El Proyecto de Ley n.º 7278, fue respaldado con 78 votos a favor el miércoles 15 de marzo, derogando la disposición complementaria final del Decreto Legislativo n.º 1607. Esta medida establecía un freno a la minería ilegal y buscaba fortalecer el proceso de formalización.
Con la derogación se elimina el plazo de 90 días para que los mineros informales acrediten el permiso del titular de la concesión minera. Además, se desautoriza a la Policía Nacional a intervenir en la tenencia ilegal de explosivos en actividades mineras.
La normativa derogada, aprobada en diciembre de 2023, imponía restricciones a personas con inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Les prohibía el uso de explosivos y limitaba su operación.
Asimismo, estipulaba que los registrados en el Reinfo tenían como plazo máximo el 20 de marzo para presentar ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem) un contrato de explotación o cesión del área en la que operan. Este contrato debía estar suscrito con el titular de la concesión minera.
Interferencia políticas y riesgos en formalización minera
Antes de la derogación, nueve bancadas firmaron un acta que permitió llevar el proyecto directamente al pleno sin la aprobación de un dictamen en comisión. Según Segundo Quiroz, el presidente de la Comisión de Energía y Minas, la disposición modificada obstaculizaba la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal.
“La minería ilegal ha copado muchos espacios, entre ellos el Congreso de la República. Según la Unidad de Inteligencia financiera, la minería ilegal representa 8,260 millones de dólares. Es lamentable que el interés de un grupo particular se imponga sobre los bienes comunes y sobre la agenda de cada uno de nosotros”, señaló César Ipenza, vocero del Observatorio de Minería Ilegal, en entrevista con RPP.
Asimismo, expresó su preocupación por otro Proyecto de Ley, en agenda y aún no discutido. Este busca abrir el Reinfo durante 90 días para transformar mineros ilegales en informales, lo que podría generar impunidad. “Los mineros ilegales que están en actividad y que son perseguidos, al pasar al Reinfo, la fiscalía no los puede perseguir ni sancionar porque hay una extensión de responsabilidad penal”, explicó.
Explosiones de la minería informal son un riesgo
El 1 de marzo se registró una explosión en un campamento minero informal en el distrito Colquemarca, en Cusco. El incidente dejó una víctima fatal y 13 personas heridas. En febrero de 2024, la Policía decomisó 1590 cartuchos de dinamita destinados a las actividades ilícitas de la minería ilegal.
“La minería es una actividad de alto riesgo y por eso mismo se impusieron reglas en el decreto derogado para el control de los explosivos. Hemos visto cómo han usado explosivos para dinamitar torres de alta tensión de electricidad” añadió, refiriéndose al ataque de mineros ilegales a la minera Poderosa en Pataz.
Finalmente, Ipenza advirtió que el Ejecutivo podría recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar esta decisión. “Aquellas normas que se aprueben en contra del derecho de la población a gozar de un ambiente sano y adecuado deben ser cuestionados en el TC”, mencionó
