SATIPO. «El Estado nos quiere callar porque luchamos siempre contra el narcotráfico», afirmó Fabían Antúnez, presidente de la CART (Central Ashaninka de Río Tambo) en entrevista para Inforegión. Esa es la conclusión a la que llegó tras analizar las acciones que derivaron en su sorpresiva detención, y en la de otros líderes indígenas, por estar supuestamente implicados en la desaparición de cuatro personas.
Antúnez nos detalló el impacto que esto le causó, además, el proceso que se le abrió por este asunto. A pesar de lo padecido, el dirigente ashaninka no se interesa en denunciar a quienes lo han perseguido. Asistimos a una criminalización de líderes indígenas para neutralizarlos en su lucha contra las economías ilegales.
El presidente de la CART y otros líderes indígenas hostigados han impulsado acciones contra las economías ilegales en el ámbito de la selva central del país. Recordemos que esta comprende territorios del Vraem. Zona en que de las 95 008 hectáreas de sembríos de hoja de coca del Perú, 35 709 están allí. Es decir, el 40% de los cocales del país, según Devida.
Criminalización contra líder ashaninka
Las acciones contra el líder indígena Antúnez se agudizaron tras impulsar dos actividades contras las economías ilícitas. En el primer caso, en el 2022, dispuso que los comités ashaninkas de autodefensa controlen el tránsito de personas no indígenas por los ríos Perené, Ene y Tambo para identificar el traslado cocaína. Un año después, en abril convocó a un paro en protesta por el asesinato del líder ashaninka Santiago Contoricón.
La movilización marcó el proceso de criminalización contra Antúnez y Ángel Pedro Valerio, dirigentes asháninkas en lucha contra el narcotráfico. Junto a ellos, fue encausado Fredi Gavilán, presidente de la Federación Ashaninka del Río Ene (FARE). A los tres se les acusa por, supuestamente, estar implicado en la desaparición de cuatro personas.
“Una falta de respeto hacia las comunidades indígenas”
Antúnez consideró que fue “una falta de respeto hacia las comunidades indígenas” el hecho que sea detenido y enmarrocado de manera sorpresiva. Fue arrestado en la CART el día en que el Poder Judicial emitió la orden de detención preliminar. Así, permaneció siete días en la unidad policial de los Sinchis de Mazamari, siendo liberado el 11 de setiembre pasado.
Cabe citar que el 4 de setiembre se dictó la orden judicial de detención preliminar contra Ángel Pedro Valerio y Fredi Gavilán Mejía. Además, contra Claudio Jayunca Mañoro, Antonio Aucayauri Fuentes, Eulogio Domingo Prado, Aroldo Rojas Diquez, Fabián Antúnez Camacho y José Saavedra Carrión.
«Entonces me siento mal. (…) Me siento desairado. Y no solamente yo, sino la mayoría de mi pueblo indígena en todas las 52 comunidades nativas», añade al recordar con amargura los días de su detención. Luego, resalta el apoyo recibido de los abogados que sustentaron su defensa. El próximo 9 de noviembre se programará la audiencia para resolver si pasaría nueve meses en prisión preventiva mientras es investigado.
Ciudadano ashaninka ‘sin’ arraigo domiciliario
Al respecto, remarcó que «la fiscalía y la policía desconocen mucho de comunidades indígenas». Es decir, para ellos no era garantía de arraigo domiciliario que un poblador indígena registre CC NN Anatape, pues debería figurar, además, el nombre de una calle. Ante ello «tenían miedo que nos escapemos a otros países porque no tenemos arraigo domiciliario», recuerda.
«Al menos he manejado las cosas con tranquilidad. (…) habrá que trabajar en reajustar o ver más normativas legales del tema de la prisión preventiva en comunidad indígenas. Claro que la justicia debe continuar, debe ver las cosas. Nadie puede quitar la vida a nadie. Pero también deben ser atinados. Deben llegar a la verdad, no a lo que dicen presuntos. Y eso para mí no es una justicia adecuada. Tenemos que interpretar las cosas y llegar a la verdad realmente. No una verdad a medias que te perjudica como persona», manifestó.
Medida de prevención que no fue atendida
Como la CART impulsó el paro citado, Antúnez coordinó con la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros para que acuda a la zona de la manifestación. Asegura que cuando iba de Satipo a Puerto Ocopa, se produjo el enfrentamiento que ocasionó la desaparición de cuatro personas.
Al referirse a Valerio y a Gavilán, consideró que ellos tampoco tienen nada que ver con las incidencias del paro mencionado. Añadió que no está interesado en denunciar a quienes estuvieron detrás de estos actos en su contra. «Eso no es bueno», consideró.
