La Comisión Permanente del Congreso aprobó la ampliación de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre de 2026. La decisión se tomó en segunda y definitiva votación, con 13 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, pese al rechazo expreso de organizaciones civiles, gremios empresariales y especialistas que alertan que la medida favorecería principalmente a la minería ilegal.
Con esta aprobación, el Parlamento dio luz verde al texto sustitutorio de los proyectos de ley 11871/2024-CR, 12727/2025-CR, 12871/2025-CR y 12973/2025-CR, que modifica el Decreto Legislativo 1293. La norma establece que el REINFO permanecerá vigente hasta fines de 2026 o hasta la entrada en vigor de la futura Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero.
Votación final y cambios al dictamen
La segunda votación se realizó en la Comisión Permanente, presidida por Fernando Rospigliosi, y requirió mayoría simple para su aprobación. El dictamen ya había sido aprobado en primera votación en el pleno del Congreso el pasado 4 de diciembre, con 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones.
Un cambio relevante introducido en esta etapa fue la eliminación de la reincorporación automática de expedientes excluidos. De esta manera, únicamente podrán continuar en el proceso de formalización los 31 565 registros que quedaron aptos dentro del Reinfo.
Riesgos para la democracia y el ambiente
Durante el webinar “El REINFO y la extensión de la impunidad”, organizado por el OMI y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), especialistas alertaron que la ampliación podría fortalecer redes criminales, incrementar los costos socioambientales y facilitar la infiltración de dinero ilícito en los próximos procesos electorales.
Una de las advertencias más contundentes fue planteada por Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología, quien alertó sobre el riesgo de que el capital de la minería ilegal termine financiando la política nacional. Según explicó, la producción de oro ilegal genera anualmente alrededor de 4000 millones de dólares, un monto que podría financiar miles de campañas electorales y representar una amenaza directa para la democracia incluso si se utiliza una fracción mínima de esos recursos.
Observaciones legales e impacto social
Desde el ámbito jurídico y ambiental, César Ipenza advirtió que esta nueva prórroga mantiene al Estado peruano en una situación de incumplimiento de sus obligaciones ambientales, con posibles implicancias en instancias internacionales. Recordó que el Tribunal Constitucional, en un fallo de abril pasado, exhortó a los poderes del Estado a no establecer exenciones de responsabilidad penal bajo el paraguas de la formalización minera.
Persistir en esta ruta, señaló, debilita la lucha contra el crimen organizado y contradice lo dispuesto por el máximo intérprete de la Constitución.
En tanto, Julio Cusurichi, líder indígena y representante de Aidesep, rechazó categóricamente la decisión del Congreso y la calificó como un retroceso que vulnera derechos fundamentales. Exigió una respuesta firme del Estado y alertó que estas medidas incrementan el riesgo para los defensores ambientales en la Amazonía, quienes enfrentan amenazas constantes de invasores ilegales que operan bajo el amparo de la informalidad.
Tras la elaboración de la autógrafa de ley, hay un plazo de 15 días hábiles para su promulgación en el diario oficial El Peruano, un paso que marcará la entrada en vigencia de una de las decisiones más cuestionadas en la política minera reciente.
