La comunidad internacional ha encendido las alarmas frente a la reciente ofensiva legislativa en Perú. Un grupo de expertos independientes de la ONU ha emitido este lunes una severa advertencia al Gobierno peruano para impedir la promulgación de la autógrafa de ley, firmada por el presidente del Congreso, que pretende eliminar el concepto de género de las políticas públicas nacionales. Según los especialistas, esta norma no solo contraviene los tratados internacionales, sino que deja en la indefensión a mujeres y personas LGBT al ignorar las desigualdades estructurales que enfrentan.
La controversia se centra en el Proyecto de Ley 8731/2024, denominado Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, aprobado por el Parlamento el pasado 19 de noviembre de 2025. La norma busca reescribir la legislación vigente sustituyendo sistemáticamente el término «igualdad de género» por «equidad» o «igualdad de oportunidades», y reemplazando la comprensión social del género por una definición restrictiva basada exclusivamente en el sexo biológico.
Un retroceso en derechos fundamentales
Para los expertos de la ONU, entre los que figuran relatores sobre violencia contra personas LGBT, discriminación contra la mujer y derecho a la salud, este cambio semántico tiene consecuencias devastadoras en la realidad. Al reducir la identidad a lo biológico, la legislación debilita las protecciones existentes para las personas de género diverso y para las propias mujeres, pues invisibiliza las realidades socioculturales que son la raíz de la discriminación y la violencia.
El impacto de la norma trasciende lo conceptual y golpea directamente servicios públicos esenciales. La ley elimina las referencias a los derechos a la salud sexual y reproductiva, además de imponer límites al acceso a una Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas. Los especialistas enfatizan que, si bien la igualdad de oportunidades es un objetivo loable, no puede utilizarse como un reemplazo de la igualdad de género, ya que esta última aborda las asimetrías de poder históricas que la nueva ley pretende borrar.
Mordaza a la sociedad civil y aislamiento internacional
Uno de los puntos más críticos señalados por los expertos es la inclusión de disposiciones que restringen la cooperación oficial con organizaciones no gubernamentales (ONG) y activistas. La norma penalizaría la colaboración del Estado con actores de la sociedad civil que participen en denuncias contra el Perú ante instancias internacionales.
Esta medida ha sido calificada como una penalización arbitraria contra los defensores de derechos humanos y organizaciones que trabajan por la no discriminación. Además, la ley elimina el requisito de que el Perú armonice sus políticas internas con los compromisos internacionales asumidos mediante tratados ratificados, lo que en la práctica aísla al país del sistema global de protección de derechos humanos.
Una tendencia regresiva
El pronunciamiento de los expertos, que incluye a figuras como Graeme Reid, Claudia Flores y Tlaleng Mofokeng, sitúa esta ley dentro de una preocupante tendencia de iniciativas legislativas regresivas en el Perú que se alejan de los estándares regionales e internacionales. Ante la gravedad del escenario, han instado al Gobierno a observar la ley y renovar su compromiso con las obligaciones internacionales, evitando que se consolide un marco legal que institucionaliza la discriminación y recorta libertades fundamentales.
