Más de 160 comunidades del pueblo indígena Shawi se mantienen movilizadas en el distrito de Balsapuerto, región Loreto, ante lo que califican como una reiterada falta de transparencia y rendición de cuentas por parte de la gestión municipal. Según informaron líderes y autoridades indígenas, esta situación estaría afectando el ejercicio de derechos fundamentales de la población, especialmente en ámbitos como educación, conectividad y alimentación.
De acuerdo con el Comité de Lucha, las federaciones indígenas del distrito y el Gobierno Territorial Autónomo Shawi (GTA Shawi), desde hace varios meses se han presentado solicitudes formales de acceso a información pública y pedidos de diálogo institucional dirigidos al alcalde distrital, Luis Nazario Peña Torres, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta.
Movilización pacífica y denuncias contra dirigentes
Ante la falta de atención, las organizaciones indígenas convocaron a reuniones formales de diálogo. Tras una primera convocatoria sin resultados, el 1 de febrero se realizó una segunda citación que tampoco contó con la presencia del alcalde ni con respuestas a las demandas planteadas. Frente a ello, las comunidades acordaron iniciar una medida de lucha pacífica, ubicándose en los exteriores de la municipalidad como una acción de fiscalización ciudadana y exigencia de transparencia.
En este contexto, la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI SL) expresó su preocupación por la presentación de denuncias penales contra líderes y autoridades indígenas Shawi por presuntos delitos como hurto, coacción, secuestro y agresión. Según los propios dirigentes, estas denuncias carecerían de sustento y serían utilizadas como mecanismos de criminalización de la protesta social indígena.
Más de 160 comunidades del pueblo Shawi se mantienen movilizadas en Balsapuerto ante la falta de transparencia y rendición de cuentas de la gestión municipal, situación que estaría afectando derechos fundamentales como la educación, la conectividad y la alimentación. (Foto: CORPI SL)
Solicitan intervención de entidades del Estado
Actualmente, las organizaciones Shawi han señalado que sus demandas ya no se orientan a un diálogo político con la autoridad municipal, sino a la intervención de instancias competentes del Estado. En ese marco, han solicitado formalmente la presencia de la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para que se realicen investigaciones objetivas e independientes sobre presuntas irregularidades en la gestión municipal.
Según documentación presentada ante la Contraloría, los líderes del Comité de Lucha han solicitado la verificación física in situ de obras públicas ejecutadas entre 2022 y 2025. Entre las observaciones planteadas figuran posibles inconsistencias entre los recursos ejecutados y el avance real de los proyectos, así como presuntas irregularidades en programas sociales y en el acceso a información pública.
Asimismo, el 4 de febrero las organizaciones indígenas del distrito presentaron una solicitud urgente de intervención ante la Defensoría del Pueblo, alertando sobre una presunta vulneración de derechos fundamentales del pueblo Shawi y solicitando acompañamiento institucional para prevenir escenarios de mayor conflictividad social.
Desde CORPI SL se reiteró que la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información son derechos fundamentales de los pueblos indígenas. La organización demandó al Estado peruano garantizar el respeto a los derechos humanos de las comunidades movilizadas y llamó a las entidades competentes a intervenir oportunamente para contribuir a una resolución democrática y pacífica del conflicto.
