Durante la COP30 sobre Cambio Climático en Belém, Brasil, líderes indígenas peruanos hicieron un llamado para que se cumpla la sentencia contra los responsables del asesinato de los líderes ashéninkas Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez, ocurrido en septiembre de 2014 en la comunidad Alto Tamaya-Saweto, en Ucayali.
El 25 de agosto, la primera Sala Penal de Ucayali ratificó la condena de 28 años y 3 meses de prisión contra los madereros ilegales Hugo Soria Flores, José Estrada Huayta y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix. Sin embargo, hasta la fecha no han sido capturados, mientras las viudas y familiares siguen esperando justicia.
Contexto de impunidad
El apu Jorge Pérez, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), recordó que “los líderes han sido asesinados en defensa del territorio, fueron aquellos hermanos que se pusieron al frente. Sin embargo, otros crímenes de otros líderes siguen impunes”.
En la misma línea, el apu Jamer López, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), señaló que el caso Saweto refleja un patrón de impunidad que afecta a los defensores indígenas en el Perú:
“No se trata solo del asesinato de cuatro autoridades y líderes ashéninkas de Saweto, sino de todo un contexto de impunidad que se repite en el Perú porque son más de 35 defensores indígenas asesinados en los últimos años, y esos casos no han tenido avances”.
Solicitudes al Estado
Los líderes indígenas pidieron al Gobierno peruano que se cumpla con el Plan de Acción Saweto, que contempla pensiones de viudez y orfandad, apoyo educativo y laboral para los huérfanos y medidas de seguridad en la zona. También solicitaron la activación del mecanismo de protección de defensores de derechos humanos para resguardar a las hermanas, familiares y la comunidad afectada.
Marisol García, presidenta de la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta Amazonía (FEPIKECHA), hizo un llamado a los Estados para garantizar justicia también para el apu Quinto Inuma, asesinado hace dos años por defender su territorio comunal. Por su parte, Miguel Guimaraes, vicepresidente de AIDESEP, señaló: “Necesitamos que los Estados brinden condiciones para reconocer y fortalecer los sistemas de autoprotección comunitarios. No podemos seguir viniendo a estos espacios solo a contar cuántos hermanos han sido asesinados por proteger sus territorios”.
Justicia y medio ambiente
Los líderes indígenas coincidieron en que la falta de justicia para los defensores impacta directamente en la protección de la Amazonía y en la justicia climática. Advirtieron que la conservación de los territorios indígenas no puede depender únicamente de sus comunidades y que el Estado debe garantizar condiciones de seguridad y reconocimiento legal.
