La tala ilegal es, desde hace años, un crimen sin pasaporte. Los árboles extraídos de manera ilícita en la Amazonía o en los bosques andinos de un país frecuentemente son «lavados» y comercializados a través de las fronteras de sus vecinos, aprovechando la desconexión entre las distintas burocracias estatales.
Este es el problema de fondo que ha reunido hoy a especialistas y funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú en la sede de la Comunidad Andina en Lima. Más allá de los discursos protocolares, la consigna que ha marcado el encuentro es que las redes de tráfico de madera operan a una velocidad que las instituciones gubernamentales fragmentadas no pueden igualar.
De la diplomacia a la persecución operativa
Durante el taller regional, se advirtió que la falta de homologación normativa y las debilidades en el control fronterizo facilitan el comercio ilegal de recursos forestales. En ese contexto, el director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) de Perú, Erasmo Otárola, señaló la necesidad de superar las cumbres centradas en declaraciones y avanzar hacia acciones concretas.
«Necesitamos pasar del diálogo a la acción», enfatizó el funcionario. La propuesta central sobre la mesa es la creación de un Comité Técnico Andino de Autoridades Forestales, un mecanismo que busca abandonar las declaraciones de buenas intenciones para establecer una articulación permanente, técnica y operativa. El objetivo es que la información fluya entre los países para evitar que la madera depredada en un territorio encuentre refugio legal en el otro.
El muro de contención: La trazabilidad obligatoria
Para frenar esta economía ilícita, la clave reside en seguir el rastro del dinero y del producto. En este escenario, la implementación de tecnología de rastreo deja de ser una opción y se convierte en una urgencia regional.
Durante la jornada, se expusieron las herramientas que intentan poner un cerco al lavado de madera, centradas en la trazabilidad. Entre las medidas que se buscan integrar a nivel andino destacan:
- Sistemas de información compartida: Como el modelo del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre (SNIFFS) peruano, que busca transparentar la cadena productiva.
- Digitalización del transporte: El uso de Guías de Transporte Forestal digitales con mecanismos de seguridad antifraude.
- Controles en rutas críticas: La instalación coordinada de puestos de verificación en los corredores viales de mayor riesgo transfronterizo.
El reto ahora es que estos sistemas no funcionen como islas. Si los mecanismos tecnológicos de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia no logran «hablar» entre sí y compartir bases de datos en tiempo real, el esfuerzo por certificar el origen legal de la madera y proteger los ecosistemas de la región andina seguirá quedándose a mitad de camino.
