La violencia en los territorios indígenas ha dejado de ser una suma de crímenes aislados para convertirse en una crisis de seguridad regional. Ya no se trata del talador furtivo o del minero informal que opera en solitario; hoy, las comunidades amazónicas y mesoamericanas enfrentan a estructuras criminales transnacionales que han diversificado sus economías ilícitas, operando con un nivel de impunidad que sugiere, en muchos casos, la complicidad de las autoridades.
Esta fue la cruda radiografía expuesta en Lima durante el III Encuentro Regional de la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena (ALADTI), que reunió a voces de ocho países. El diagnóstico es unánime: el bosque se está perdiendo, y con él, la vida de quienes lo habitan.
Perú: La letalidad de defender la Amazonía
En el contexto peruano, las cifras del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) son una bitácora del terror: más de 590 defensores han enfrentado situaciones de riesgo inminente desde 2019. El 70% de estas amenazas provienen de mafias vinculadas al narcotráfico, la tala y la minería ilegal.
Las regiones de Ucayali, Loreto, San Martín y Madre de Dios se han convertido en las zonas cero de este conflicto, concentrando la abrumadora mayoría de los ataques.
Carlos Quispe, representante de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), fue tajante al señalar la raíz del problema: «El crimen organizado está ganando terreno porque no solo actúa quien dispara, sino también quienes permiten su entrada al territorio y facilitan sus actividades». Una visión compartida por Dina Juc, líder indígena de Guatemala, quien denunció que los tentáculos de estas mafias operan bajo la sombra de la falta de investigación y la inacción estatal.
Autodefensa frente al abandono de papel
Mientras las economías criminales avanzan armadas, la respuesta del Estado peruano se ha limitado a un «Mecanismo Intersectorial» que, en la práctica, ha demostrado ser un escudo de papel. Este sistema falla estructuralmente: no ataca el problema de fondo —como la falta de titulación y seguridad jurídica de los territorios—, no es vinculante para todas las entidades del Estado y carece de presupuesto operativo para acciones policiales inmediatas.
Abandonados a su suerte, los pueblos indígenas han tenido que reactivar y fortalecer sus propios sistemas de seguridad: las guardias indígenas y las rondas nativas.
«Estamos construyendo herramientas para la autoprotección, pero no podemos reemplazar al Estado», reclamó el apu Jamner Manihuari, líder peruano y vicecoordinador general de COICA. «Nosotros estamos asumiendo una labor que le corresponde al Estado. Lo hacemos para que se escuche el clamor de nuestros pueblos».
Escazú y la urgencia de una respuesta regional
La crisis ha rebasado las fronteras nacionales. Los defensores exigen que sus propios mecanismos de protección comunitaria sean reconocidos y articulados con los sistemas estatales, y que las leyes de protección dejen de ser simples directivas para convertirse en obligaciones vinculantes con presupuesto asignado.
La mirada ahora está puesta en la próxima COP4 del Acuerdo de Escazú, a realizarse en abril. Los líderes indígenas llevarán allí una demanda innegociable: la creación de un grupo de trabajo específico sobre asuntos indígenas y la exigencia de una cooperación multilateral real. Si los gobiernos continúan respondiendo con lentitud burocrática al avance veloz del crimen organizado, la Amazonía no solo perderá sus árboles, sino a sus guardianes históricos.
