En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, representantes de organizaciones sociales y especialistas expusieron resultados que muestran un deterioro sostenido en las cuencas hidrográficas de La Libertad y Lima. Señalaron que la expansión de actividades mineras, tanto formales como informales e ilegales, junto con una fiscalización estatal insuficiente, está afectando derechos fundamentales vinculados al agua y al ambiente.
Durante la presentación, el biólogo Manuel Hora, de AMAS Marianistas, detalló más de 20 años de monitoreo comunitario en las cuencas de El Perejil, Caballo Moro y Chuyugual. De acuerdo con el especialista, los análisis acreditados por laboratorios evidencian episodios de superación de estándares de calidad ambiental, procesos de acidificación y presencia de sustancias como nitratos, sulfatos, nitrógeno amoniacal y cianuro.
Avance minero y alta exposición poblacional
El informe también reveló que La Libertad es uno de los departamentos con mayor superficie concesionada del país, con un 43 % del territorio destinado a actividad minera. En la zona estudiada se identificaron 154 concesiones que cubren más del 90 % del área monitoreada. Además, se registraron 6883 operadores inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), en un contexto donde persisten operaciones informales e ilegales.
Las organizaciones advirtieron que 87 de cada 100 centros poblados podrían estar expuestos a contaminación, especialmente en áreas donde se reportaron concentraciones de cianuro que superan por más de 1000 % los estándares establecidos para el agua, además de la presencia de metales pesados como mercurio y cadmio.
Riesgos para el Rímac y falta de prevención
Los expositores indicaron que la situación no se limita al norte del país. Betzabé Vásquez, de la Asociación por la Defensa del Medio Ambiente de la cuenca del Rímac, señaló que las comunidades de la sierra central enfrentan riesgos similares. “Somos el 80 % campesinos y estamos expuestos a relaves mineros frente a la indiferencia del Estado. El Rímac abastece a Lima y Callao, pero no existe un plan real de prevención. Ante un sismo o huaico, los relaves pueden deslizarse y poner en peligro a toda la ciudad”, afirmó.
La lideresa mencionó además que el Plan Especial Multisectorial para personas expuestas a metales tóxicos no muestra avances. “No hay toxicólogos, no hay tamizajes, no hay atención”, señaló, e hizo referencia a iniciativas que reconocen a los ríos como sujetos de derechos.
Impactos en comunidades rurales
Desde La Libertad, la rondera y defensora ambiental Victoria Fernández advirtió sobre el deterioro de lagunas, daños a la agricultura y presencia de metales pesados en niños de su región. “Somos vigilantes ambientales formados por nuestras comunidades. Sabemos cuándo el agua está viva y cuándo está contaminada. El cianuro está matando nuestras acequias y lagunas”, expresó.
En la misma línea, el padre Víctor Alberto Müller recordó que el acompañamiento a estas comunidades inició hace más de dos décadas frente al proyecto Lagunas Norte. “La desprotección continúa”, dijo al respecto.
Llamado a fortalecer políticas ambientales
Jaime Borda, secretario ejecutivo de Red Muqui, sostuvo que el país enfrenta “un retroceso grave en materia de derechos humanos”, señalando que “La salud ambiental y la salud humana no son prioridad para el Estado”. Según indicó, esta situación explica la demanda persistente de las comunidades para que se garanticen derechos básicos.
Al final de la conferencia se presentó un libro elaborado por AMAS Marianistas en alianza con Red Muqui, que reúne los hallazgos de 20 años de monitoreo y plantea medidas urgentes para mejorar la prevención, la fiscalización y la gestión territorial en las regiones afectadas. Según los organizadores, la contaminación minera es un problema estructural que continuará agravándose sin intervenciones integrales.
