El informe de noviembre del Consejo de la Prensa Peruana (CPP) advierte que noviembre estuvo marcado por propuestas normativas y actos de hostigamiento que generan un entorno adverso para el periodismo. El documento identifica riesgos vinculados al acceso a información pública y al ejercicio de la labor investigativa.
El CPP detalla que el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo ante el Congreso incluye una modificación al Código Penal para crear el “delito de revelación de información reservada en el marco de investigaciones penales y actuaciones policiales”. La propuesta, según el propio gobierno, buscaría “proteger la reserva de la información pública”, aunque gremios periodísticos expresaron su rechazo.
El análisis institucional del Consejo advierte que una medida de este tipo afectaría directamente el trabajo informativo. El informe precisa: “Un ‘delito’ de revelación de información reservada perjudicaría directamente a la prensa pues parte de la labor periodística consta, precisamente, en revelar información pública”. El CPP recuerda que esta función ha permitido exponer casos de corrupción y actos irregulares de interés ciudadano.
La entidad señala que la seguridad es una preocupación legítima, pero remarca que “esta política no puede reñir con la libertad de informar y ser informado”. Propone, además, que se establezcan mecanismos que eviten que la figura penal termine aplicada a hechos periodísticos.
Proyectos contra ‘fake news’ y riesgos para la prensa
Durante noviembre también se presentaron dos iniciativas legislativas centradas en penalizar la desinformación electoral. El primer proyecto plantea sanciones para quienes induzcan al voto mediante engaños basados en noticias falsas o herramientas digitales. La segunda iniciativa busca prohibir la creación y difusión de contenidos manipulados que alteren la apariencia o voz de candidatos.
Aunque el CPP reconoce la gravedad de la desinformación en campañas electorales, sostiene que “regular o penalizar aquello que pueda ser considerado falso abre riesgos al determinar qué puede ser considerado cierto o falso”. Añade que este tipo de normas podría facilitar la persecución de periodistas, sobre todo en un contexto donde ya se reportan denuncias infundadas y hostigamiento.
Influencers y exigencias profesionales
Otro punto revisado en el informe es el proyecto, posteriormente retirado, que pretendía regular a influencers y creadores de contenido mediante requisitos profesionales y registros formales. La iniciativa contemplaba que aquellas personas que opinen sobre salud, educación o seguridad tengan títulos o certificaciones equivalentes a los exigidos para medios digitales.
El CPP recuerda que esta propuesta contravenía estándares interamericanos que consideran la colegiatura una restricción preventiva incompatible con la libertad de expresión. La entidad subraya que exigir un título profesional a quienes informan o comentan en redes sociales resulta desproporcionado, en especial considerando que el propio Congreso no exige educación superior a sus representantes.
Amenazas, denuncias y hostigamiento a periodistas
El informe presenta varios casos de agresiones y amenazas registradas en diferentes regiones del país. Uno de ellos se refiere al periodista de Epicentro, Daniel Yovera, quien fue descalificado públicamente por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, al señalar que Yovera “comete delitos” y “actúa casi como delincuente” tras publicar información que lo vinculaba con declaraciones de un investigado.
Otro caso es el de la periodista Graciela Tiburcio, objeto de una nueva investigación por denuncia calumniosa presentada por Victor Hugo Quijada Tacuri, quien la ha denunciado en nueve ocasiones desde 2021. Tiburcio también reportó haber recibido amenazas de muerte.
El informe consigna amenazas similares contra Sindy Roque Maldonado, conductora de Cotabambas, y Hessed Rosales Santos, de Satipo. En este último caso, los mensajes enviados por desconocidos advertían: “En estos días te vamos a desaparecer… nos encargaremos de desaparecer a toda tu familia y parecerá accidente”.
Una tendencia preocupante
El Consejo de la Prensa Peruana concluye que estas situaciones evidencian una normalización del hostigamiento y el uso de mecanismos legales como formas de intimidación. Advierte que muchas denuncias terminan convertidas en investigaciones prolongadas que afectan la labor periodística y debilitan el derecho ciudadano a estar informado.
La entidad reafirma la necesidad de que la discusión pública sobre seguridad, elecciones y regulación digital incluya salvaguardas claras que protejan la libertad de expresión. Como señala el informe, el reto es enfrentar la desinformación y la violencia sin generar obstáculos que limiten el acceso a información de interés público.
