La minería informal, vinculada al deterioro ambiental y a la evasión de regulaciones, continúa siendo uno de los retos más urgentes del Perú. Recientemente, el Gobierno extendió por sexta vez el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 30 de junio de este año, con una posible prórroga de seis meses. Aunque el Reinfo se creó con el fin de regularizar a pequeños mineros y mineros artesanales, diversos especialistas lo han calificado como un “fracaso”, cuestionando su efectividad en resolver el problema de fondo.
Según ellos, el Reinfo no solo ha sido ineficaz para alcanzar su propósito, sino que también permite que ciertos mineros ilegales operen bajo un “manto de impunidad”, al quedar eximidos de responsabilidad penal tras su inscripción. Además, el Colegio de Abogados de Loreto ha solicitado su anulación, alegando que la medida es inconstitucional.
En este escenario, Roque Benavides, empresario minero y expresidente de la Confiep, ha propuesto la creación de un Ministerio de Formalización. Este organismo, según su planteamiento, no solo se enfocaría en regularizar a los mineros informales, sino que ampliaría su alcance a toda la economía nacional, con el objetivo de reducir la alarmante tasa de informalidad que afecta a más del 70% de la población económicamente activa, según el INEI.
¿Cuáles son los alcances y retos de esta propuesta? Para explorar el tema, profundizamos en sus implicancias y conversamos con Dante Vera, director de V&C Analistas y miembro del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible (GDMDS), quien comparte su visión sobre la iniciativa.
Una solución fuera de lo convencional
Benavides destacó que los grandes problemas del país requieren enfoques innovadores. «Tenemos que pensar fuera de la caja y ya no estar pensando en el Ministerio de la Producción, en el Ministerio de Energía y Minas. Tenemos que estar pensando en el Ministerio de Lucha contra la Corrupción, en el Ministerio de Formalización, en el Ministerio de Descentralización», expresó durante un evento organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Para reforzar su propuesta, sugirió que el nuevo ministerio podría trabajar con organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que han participado en iniciativas similares en otros países.
Formalización minera: un reto legal y político
Dante Vera destacó a Inforegión que “el problema principal de la formalización es un asunto de las leyes que se aprueban sin conocimiento o en complicidad con intereses creados privados o ilegales”. Además, señaló que existe un trasfondo político y legal vinculado al régimen de concesiones establecido en la Constitución, lo que, según él, perpetúa desigualdades en el sector.
“Hay un asunto de ordenamiento constitucional y de relaciones de poder. Los gremios mineros y algunas ONG vienen denunciando un acaparamiento de concesiones por parte de las empresas de gran y mediana minería, y están pidiendo modificar este régimen”, agregó.
Según el especialista, el 92% de los pequeños mineros y mineros artesanales no cuentan con estos títulos, y el 64% explota recursos en concesiones de terceros. Este vacío genera conflictos y frena avances. «Esto no ha avanzado, sea porque el concesionario señala que cuenta con un derecho adquirido y que no están obligados a firmar esos contratos. En caso de negociar, lo reducen a cuánto se paga por regalías: el titular pedirá un porcentaje alto, mientras el minero ofrecerá el mínimo posible», explicó.
Propuestas de control
Benavides también ha planteado la necesidad de implementar controles más estrictos en regiones como Madre de Dios, epicentro de la minería ilegal. «Que pongan cámaras y sensores para detectar quiénes son los que llevan los suministros. Que los cartuchos de dinamita tengan el registro de su numeración y fabricante. Y, por supuesto, fiscalizar la venta de maquinaria ¿Quién les compra la maquinaria? ¿Y si es que les están pagando en efectivo? Eso es parte de la informalidad «, señaló.
¿Un ministerio es suficiente?
Para Vera, la creación de un ministerio no resolvería por sí sola los desafíos estructurales de la minería informal. «Ciertamente el tema es política y legalmente más complejo, requiere mediante el diálogo acercar los puntos de vista, atender cada caso e ir alcanzando acuerdos de punto fijo para constituir una MAPE responsable, sostenible y rentable que aporte al desarrollo de las regiones y del país y cierre el paso a la ilegalidad en el sector», concluyó.
