El Perú atraviesa una crisis de seguridad que ha dejado de ser exclusivamente un problema de orden público para convertirse en una amenaza económica y social de gran escala. En un contexto donde la extorsión asfixia a los negocios y el crimen organizado consolida su poder territorial, el reciente informe «Propuestas contra la inseguridad ciudadana», elaborado por el Observatorio del Crimen y la Violencia (una iniciativa del BCP, CHS Alternativo y el Banco de ideas Credicorp), expone la cruda realidad nacional y plantea una hoja de ruta técnica y medible para revertir esta tendencia.
Un país en números rojos: El avance del crimen y el pesimismo ciudadano
La ubicación del país en el escenario internacional es alarmante. El Perú se sitúa en el puesto 31 de 196 países con mayor gravedad de crimen organizado, mientras que su capacidad de resiliencia, la habilidad del Estado para resistir y combatir estas mafias, cae hasta el puesto 114.
A nivel interno, la violencia letal mantiene un crecimiento lento pero sostenido, con estimaciones de casi 4,000 homicidios al cierre del 2025 (una tasa que podría llegar a 11.2 por cada 100,000 habitantes). Este nivel de criminalidad se articula en tres frentes: el crimen común en las calles, el crimen organizado urbano (extorsión y sicariato), y las grandes economías criminales (minería ilegal, narcotráfico y trata de personas).
El impacto psicológico en la población es evidente. Según una encuesta de Ipsos para el Observatorio, el 76% de los ciudadanos señala a la extorsión y el cobro de cupos como la actividad criminal que más les preocupa. Además, el 58% de la población adulta encara el próximo proceso electoral con una visión pesimista sobre la capacidad del futuro gobierno para enfrentar la inseguridad.
Propuestas estructurales frente al populismo facilista
Para dejar atrás las medidas reactivas y el «populismo de corto plazo» (como las declaratorias de emergencia que no han demostrado mejorar la situación), se requiere convertir la política de seguridad en una verdadera estrategia de Estado que trascienda a los gobiernos de turno.
Entre las acciones operativas urgentes recomendadas destacan:
- Tercerización del control en penales: El ingreso y salida en las cárceles no debe continuar bajo la exclusividad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), debido a la vulnerabilidad frente a la corrupción y la extorsión. Se sugiere que el sector privado asuma este control aplicando alta tecnología biométrica para frenar el ingreso de celulares y chips, cortando así las llamadas extorsivas desde la raíz.
- Identidad vehicular obligatoria: Para reducir el impacto del sicariato y los robos al paso, se propone la adquisición obligatoria de chips y GPS a nivel nacional para identificar el recorrido de motocicletas, lo que permitiría identificar patrones, horarios críticos y zonas de riesgo.
- Modificación de topes a las tasas de interés: Los límites impuestos por la ley 31143 al sector financiero formal han excluido a una gran parte de la población de los créditos formales, empujándolos a recurrir a los préstamos extorsivos «gota a gota», cuyas tasas efectivas anuales pueden superar el 1,400%.
- Trazabilidad contra las economías ilegales: En el ámbito de la minería ilegal, es fundamental establecer el control riguroso sobre la comercialización de explosivos (dinamita y nitrato de amonio) y crear un mecanismo de trazabilidad del oro para evitar que el mineral ilícito ingrese al circuito formal.
- Financiamiento contra la trata de personas: A pesar de que la trata es la segunda economía criminal que más preocupa en el interior del país , la Política Nacional que la enfrenta carece de recursos. Se requiere un programa presupuestal específico para financiar los servicios de prevención, rescate y atención , considerando que el 86% de las víctimas son mujeres y niñas, y existe un alto déficit para asegurar su reintegración.
Urgencia de cohesión institucional
Uno de los mayores obstáculos actuales para la aplicación de estas medidas es el enfrentamiento institucional. El informe subraya que las decisiones políticas que confrontan a la Policía Nacional con el Ministerio Público y el Poder Judicial entorpecen severamente la lucha contra el crimen organizado. Si las instituciones del sistema de justicia continúan fragmentadas por reformas que limitan su capacidad de actuación conjunta, el crimen seguirá ganando terreno.
La demanda ciudadana (54%) exige que las próximas autoridades prioricen el combate frontal contra el crimen organizado y las economías ilegales.
