Un análisis de los planes de gobierno presentados por las candidaturas a la Presidencia de la República revela que más de la mitad de las agrupaciones políticas aborda de forma insuficiente la agenda de derechos de las mujeres. El estudio, elaborado por la organización CHS Alternativo en el marco del Día Internacional de la Mujer, revisó las propuestas de 36 partidos que participarán en los próximos comicios.
Según el informe, el 56% de los planes de gobierno trata esta agenda de manera limitada o la omite dentro de sus prioridades. Dentro de este grupo, el 37% de organizaciones políticas expresa rechazo explícito o no incluye medidas relacionadas con la igualdad de género y la protección de los derechos de las mujeres.
El análisis también advierte que algunas agrupaciones plantean eliminar o reemplazar la Educación Sexual Integral (ESI) y el enfoque de género por modelos educativos centrados en valores tradicionales. En otros casos, los documentos programáticos no mencionan problemáticas como la violencia de género, las uniones tempranas o el acceso a derechos reproductivos.
Otro 19% de los planes revisados aborda estos temas de manera parcial. En estos casos, las propuestas se concentran principalmente en medidas punitivas, como el endurecimiento de penas contra agresores, o en programas de apoyo económico, sin incluir estrategias estructurales de prevención ni políticas orientadas a redistribuir las responsabilidades de cuidado.
Brechas frente a un contexto de violencia
El estudio señala que solo el 44% de los planes analizados incorpora propuestas que se acercan a un enfoque más integral de derechos. Entre estas iniciativas destacan la implementación de la Educación Sexual Integral para prevenir el embarazo adolescente, la creación de Sistemas Nacionales de Cuidados y el uso de herramientas tecnológicas para fortalecer la protección de víctimas de violencia.
Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, advirtió que la ausencia de estas problemáticas en los programas políticos puede tener consecuencias en la formulación de políticas públicas. “El problema no es solo lo que algunos planes proponen, sino lo que muchos dejan de mencionar. Cuando la violencia contra las mujeres no aparece en las prioridades de gobierno, el riesgo es que siga siendo tratada como un tema secundario”, señaló.
La organización subraya que este análisis cobra mayor relevancia ante la magnitud de la violencia que enfrentan las mujeres en el país. Durante 2025, los Centros de Emergencia Mujer y Familia atendieron 169 528 casos de violencia, de los cuales el 84% tuvo como víctimas a mujeres. En el mismo periodo se registraron 133 feminicidios y 270 tentativas.
A esta situación se suma la trata de personas, considerada una de las formas más graves de violencia. De acuerdo con las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas (FISTRAP), en 2025 se reportaron 2 692 víctimas, la mayoría mujeres y adolescentes captadas en contextos de vulnerabilidad. Asimismo, el registro de 37 700 partos en menores de 19 años evidencia las brechas persistentes en el acceso a información, educación y servicios de salud sexual y reproductiva en el país.
