El Séptimo Juzgado Constitucional de Lima ordenó al Ministerio del Interior (Mininter) aprobar, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), lineamientos que permitan a la Policía Nacional del Perú (PNP) brindar atención especializada a personas defensoras de derechos humanos en situación de riesgo. La sentencia fue publicada el 24 de octubre y responde a una demanda de cumplimiento presentada en 2022 por organizaciones del movimiento indígena amazónico y de la sociedad civil.
Según la resolución, el Mininter incumplió con lo dispuesto en normas vigentes desde 2021 que exigían la aprobación de estos protocolos operativos. Las organizaciones demandantes, FECONAU, FENACOKA, FEPIKECHA y el Instituto de Defensa Legal (IDL), sostienen que esta omisión ha dejado sin respaldo adecuado a comunidades expuestas a amenazas vinculadas a actividades ilícitas en sus territorios.
Obligaciones específicas para el MININTER
El juzgado definió tres mandatos concretos. En primer lugar, el Mininter debe elaborar y publicar una resolución ministerial que apruebe los “Lineamientos de Actuación” para implementar las medidas de protección otorgadas por el MINJUSDH. Además, estos lineamientos deben incluir estrategias de financiamiento para el Mecanismo Intersectorial de protección a defensores. Finalmente, deben establecer pautas claras para los planes de actividades que ejecutará la PNP en casos de alto riesgo.
El tribunal otorgó once días hábiles para que el MININTER informe sobre el avance del cumplimiento de la sentencia. Esta medida busca asegurar la implementación efectiva de los lineamientos, que llevan más de cuatro años pendientes.
Comunidades en riesgo permanente
Las federaciones indígenas involucradas representan a pueblos Shipibo Konibo, Kakataibo y Kichwa en Ucayali, Huánuco y San Martín, regiones donde se han registrado casos de asesinatos y agresiones contra líderes. Entre ellas destacan comunidades como Flor de Ucayali, Unipacuyacu y Santa Rosillo de Yanayacu, afectadas por la presencia de actividades ilegales y disputas territoriales.
La presidenta de FEPIKECHA, Marisol García Apagüeño, señaló a IDL: “Esperemos que esta sentencia se cumpla a la brevedad y se aprueben los lineamientos de la Policía para que nos protejan efectivamente y no solo en papel. En medio la crisis política y social que vivimos en todo el Perú, los indígenas defensores de derechos humanos sufrimos impactos diferenciados y más agresivos en nuestros territorios”.
Reacciones desde el movimiento indígena
Desde FENACOKA, su presidente Marcelo Odicio Angulo calificó el fallo como un avance para las organizaciones indígenas. “Esta sentencia es un logro histórico de las tres federaciones indígenas, no solo para nosotros, sino para todos los defensores de derechos humanos y ambientales del Perú. Somos defensores desde que nacemos y el Estado tiene un deber de protección con nosotros que no están atendiendo como deberían. Son más de 35 líderes asesinados, por ellos, por su memoria, la de nuestros hermanos caídos, el MININTER debe trabajar estos lineamientos para que la Policía cumpla con su deber de protegernos”, subrayó a IDL.
Llamado a fortalecer la política pública
El IDL destacó que la resolución judicial confirma un incumplimiento prolongado por parte del Estado. Álvaro Másquez Salvador afirmó: “Saludamos esta decisión judicial porque reconoce al fin que el MININTER lleva más de 4 años sin cumplir con su obligación constitucional de proteger a las personas defensoras de derechos humanos a través de los famosos lineamientos de actuación que manda el Mecanismo Intersectorial para que la Policía proteja a indígenas, mujeres, ambientalistas y todos los que a diario hacen posible la democracia, a pesar de los peligros y amenazas que sufren”.
