MADRE DE DIOS. Cuando empezaban sus labores muy temprano, Robert Quispe Arcos (47) y Reynaldo Quispe (37), dos trabajadores mineros, fueron atacados con machetes por dos personas desconocidas, provocándoles dos profundos cortes en la cabeza y otros cinco cortes en los brazos, la espalda, los hombros y los muslos.
El hecho sucedió en la concesión minera Tentación, ubicada en la comunidad de Boca Unión, distrito de Laberinto, provincia de Tambopata, en la región de Madre de Dios, informó Lucio Quispe Arcos, hermano de las víctimas.
El hecho ocurrió el pasado 30 de mayo, alrededor de las 6 a.m., cuando seis trabajadores mineros de una explotación en proceso de formalización se preparaban para la jornada, alistando equipos y motores. En ese momento, los hermanos Robert y Reynaldo Quispe colocaban la valla de seguridad para proteger el centro de trabajo minero, cuando dos personas surgieron del bosque con machetes en mano.
Con palabras soeces, les ordenaron retirarse del lugar y los atacaron, golpeándolos en la cabeza, manos, cuerpo y piernas. Luego, los atacantes huyeron. Los trabajadores, gravemente heridos, fueron trasladados al hospital Santa Rosa en Puerto Maldonado para recibir atención médica. Robert Quispe Arcos, con dos cortes profundos en la cabeza, fue evacuado a Cusco. Actualmente, permanece hospitalizado y su estado es grave. Los gastos médicos corren por cuenta de las víctimas de la agresión.
Agredidos no encuentran justicia
La denuncia fue presentada en la comisaría del distrito del Laberinto y en la Fiscalía Penal Provincial Corporativa de Tambopata por el delito contra la vida y la salud, así como por lesiones graves. David Villavicencio Mamani (44) y Gavino Villanueva Sopan (43) fueron señalados como autores intelectuales del ataque, presuntamente contratando a personas de mal vivir para cometer el crimen.
Pese a que la denuncia fue presentada hace más de un mes, los trabajadores agredidos no han encontrado justicia. Hasta la fecha, las personas denunciadas y señaladas como autores intelectuales y materiales de la agresión no han sido convocadas a declarar, ni por la comisaría policial ni por la Fiscalía Penal. Además, la fiscal Deisy Quispe Cortegana, a cargo del caso, aún no ha formulado la denuncia.
Minería ilegal impide la formalización
La zona de trabajo está en el corredor minero y pertenece a Alejandro Velásquez Hoskga, un minero en proceso de formalización que, desde hace 10 años, no ha logrado completarlo. Se inscribió en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) con la concesión minera Tentación y ha cumplido con todas las exigencias legales, adecuándose a las normas ambientales.
Sin embargo, el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Igafom) no ha culminado la evaluación desde hace tres años. Debido a esto, dentro de la concesión minera, los mineros ilegales extraen oro y recurren a la violencia, aprovechando sus conexiones y respaldo en las entidades públicas.
Conseciones fraudulenteas
Los mineros ilegales también utilizan estos vínculos para obtener derechos de explotación minera en el corredor, con documentación fraudulenta que certifica concesiones destinadas al manejo de aguajes, plantas medicinales y áreas agrícolas, cuando se sabe que los suelos de esta zona no son aptos para producción agrícola.
Un ejemplo es David Villavicencio Mamani, un exservidor público que influyó para obtener una concesión de aprovechamiento de aguaje a nombre de su padre, a pesar de que el área es una zona de concesiones mineras y explotación en el corredor minero.
También habría promovido el otorgamiento de certificados de posesión con fines agrícolas (en un área de tres a cuatro hectáreas) para su entorno familiar y amistades. En ese sentido, Alejandro Velásquez, denuncia ante los medios de comunicación que las autoridades policiales y la fiscalía no hacen justicia, ya que la minería ilegal sigue operando dentro de su concesión.
Dato
Según el registro de la Fiscalía de la Nación en Madre de Dios, del 2010 al 2024 se registraron 22 denuncias por delitos contra la vida y la salud. Esto se incrementó en los últimos años, debido al avance de la mineria ilegal.
