Desde hace más de 15 años, los pescadores artesanales de Tumbes, en el extremo norte del Perú, enfrentan un problema alarmante: los piratas. Grupos armados, integrados por ciudadanos peruanos y ecuatorianos, asaltan sus embarcaciones, robando motores, herramientas de pesca y equipos de navegación. En algunos casos, los ataques han terminado en violencia mortal.
Según un informe de Mongabay Latam, al menos 20 pescadores han sido asesinados desde 2003 durante estos incidentes. Cancas, una comunidad del distrito Canoas de Punta Sal con más de 500 pescadores, es una de las zonas más afectadas por este problema. La proximidad de esta localidad a la frontera con Ecuador facilita que los piratas crucen hacia territorio vecino para evadir a las autoridades peruanas.
Débil respuesta estatal y cifras contradictorias
A pesar de los esfuerzos de las autoridades, como la desarticulación de una banda de piratería en 2018, los pescadores afirman que la situación no ha mejorado. La falta de coordinación entre la Marina de Guerra y la Policía Nacional del Perú (PNP) ha generado un registro fragmentado de denuncias: mientras la Marina reportó 61 casos entre 2020 y 2024, la PNP solo tiene constancia de seis.
Un informe de la Fiscalía de Prevención del Delito de Tumbes reveló que, hasta 2021, se documentaron 15 asesinatos de pescadores en Puerto Pizarro y siete en Cancas. Sin embargo, no se han dictado condenas judiciales por estos crímenes, lo que evidencia la impunidad que rodea estos casos.
Extorsión y riesgos constantes
Los pescadores de Tumbes enfrentan asaltos en altamar y también extorsiones. Los piratas exigen pagos a cambio de permitirles trabajar sin interferencias, lo que aumenta la presión económica sobre estas comunidades.
Javier Pazo, alcalde de Canoas de Punta Sal, solicitó en 2023 la intervención del gobierno central a través de un oficio dirigido a la presidenta Dina Boluarte, pero hasta ahora no ha habido acciones concretas. Según Juan Carlos Sueiro, director de Pesquerías de Oceana Perú, la falta de una estrategia integral y los problemas de filtración de información en las instituciones dificultan la lucha contra la piratería.
La inseguridad en altamar pone en riesgo la actividad pesquera artesanal, que es clave para la economía local de Tumbes. La ausencia de justicia y protección efectiva obliga a los pescadores a trabajar con miedo, mientras las comunidades demandan acciones inmediatas para frenar esta crisis. Accede al informe completo aquí.
