La expansión de la minería ilegal en la provincia de Puerto Inca, en la región Huánuco, está generando un clima de tensión, destrucción de tierras agrícolas y temor entre familias agricultoras que desde hace años habitan en el sector La Ribera. Pobladores acusan que posesiones de terrenos han sido cuestionadas en favor de terceros, lo que ha abierto paso a la presencia de mineros que, además de remover la tierra con maquinaria pesada, han intimidado a quienes viven de la agricultura familiar.
Autoridades ambientales y fiscales han advertido que Puerto Inca se ha convertido en uno de los epicentros de la minería ilegal en la selva central, con deforestación creciente y operaciones que amenazan fuentes de agua, bosques y áreas de conservación cercanas, como la estación biológica de Panguana.
Conflicto por tierras y amenazas
Para los moradores de La Ribera, la tensión no solo es ambiental, sino también social y de seguridad. Abel Córdoba Sancedo, agricultor de la zona, relata a Inforegión que su casa y parcelas han sido dañadas por la maquinaria que ingresó al terreno: “van destruyendo nuestra casa, nuestras plantaciones… vivimos con miedo”, señaló en entrevista. La percepción de inseguridad es constante: “Somos amenazados incluso de muerte”, añadió.
El presidente del sector, Francisco Córdoba, asegura que las amenazas hacia su persona comenzaron en julio del 2025, cuando aparecieron otras personas con constancias de posesión de terrenos que él y otros agricultores consideran ilegítimas. “Me han dicho que planean matarme… porque estoy metiéndome en sus tierras”, afirmó, y explicó que él ha trabajado esos predios desde 2019 y que son parte de la agricultura familiar.
“Van destruyendo nuestra casa, nuestras plantaciones… vivimos con miedo”, señaló Abel Córdoba Sancedo, agricultor de la zona. (Foto: Difusión)
Solicitan nulidad de constancias
La disputa central gira en torno a dos constancias de posesión que, según los pobladores, fueron emitidas de manera irregular. Wilintong Ventura Trinidad, representante de los afectados, explicó que solicitaron formalmente a la instancia administrativa la nulidad de estos documentos desde octubre, pero no han tenido respuesta definitiva. “Han aparecido mineros ilegales que hacen uso y provecho de esa constancia despojando a estas familias”, indicó.
Los agricultores han señalado que estos documentos favorecen a personas vinculadas a la minería ilegal, lo que ha intensificado el conflicto y la presión sobre sus parcelas. Para los afectados, declarar la nulidad de estas constancias es la única salida para detener el avance de la minería y restaurar la tranquilidad en sus tierras.
Impactos ambientales y económicos
Más allá de las amenazas, la minería ilegal también tiene un impacto directo en los medios de vida tradicionales. En la zona, los agricultores cultivan papaya, plátano y cacao, entre otros productos, que se ven dañados cuando la tierra es removida para actividades extractivas. Ventura señaló que los mineros “tienen que despejar el cultivo y luego remover la tierra para sacar provecho del subsuelo”, lo que destruye los suelos fértiles y altera el paisaje.
Organizaciones ambientales y medios han reportado que la minería ilegal ha deforestado más de mil hectáreas en Puerto Inca en el último año, en algunos casos alcanzando zonas de amortiguamiento de reservas y afectando ríos como el Yuyapichis y Pachitea.
Estado y respuesta
Frente a este escenario, la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos (DREMEH) de Huánuco y otras instituciones han intensificado fiscalizaciones y coordinado con el Ministerio de Energía y Minas para contener la actividad ilegal, advirtiendo que la provincia corre el riesgo de replicar la gravosa experiencia ambiental de Madre de Dios si no se actúa con mayor firmeza.
Además, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental junto con la Marina y la Policía han intervenido campamentos y destruido maquinaria empleada para minería ilegal, aunque las comunidades denuncian que estas acciones no han sido suficientes para frenar la expansión del problema.
Mientras las familias de La Ribera esperan una respuesta administrativa sobre la nulidad de las constancias que consideran ilegales, sus vidas cotidianas siguen marcadas por el temor, la destrucción de sus cultivos y la incertidumbre sobre el futuro de sus tierras y su seguridad.
Defensores ambientales desalojan el ACP Panguana
La situación en La Ribera se produce en un contexto más amplio de conflictos socioambientales en Puerto Inca. En los últimos meses, también se han reportado amenazas contra defensores del Área de Conservación Privada (ACP) Panguana, una de las zonas de mayor valor ecológico de la región, lo que los ha llevado a desalojar el área.
Estos hechos han encendido las alertas de organizaciones ambientales y de derechos humanos, que advierten sobre un patrón de presión y violencia asociado al avance de economías ilegales en la provincia, en un escenario donde la respuesta del Estado sigue siendo percibida como insuficiente por las poblaciones locales
