El relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Calí Tzay, ha expresado su profunda preocupación por la reciente modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre en Perú.
Mediante una carta institucional, Calí Tzay rechazó la Ley 31973, advirtiendo que representa un riesgo inminente para los pueblos indígenas y sus territorios ancestrales. El experto condenó la falta de consulta previa y advirtió sobre el potencial impacto que ello representaría para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).
Celeridad en la aprobación
“Quisiera expresar mi preocupación por la celeridad y falta de consulta con la que se aprobó la nueva ley forestal, una norma de gran impacto, no solo para los Pueblos Indígenas, sino para todo el país y toda la región amazónica”, lamentó el relator.
Enfatizó en la falta de una consulta previa a los pueblos indígenas antes de aprobar la ley, lo cual viola normativas internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Convenio 169 de la OIT, que respaldan el derecho a la consulta.
Calí Tzay resaltó que la aprobación de la ley ocurre en un contexto en el que el Estado peruano aún tiene obligaciones pendientes para reconocer y asegurar los territorios de los pueblos indígenas, ya que al menos una tercera parte de las comunidades de la Amazonía aún no han recibido la titulación de sus tierras.
“Además de la preocupación por potenciales retrocesos en la gobernanza de los bosques en el Perú, este tipo de normas deberían ser pública y ampliamente debatidas a nivel parlamentario y mejor aún, con una gran diversidad de actores de la sociedad civil, incluyendo la academia, organizaciones indígenas, de derechos humanos, ambientales y agrarias”, señaló Cali Tzay.
Impacto en los territorios y habitantes
Además, el relator manifestó su inquietud por el empeoramiento de las condiciones de vida de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) a raíz de la nueva legislación, a pesar de la existencia de normativas internacionales que brindan directrices para su protección.
El relator analizó detalladamente los artículos modificados, como el artículo 38, que ahora permite la recalificación automática de tierras forestales para uso agrario, incluso si tienen vocación forestal. Asimismo, expresó su preocupación por la inclusión de «áreas de exclusión agropecuaria», que podría generar un contexto de impunidad ante delitos de deforestación y debilitar la lucha contra los mismos.
La pérdida de territorio también amenaza la vida de los defensores ambientales y agrava los crímenes en su contra, ya que hasta la fecha se han registrado 33 líderes indígenas asesinados en Perú, incluyendo al líder del Pueblo Kichwa Quinto Inuma.
Pedido del relator especial
Ante este panorama, el relator ha solicitado que en los próximos 60 días se le proporcione información adicional sobre los hechos, las políticas de gobierno para promover la protección de los PIACI y su territorio.
Asimismo, requirió las medidas para frenar las acciones de empresas o actores privados que no respeten los derechos ambientales y de pueblos indígenas, así como información detallada sobre el estado actual de las investigaciones y procesos penales por crímenes en contra de miembros o comunidades de Pueblos Indígenas en el Perú.
