Los pobladores del sector La Rivera, provincia de Puerto Inca, en la región Huánuco, continúan atravesando una grave situación de conflictividad social marcada por presuntos intereses de minería ilegal, violencia física y un prolongado litigio por la posesión de sus tierras agrícolas. Así lo advirtieron el presidente comunal Francisco Córdoba Umbo y el abogado de la población, Wilintong Ventura Trinidad, en entrevistas con Inforegión.
Según explicó Córdoba, el conflicto se origina cuando terceros ingresan al territorio comunal con el objetivo de desplazar a las familias que históricamente trabajan la tierra.
“Vienen y nos quieren sacar de nuestras tierras, nos agreden pese a que nosotros vivimos de la agricultura aquí en el sector La Rivera”, señaló el dirigente, quien alertó que las amenazas y agresiones se han vuelto recurrentes.
Violencia y riesgo para las familias agricultoras
El presidente comunal detalló que la población vive principalmente de la agricultura, con cultivos como papaya, plátano, yuca, maíz y cacao. Sin embargo, esta actividad se ha visto seriamente afectada por la presencia de personas que reclaman la propiedad del territorio mediante documentos cuya legalidad es cuestionada.
“Ya nos quieren matar, nos arrastran y nos golpean; estamos llegando a situaciones extremas”, denunció Córdoba Umbo, subrayando el nivel de riesgo al que están expuestas las familias.
El dirigente indicó que los reclamos de propiedad aparecieron en 2025, cuando dos sujetos, identificados como Zúñiga y Arnaldo, se presentaron con constancias de posesión que los pobladores consideran ilegales. Desde entonces, el conflicto no solo se mantiene, sino que se ha intensificado.
“Las declaraciones de colindantes, los planos y las firmas son documentos simulados, elaborados solo para dar apariencia de legalidad”, afirmó el abogado Wilintong Ventura Trinidad. (Foto: Difusión)
Documentos presuntamente falsos y falta de respuesta estatal
Desde el ámbito legal, el abogado Wilintong Ventura Trinidad sostuvo que el caso revela un patrón de irregularidades administrativas. Explicó que las constancias de posesión estarían sustentadas en expedientes inexistentes o no remitidos a la Fiscalía, lo que refuerza la sospecha de falsificación.
“Las declaraciones de colindantes, los planos y las firmas son documentos simulados, elaborados solo para dar apariencia de legalidad”, afirmó.
Ventura añadió que existe una carpeta fiscal abierta y que incluso se ha solicitado formalmente la nulidad de dichas constancias dentro del plazo legal, en octubre del año pasado. No obstante, hasta la fecha no hay una respuesta de fondo por parte de la Dirección Regional de Agricultura, entidad a la que se le informó reiteradamente sobre el caso.
El abogado cuestionó que la autoridad agraria haya esperado a que las constancias caduquen, en diciembre de 2025, para alegar que ya no corresponde pronunciarse sobre su nulidad.
“Es un argumento evasivo; la nulidad fue solicitada dentro del plazo de ley y se ha evitado deliberadamente resolver el fondo del problema”, sostuvo.
Para los pobladores de La Rivera, esta falta de respuesta institucional agrava el conflicto y los deja en una situación de indefensión frente a la violencia y a los presuntos intereses de la minería ilegal. Por ello, demandan una intervención urgente de las autoridades competentes que garantice su seguridad, el respeto a sus derechos y la protección de las tierras que sostienen su forma de vida.
