Las federaciones indígenas urarinas del río Chambira y la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) alertaron sobre la falta de cumplimiento de compromisos asumidos por la Dirección Regional de Salud de Loreto (DIRESA) y el Gobierno Regional de Loreto, relacionados con el saneamiento físico legal de establecimientos de salud ubicados en su territorio.
Retrasos en saneamiento legal afectan servicios de salud en comunidades urarinas
Según el pronunciamiento emitido por las organizaciones, el proceso de saneamiento físico legal de tres establecimientos de salud es un requisito fundamental para fortalecer la atención sanitaria en las comunidades del Chambira. Este compromiso, señalan, se mantiene pendiente desde el año 2023, generando serias limitaciones para el funcionamiento y mejora de los servicios de salud.
Las federaciones detallaron que el 18 de enero de 2026 el Director Regional de Salud anunció que el saneamiento había culminado y que la entrega se realizaría el 20 de enero. No obstante, el 10 de febrero, la propia DIRESA informó que el proceso aún no estaba concluido, lo que evidenciaría una contradicción en la información brindada a las comunidades.
Las organizaciones indígenas advirtieron que esta situación afecta de manera directa a niñas, niños, gestantes y población en condición de vulnerabilidad, especialmente en un contexto en el que la tos ferina viene expandiéndose en las comunidades del río Chambira, incrementando los riesgos para la salud pública.
El retraso en el saneamiento físico legal de tres establecimientos impide fortalecer los servicios de salud en las comunidades del río Chambira. (Foto: Difusión)
En su pronunciamiento, las federaciones señalaron que estos retrasos vulneran el derecho fundamental a la salud, reconocido en la Constitución Política del Perú, la Ley General de Salud y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instrumentos que garantizan el acceso a servicios de salud adecuados para los pueblos indígenas.
Finalmente, las organizaciones exigieron la pronta culminación del saneamiento físico legal de los establecimientos de salud, la determinación de responsabilidades administrativas por la entrega de información inexacta y la intervención de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República para supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos.
