El 20 de noviembre, representantes de la sociedad civil peruana participaron en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar el impacto del crimen organizado y la inseguridad ciudadana en los derechos humanos. Entre las delegaciones estuvo la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que alertó sobre los efectos del narcotráfico, la tala ilegal y otras economías ilícitas en comunidades indígenas y poblaciones vulnerables.
Julio Cusurichi, dirigente nacional de Aidesep, destacó que estas economías criminales representan una amenaza constante para la vida y los territorios de los pueblos amazónicos. Según Cusurichi, la respuesta del Estado frente a estos problemas ha sido insuficiente.
“Nosotros vivimos diariamente el flagelo del crimen organizado. La inseguridad ciudadana en nuestro territorio y en todo el país evidencia una crisis contra los derechos humanos. En nuestro territorio, el narcotráfico, la tala ilegal nos amenaza con fuerza y opera en las zonas donde vivimos los pueblos indígenas, mientras que el Estado ha abandonado su responsabilidad”, señaló durante su intervención.
Participación de distintos sectores
La audiencia también contó con representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), como Tania Pariona y Ricardo Soberón; del sector transporte, Julio Campos; del ámbito empresarial, Judith Panca; y de organizaciones feministas, María Ysabel Cedano.
Todos coincidieron en la necesidad de revisar y derogar leyes que, según señalaron, fortalecen o facilitan el accionar del crimen organizado debido a sus impactos sociales y territoriales.
Por su parte, la delegación del Estado peruano presentó acciones implementadas para combatir estas economías ilegales. Sin embargo, los participantes consideraron que los esfuerzos aún resultan insuficientes frente a la magnitud del problema.
Llamado a la CIDH y al Estado
Al cierre de la audiencia, Tania Pariona solicitó que la CIDH recomiende al Estado promover investigaciones sobre posibles vínculos de funcionarios con redes delictivas y frenar la criminalización de defensores de derechos humanos. “Exhortar a poner fin a la criminalización de la ciudadanía y de defensores de derechos humanos, que ejercen legítimamente su derecho a la protesta frente a la inseguridad”, señaló.
Los comisionados de la CIDH enfatizaron que la lucha contra el crimen organizado debe realizarse respetando los derechos humanos, prestando especial atención a los impactos sobre pueblos indígenas, mujeres y otros grupos históricamente excluidos.
Una problemática con alcance nacional
La audiencia puso de relieve que la expansión del crimen organizado no solo genera inseguridad, sino que también afecta la integridad de comunidades y ecosistemas en diversas regiones del país. Organizaciones sociales y expertos esperan que las recomendaciones de la CIDH sirvan para reforzar la respuesta estatal y proteger a los grupos más vulnerables.
