno. Esta retórica hostil hacia los medios parece respaldada por el gabinete de la presidenta, ya que Gustavo Adrianzén, jefe del Gabinete, afirmó que “no podemos negar que se difunden noticias falsas que no solo ofenden, sino que tiene (…) un propósito: (…) generar el caos y la desestabilización”.
Violencia e intimidación: amenazas a periodistas en aumento
El mes de octubre también fue testigo de violentas amenazas contra periodistas. José Miguel Hidalgo, del programa Cuarto Poder, recibió amenazas de muerte tras un reportaje sobre el gobernador del Callao, Ciro Castillo, y su hijo. En un video, un hombre armado lo amenazó de forma explícita: “Te voy a volar todo lo que se llama sesos”. Este tipo de agresión ilustra lo que el Consejo de la Prensa Peruana advierte como un aumento en las amenazas y la violencia contra los periodistas que cubren temas de criminalidad, “como ocurre en México y El Salvador”.
Además, durante los paros de transportistas en Lima, al menos cuatro periodistas fueron agredidos por la Policía Nacional, un hecho que demuestra la constante exposición a la violencia en el ejercicio de la cobertura de eventos públicos y protestas.
Acceso restringido a la información pública
A estos problemas de seguridad se suma la falta de transparencia en el acceso a la información pública. A finales de octubre, el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) no había actualizado sus cifras en dos semanas, lo que obstaculizó el acceso a datos relevantes sobre homicidios.
Según el informe, el Sinadef había registrado 1,493 homicidios en 2024, superando la cifra de todo el año 2023. Este atraso en la actualización de información pública crítica es, para el Consejo de la Prensa Peruana, un ejemplo más de cómo las “trabas” en el acceso a datos afectan la capacidad de los periodistas para informar a la sociedad sobre asuntos que pueden afectar a las autoridades.
Caída del Perú en el Índice Chapultepec
El impacto de estas agresiones y restricciones se refleja en el Índice Chapultepec, que monitorea la libertad de expresión en las Américas. Este índice, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa, muestra que Perú ha descendido a la categoría de “alta restricción”, una caída de ocho puestos en comparación con años anteriores. En 2020, el Perú estaba clasificado en “baja restricción”, pero el deterioro de las condiciones para la prensa lo ha llevado a un nivel alarmante de censura y limitación de derechos.
Llamado a la protección de la libertad de prensa
El informe concluye con un llamado de alerta sobre el futuro de la libertad de expresión en el país. La frase “terrorismo de imagen”, señala el Consejo, no es solo una metáfora, sino el síntoma de una narrativa que puede ser usada para limitar la libertad de expresión desde el ámbito legislativo. “Bajo ‘terrorismo de imagen’, una opinión de periodistas o cualquier ciudadano podría ser un delito”, afirma el Consejo, advirtiendo sobre las posibles implicaciones de esta retórica.
