PASCO. El líder asháninka Abner Campos Santos, presidente de la Asociación de Comunidades Nativas Asháninkas del Valle del Pichis (ANAP), sufrió un atentado contra su vida, el pasado 4 de setiembre, en medio de una visita, para inspeccionar presuntas acciones de tala ilegal, en la comunidad nativa Tres Hermanos del Sira, ubicada entre las regiones Pasco y Huánuco. Sin embargo, pese a que han pasado dos meses desde ese ataque, el proceso avanza con lentitud; situación que ha sido expuesta, recientemente, por el dirigente indígena.
El 10 de octubre, Campos Santos se reunió con el viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior (Mininter), Miguel Núñez Polar, para conversar sobre el intento de homicidio del cual fue víctima. En ese contexto, el presidente de la ANAP señaló que “las autoridades de los distritos de Constitución (Pasco) y Puerto Inca (Huánuco)” —donde se está viendo su caso— no están haciendo las diligencias con la celeridad debida.
El ataque, según relató el dirigente indígena en su momento, fue perpetrado por miembros de la comunidad vinculados a la tala ilegal; entre ellos, el actual jefe de Tres Hermanos del Sira y el tesorero, Mario Sánchez y Gilmer Román Lea, respectivamente; Henry Zegarra Ingeniero, expresidente de la ANAP; y Johnny Paulino Romero, de la comunidad nativa Pucharini. Todos permanecen en libertad y sin ninguna restricción o medida que impida que vuelvan a cometer actos similares.
«Las autoridades de Constitución y Puerto Inca no están trabajando con la celebridad que se requiere. Por eso, vimos conveniente conversar, en persona, con el viceministro del Interior y con la asistente técnico legal del Ministerio de Cultura (Mincul), Paola Rojas. Por más que hemos sabido pedir el resguardo de la fuerza policial, no tenemos ese apoyo. Hemos tomado ciertas medidas de seguridad por nuestra cuenta. Yo me cuido de no exponerme ante esas personas, porque en cualquier momento me pueden atacar y no hay ninguna acción contra los señores», manifestó Campos, quien semanas después reiteró a Inforegión que “los procesos legales demoran y no hay ningún avance, hasta el momento”.
Atraso en caso Abner Campos
Arlen Gaspar, del equipo técnico de la ANAP, encargado de los temas de gobernanza, derechos de las comunidades y desarrollo sostenible, explicó que una parte de la comunidad tiene permiso forestal, pero que esa autorización “está fraguada”. Es decir dicho permiso para realizar actividades forestales está falsificado o manipulado para evitar restricciones legales.
«Lo que hemos visto es que, en principio, nuestros propios hermanos fueron azuzados por actores externos que quieren cubrir intereses ligados relacionados con la explotación de madera. En los permisos ponen shihuahuaco y mohena, pero están sacando maderas de otro valor comercial. Por eso, habíamos pedido a Osinfor (Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre) que intervenga y supervise en el lugar qué madera están sacando y cuáles no están en el registro. Ese es uno de los temas de fondo», detalló.
Por otro lado, denunció que “es la primera vez que existen grupos armados que luchan contra un líder indígena que, año tras año, ha garantizado la pacificación en el territorio”. “Se trata de un grupo aislado. No es la línea primigenia de nuestros hermanos asháninka. Pero hay personas de otros lados, que no sabemos de dónde han sido traídos, y están motivados por un interés de proteger sus acciones”, añadió.
Otro caso de amenaza a defensores ambientales
«Lo que quieren es evitar que ingresen las fuerzas del orden y nosotros de la ANAP, para que no descubran qué hay dentro de la comunidad. La ANAP tomó acción primero en tratar de transparentar la actividad forestal. Y la respuesta frente a esas medidas fue atacarnos y no dejarnos pasar. Hicimos las denuncias correspondientes en la comisaría; el hermano Abner Campos pasó por los chequeos médicos. Los testigos, como Celsa Chávez, han sido amenazados. Aun así, fue tomada como algo leve e, incluso, han querido archivarla», anotó Gaspar.
Durante su visita a Lima la primera semana de octubre, también se reunieron con el director de la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), Ángel González. Gracias a los encuentros con los funcionarios públicos, el caso ha obtenido otro abogado de oficio. Además, se realizó a mediados de ese mes una diligencia en el lugar de los hechos, aunque sin la presencia de un fiscal.
La agresión contra Abner Campos y el equipo que acompañó al dirigente, en setiembre pasado, a Tres Hermanos del Sira, ha sido comprendido por las autoridades —de acuerdo con Arlen Gaspar— como “otro caso de amenaza a defensores ambientales” y debería aplicarse el protocolo de protección.
