El gobierno peruano ha anunciado nuevos planes para implementar economías alternativas con el objetivo de reconvertir a los mineros ilegales. Según Rodolfo García Esquerre, alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la estrategia del Ejecutivo adopta un enfoque similar al modelo de desarrollo alternativo aplicado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), pero adaptado a las particularidades de la minería ilegal.
Asimismo, detalló que la iniciativa se articula en torno a tres ejes principales: la formalización, la erradicación y la recuperación del ambiente. «El Estado está decidido a intervenir en la minería ilegal con mayor intensidad», afirmó, subrayando la importancia de ofrecer alternativas sostenibles a las familias que dependen de esta actividad.
Sin embargo, expertos advierten que esta estrategia, por sí sola, podría no ser suficiente para abordar la compleja y diversa realidad de la minería ilegal en el país.
La realidad de la minería ilegal es compleja
Dante Vera, analista de riesgo y gestión de conflictos y director fundador de V&C Analistas, compartió con Inforegión su perspectiva sobre el tema. El experto señaló que, si bien la propuesta es positiva, la realidad de la minería ilegal es más compleja que la del cultivo de coca. «Cambiar a los mineros de labor, es decir, de mineros a agricultores, es complicado porque en realidad la mayoría de los trabajadores en las minas informales e ilegales no han dejado su condición de comuneros o de campesinos», afirmó.
Vera detalla que gran parte de trabajadores mineros en pequeña minería o minería artesanal son temporales, puesto que alternan entre la minería y la agricultura según la temporada, lo que dificulta la implementación de programas de reconversión laboral. «Esa característica marca una diferencia muy importante entre los que cultivan coca y los que trabajan en la minería informal o ilegal», añadió.
Un enfoque integral necesario
Además, subrayó que la solución no puede ser exclusivamente policial o militar, sino que debe incluir una estrategia integral que aborde las necesidades básicas de las comunidades afectadas. Vera destaca la importancia de satisfacer estas necesidades como primer paso. Su propuesta incluye la provisión de agua potable, servicios de salud, educación, electricidad, infraestructura vial y de comunicaciones, así como seguridad a través de comisarías.
El analista también hizo hincapié en la necesidad de una acción coordinada entre las instituciones del Estado, incluyendo a la policía, el Ministerio Público, y organismos como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) y la Unidad de Inteligencia Financiera, para combatir eficazmente las economías criminales asociadas con la minería ilegal.
Retos políticos y sociales
Aunque Miller Vera reconoce que la propuesta del Ejecutio podría beneficiar a algunos trabajadores mineros jóvenes, advierte que «la situación es más dramática aún, no solamente es un problema de ingreso, es un problema también de necesidades básicas que están abandonadas por el Estado».
Un aspecto crítico de la implementación de estos planes es la falta de apoyo político en ciertas esferas, particularmente en el Congreso, donde el actual presidente, Eduardo Salhuana, enfrenta acusaciones por corrupción y vínculos con la minería ilegal. Aunque Vera señala que la aprobación del Parlamento no es estrictamente necesaria para la iniciativa, argumenta que «un consenso nacional y un gran acuerdo contra la corrupción y las economías ilegales», impulsado por autoridades, instituciones y organizaciones, podría ser una solución muy valiosa.
