La reciente disposición de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dinincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP) de suspender las operaciones contra la minería y tala ilegal que realizaba la Dirección de Medio Ambiente, con excepción de las intervenciones en Pataz (La Libertad), ha desatado críticas de organizaciones de defensa ambiental y de derechos humanos. La medida, revelada por el portal de investigación OjoPúblico, incluye el retiro del personal destacado en estas acciones y su retorno a las unidades de origen.
Según el documento firmado por el teniente general Zenón Loayza, jefe de la Dinincri, la decisión busca “replantear las operaciones policiales contra los delitos ambientales” y optimizar la lucha enfocándose en la identificación y desarticulación de organizaciones criminales. Sin embargo, para las entidades firmantes del pronunciamiento público, esta acción implica graves riesgos ambientales y sociales.
“Grave retroceso” en la lucha ambiental
En su pronunciamiento, las organizaciones expresaron su “profunda preocupación y firme rechazo” ante la decisión, que afectará de forma especial a regiones vulnerables como Madre de Dios, Amazonas, Loreto, Ucayali y Huánuco.
Aseguran que “la ausencia del componente policial debilita significativamente los operativos interinstitucionales liderados por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y genera un mensaje de permisividad frente a actividades ilegales”.
Entre las consecuencias inmediatas que enumeran se encuentran la reactivación y expansión de la minería ilegal en áreas protegidas, el aumento del crimen organizado y la afectación directa a pueblos indígenas, cuya salud y seguridad territorial estarían en riesgo.
Impactos sobre el ambiente y comunidades
Las organizaciones advierten que la medida acelerará la deforestación, incrementará la contaminación de ríos con mercurio y provocará una pérdida irreparable de biodiversidad. Además, señalan que esta decisión vulnera los principios de cooperación interinstitucional contemplados en la normativa vigente, desarticulando el trabajo conjunto entre entidades como la PNP, la Marina de Guerra, el Ministerio Público y el Ministerio del Ambiente.
En el plano legal, recuerdan que la Constitución garantiza el derecho de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado, y que el Decreto Legislativo N.º 1267 establece entre las funciones de la Policía Nacional “proteger el medio ambiente y los recursos naturales; y prevenir, investigar y denunciar los delitos y faltas cometidos en agravio de estos bienes jurídicos”.
Exigencias y llamados de atención
Las organizaciones y personas firmantes exigen la “inmediata restitución del personal de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP en las zonas críticas afectadas por minería ilegal” y piden que el Congreso y otros entes de control requieran explicaciones públicas al Director General de la PNP y al Ministro del Interior.
Asimismo, demandan el fortalecimiento de la cooperación entre las instituciones responsables para cumplir con los compromisos legales e internacionales asumidos por el Estado peruano en materia ambiental.
“El Perú no puede permitir retrocesos en la lucha contra uno de los crímenes ambientales más graves y extendidos del país”, señala el pronunciamiento, destacando que la defensa del ambiente y la salud pública requiere un compromiso firme y sostenido.
Firmas respaldan el pronunciamiento
Entre las organizaciones que suscriben el documento se encuentran la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), Sociedad Zoológica de Fráncfort (FZS Perú), Conservación Amazónica – ACCA, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Amazónicos por la Amazonía – AMPA y la Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (APECO), además de expertos y líderes ambientales.
