El tráfico de fauna silvestre asociado al crimen organizado sigue siendo un problema latente que afecta a cientos de especies protegidas en nuestro país. Durante los periodos del 2014 al 2018, la Policía Nacional registró cerca de 1536 delitos por depredación de fauna y 55 por extracción ilegal de especies acuáticas.
El Servicio Forestal y de Fauna Silvestre confiscó más de 66 000 individuos correspondientes a 342 especies entre el año 2000 y 2016. De este grupo 159 eran especies que estaban bajo el ámbito de protección de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y 21 de estas en peligro de extinción.
Exposición sobre tráfico
Estas cifras se dieron a conocer el miércoles 21 de agosto durante la exposición “El tráfico de Fauna Silvestre y el crimen organizado”, organizado por Derecho Animal en Perú y que estuvo a cargo César Ipenza Peralta, experto en derecho ambiental y espacios protegidos.
El motivo de esta exposición fue abordar la importancia sobre el tráfico de vida silvestre, pues para el experto “todavía se cree en ciertos sectores que no hay organizaciones criminales vinculadas al tráfico de vida silvestre y creo que esto es tremendamente falso”.
Crimen organizado
De acuerdo con Ipenza, estos grupos criminales se organizan para traficar vida silvestre por ser una actividad altamente lucrativa a nivel global. Ante ello, existen proyectos como Prevenir de Usaid Perú, desde donde se viene negociando más protocolos que aborden este problema y se resalta el Documento de Política Nº 05 denominado “Delito sin fronteras”, sobre el cual Ipenza manifiesta:
“Nos muestra buenas prácticas en torno al abordaje del tráfico de vida silvestre pero también la necesidad de plantear reformas que se hicieron y que tuvimos a bien trabajar con diversos especialistas de nuestro país, para incluir el tráfico de vida de fauna dentro del ámbito de la Ley contra el crimen organizado en 2022”.
La ley 31622
Al ser el Perú uno de los países más vulnerables al tráfico de la vida y la fauna silvestre, para el experto fue de gran importancia la inclusión del tráfico ilegal de la vida silvestre en los alcances de la Ley nº 31622 contra el crimen organizado y que modifica los artículos 308-B, 308-D y 309 del Código Penal, con la finalidad de fortalecer la persecución penal a los delitos contra los recursos naturales.
Acotó que si bien se realizan distintos operativos estos solo son disuasivos debido a que principalmente “debemos utilizar distintas herramientas que nos permite la ley para poder desarticular organizaciones criminales perfectamente armadas que tienen una fachada de empresas formales y un carácter transnacional”.
Ahora, la modificación en la ley, permite investigar, juzgar y condenar con herramientas más sofisticadas y especializadas, distintos a los delitos tradicionales, los delitos de tráfico ilegal de vida silvestre (terrestres y acuáticas).
“Esta inclusión permite aumentar el plazo de detención en casos de flagrancia hasta por 10 días, y permite incrementar el tiempo de prisión preventiva antes del juicio hasta por 48 meses o extender el plazo para la investigación preparatoria hasta 36 meses. Así como aumentar penas entre los 11 y 20 años de prisión privativa de libertad”, declaró Ipenza.
Trabajo continuo
La lucha contra el crimen organizado y el tráfico de fauna silvestre continúa siendo un reto para las autoridades. Sin embargo, hoy se puede pensar y obrar con mejores herramientas. No olvidemos que existe un componente cultural que se ve en los mercados locales donde todavía se comercializan vidas silvestres para un uso ritual o consumo local, lo que también se busca reducir para el 2027.
