La comunidad awajún en Perú enfrenta una grave amenaza a su vida y su territorio debido a la expansión descontrolada de la minería ilegal del oro. Durante más de una década, las tierras de los awajún han sido objeto de explotación minera sin autorización, lo que ha generado conflictos internos, deterioro ambiental y una crisis social en la región.
La limitada acción del Estado y la modificación de leyes ambientales agravan esta situación. Conversamos con Matut Impi Ismiño, waisman (‘vicepresidenta’) del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), quien nos relató la lucha y desafíos persistentes hasta la fecha.
Expansión de la minería ilegal del oro
Un foco crítico de la minería ilegal es la cordillera del Cóndor, ubicada en la frontera entre Perú y Ecuador. Aquí, grupos de mineros operan sin restricciones, devastando el medio ambiente y envenenando fuentes de agua vital para las comunidades awajún, como el río Cenepa.
Según un recorrido realizado por la organización Paz y Esperanza, se identificaron 53 puntos de extracción ilegal en un tramo de 38 kilómetros del Cenepa, que incluyen 14 grandes estructuras conocidas como tracas o pitones. La capacidad de succión de estas plataformas es mucho mayor a la de las dragas comunes. Matut Impi describe con crudeza la situación.
“Desde hace más de 12 años, el pueblo awajún viene sufriendo muchas agresiones por la minería ilegal. La minería no solo está en el río Cenepa, en la frontera, también está en el río Marañón y en el río Santiago. Los mineros están derrumbando los paredones, dinamitando las montañas cerca de los ojos de agua, destruyendo las fuentes hídricas que son vitales para nuestras comunidades”, advierte.
A pesar de victorias legales anteriores contra empresas mineras como Afrodita, la actividad ilegal persiste, alimentada por la ausencia del Estado en la zona.
Impactos sociales devastadores
Pero la minería ilegal no solo destruye el ambiente, también ha desencadenado una grave crisis social y cultural. «La presencia de mineros ilegales ha provocado amenazas, trata de personas, explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en las comunidades, aumento de bares o discotecas y de enfermedades de transmisión sexual. No sabemos de dónde viene esta gente foránea que llega a nuestras comunidades a realizar minería», denuncia Matut.
Asimismo, esta actividad ha causado divisiones y conflictos internos entre los propios awajún. «Hay una confrontación entre nosotros, entre el mismo pueblo», lamenta Impi Ismiño. Esto debido a que algunas personas de la zona se han involucrado con los mineros ilegales, quienes sobornan a líderes, apus y profesores para que convenzan a las comunidades de aceptar la actividad ilícita a cambio de dinero y obras.
La situación es también de alto riesgo para líderes comunitarios, defensores ambientales y de derechos humanos en la región, quienes enfrentan amenazas constantes e incluso peligro de muerte por oponerse a la minería ilegal y luchar en defensa de su territorio ancestral. «Todos están en riesgo, amenazados, no hay protección para ellos», señala Impi Ismiño.
Esfuerzos limitados del Estado
El año pasado, una de las intervenciones exitosas fue promovido por la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), que junto al ejército y la participación de unos 150 comuneros awajún identificaron dragas, que fueron eventualmente destruidas.
No obstante, a pesar de los esfuerzos de las comunidades awajún para frenar la minería ilegal, la intervención estatal sigue siendo insuficiente. Los mineros ilegales parecen desafiar impunemente las leyes y las limitadas acciones del gobierno. Según Impi Ismiño, estos grupos delictivos ya conocen la estrategia estatal de interdicción.
“Las autoridades programan un día de intervención cada cierto tiempo. Mientras, lo que fue destruido es rápidamente reemplazado por nuevas máquinas que siguen operando. No hay intervenciones inteligentes, pero sí hay plazos suficientes para que los mineros vuelvan«, critica.
Reinfo y nueva ley forestal
La modificación de ciertas leyes ambientales ha debilitado aún más la protección de los territorios indígenas, permitiendo que la minería ilegal prolifere sin control. La reciente derogación por el Congreso del Decreto Legislativo 1607 que frenaba la minería ilegal y la nueva ley forestal, han dejado vulnerables a los pueblos indígenas frente a esta actividad ilegal. Según Impi Ismiño: «Ya no hay leyes que defiendan o protejan a los pueblos originarios».
Pedido urgente
El Gobierno Territorial Autónomo Awajún exige una intervención inmediata y efectiva por parte del Estado para detener esta actividad y proteger los derechos de las comunidades indígenas. «Como gobierno awajún pedimos una intervención efectiva y masiva, una planificación inteligente y hacer un control de vigilancia de al menos seis meses», enfatiza Matut. Además, es fundamental fortalecer la implementación de policías comunales y capacitar a las comunidades para proteger su territorio.
La lucha contra la minería ilegal en la región amazónica es una batalla por la supervivencia de las comunidades indígenas y la protección del medio ambiente. La comunidad awajún espera que el Estado asuma su responsabilidad y tome medidas concretas para abordar esta crisis antes de que sea demasiado tarde.
