El año 2025 estuvo marcado por un crecimiento sostenido de la minería ilegal en el Perú, con especial incidencia en la Amazonía. Así lo señala el balance anual del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), que identifica afectaciones a ríos, bosques, áreas naturales protegidas, concesiones y territorios de pueblos indígenas, junto con un debilitamiento de los mecanismos de control del Estado.
De acuerdo con estudios publicados por las organizaciones que integran el OMI, la minería ilegal de oro se encuentra presente en nueve regiones del país. Conservación Amazónica–ACCA reportó impactos directos en 73 comunidades nativas y en más de 250 ríos y quebradas. La deforestación acumulada asociada a la minería artesanal y de pequeña escala alcanzó 139 169 hectáreas en la Amazonía peruana.
Regiones con mayor impacto
Madre de Dios concentró el 97,5 % de la superficie deforestada por minería, mientras que Huánuco y Loreto representaron el 2,5 % restante. Desde 2024, más de 11 500 hectáreas fueron afectadas, principalmente en el corredor minero. En La Pampa, el número de dragas aumentó de 140 en 2021 a 1 613 en 2025, con la participación de aproximadamente 6 400 mineros ilegales.
En Loreto, la actividad se intensificó en cuencas como Nanay, Chambiras, Yaguas y Tigre. Durante el año se registraron hasta 688 dragas operando, con picos diarios de 42. Según el Natural Resource Governance Institute (NRGI), este incremento coincidió con la aprobación y promoción de normas que facilitan el avance de la minería ilegal y el fortalecimiento de redes criminales. En Huánuco, la deforestación por esta actividad pasó de 558 hectáreas en 2024 a 1 700 hectáreas en 2025, afectando principalmente al río Yuyapichis.
Dimensión económica y falta de monitoreo
El informe Estimaciones sobre la dimensión de la minería ilegal en el Perú 2025, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), señala que el Estado no cuenta con un sistema oficial integral para medir y monitorear esta actividad. El estudio estima que en los últimos 20 años se habrían producido entre 476 y 3 260 toneladas de oro ilegal, con un valor de entre 23 mil y 165 mil millones de dólares.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó que la minería ilegal movilizó 3 355 millones de dólares entre octubre de 2024 y 2025, evidenciando la magnitud de los flujos económicos asociados a esta actividad.
Contaminación por mercurio
Las investigaciones de CINCIA y la Sociedad Zoológica de Frankfurt identificaron altos niveles de exposición al mercurio en comunidades del Bajo Putumayo, en Loreto. El 97 % de las personas evaluadas superó los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud, y 8 de cada 10 mujeres en edad reproductiva presentaron concentraciones asociadas a riesgos para el desarrollo fetal.
Los estudios también detectaron concentraciones de mercurio superiores a los límites permitidos en peces comercializados en mercados de Iquitos, como bagre lince, paiche y bocón. En Madre de Dios, se registraron niveles elevados de mercurio en aire, suelos, vegetación y fauna, con mayores concentraciones en zonas cercanas a la actividad minera.
Marco normativo en debate
El balance del OMI advierte sobre iniciativas legislativas presentadas en el Congreso, entre ellas propuestas de una nueva Ley MAPE que permitiría actividades mineras en cuerpos de agua y fajas marginales, pese a la prohibición establecida en el Decreto Legislativo 1100. También se identificaron proyectos orientados a ampliar plazos y reducir requisitos para la formalización minera.
El estudio del NRGI El Estado ante el avance de la minería ilegal: el caso de Loreto (2020-2025) señala indicios de corrupción y limitaciones a la fiscalización estatal, asociados a la promoción de normas que favorecen la expansión de actividades ilegales.
El balance del 2025 concluye que la minería ilegal continúa expandiéndose en un contexto de fiscalización limitada y cambios normativos en discusión, con impactos documentados en la salud pública, los ecosistemas amazónicos y la gestión del territorio.
