El Poder Ejecutivo decidió ampliar el estado de emergencia en varios distritos de la región Madre de Dios para dar continuidad e intensificar la lucha contra la minería ilegal. La medida se extiende a los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto, en la provincia de Tambopata, y en los distritos de Madre de Dios y Huepetuhe, en la provincia de Manu.
La medida permitirá que el personal policial prosiga con las operaciones para contrarrestar la actividad ilícita de las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal. Además, se comprende al tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico de migrantes, contrabando y otros delitos.
La prórroga de esta medida de excepción regirá a partir del próximo 3 de diciembre y tendrá una vigencia de 60 días calendario. En ese lapso, quedan restringidos o suspendidos varios derechos fundamentales comprendidos en la Constitución. Estos son la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
Asimismo, el documento publicado en el diario oficial El Peruano dispone que el control del orden interno y seguridad de los distritos declarados en emergencia están a cargo de la Policía Nacional. Todo ello con apoyo del personal de las Fuerza Armadas.
Ampliación de medida de excepción a favor de la población
Según un informe de la Policía Nacional, que recomienda la continuación de esta medida de excepción, algunas zonas de la región Madre de Dios están afectadas por organizaciones criminales. Estas pugnan por tener el control hegemónico de las actividades ilegales. Para ello, ejercen amenazas contra la población, a quien le exigen el pago de cupos extorsivos.
El informe añade que es necesario mantener e intensificar los operativos de interdicción y consolidación en estas zonas, de manera simultánea. Todo ello con el fin de detectar, identificar, ubicar, neutralizar, capturar y desarticular a estos grupos criminales que ponen en zozobra a la población.
La medida de excepción busca garantizar la seguridad y normal desarrollo de las actividades en la región. Esto con el fin de preservar los derechos fundamentales de la población, informó el Ministerio del Interior.
