“La minería ilegal se está extendiendo de una manera bastante agresiva” en nuestro país. Esta se expande de manera sistemática por varias causas. Una de ellas es la ausencia de una “respuesta coherente” de parte del Estado peruano para hacerle frente. Así declaró a Inforegión, Martin Arana, especialista técnico de la iniciativa Unidos por los Bosques de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS Perú).
“No hay capacidad o una respuesta coherente por parte del Estado para enfrentar este delito. Lo que estamos viendo en estos últimos tiempos es, por un lado, una inacción por parte del Ejecutivo y por el lado de Legislativo se proponen y aprueban leyes que lejos de fortalecer la lucha contra la minería ilegal más bien la debilita”, añadió.
Arana precisó que “la minería ilegal es el delito con mayor incidencia a nivel nacional, superando de largo al narcotráfico”. Ello es resultado de las “idas y vueltas” que el Estado ha tenido en su actuación frente al problema. Consideró que este “ha sido el escenario perfecto” para que el crimen organizado se instale en la minería ilegal. Esta tiene vinculaciones con otras actividades ilícitas, que incluso traspasan nuestras fronteras, advirtió.
Expansión de la minería ilegal
Antaño, esta actividad ilícita se concentraba en la región Madre de Dios. Pasaron los años y su expansión es constante. Citó que en Loreto se registra en las cuencas de los ríos Nanay, Marañón, Putumayo, Amazonas. En tanto, los ríos Cenepa y Santiago son afectados en la región Amazonas. Su presencia también se da en Puerto Inca (región Huánuco) y en la región San Martin, añadió.
“Se está expandiendo de una manera en extremo preocupante lo cual requiere de medidas mucho más decididas para evitar que esto continúe. Pero además vemos que en otras regiones -no necesariamente amazónicas- también viene ocurriendo lo mismo. Lo que hemos visto en Pataz es una muestra clara de cómo se ha ido incrementando”, refirió.
Otras zonas a las que ha llegado la minería ilegal se encuentran en la región Cajamarca (zona de frontera con Ecuador). Además, su actividad se aprecia en zonas de las regiones Puno y Cusco (Quispicanchis). A ello se añade su creciente actividad en la cuenca alta del río Tambopata. “El panorama es crítico”, aseguró.
El caso de las áreas naturales protegidas (ANP)
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) “cumple una función destacable” para afrontar a la minería ilegal en estos espacios, manifestó Arana. Desde el 2019 dicha entidad implementa una “estrategia específica” para combatir a este flagelo. Sin embargo, el Sernanp requiere apoyo desde las fuerzas del orden para realizar “una intervención mucho más amplia”, manifestó.
Recordó que las Áreas de Conservación Regional (ACR) forman parte de las ANP. “Allí sí hay muchas más debilidades y son altamente vulnerables” a la minería ilegal, alertó. Al respecto, mencionó el impacto de esta actividad ilegal en un espacio de conservación regional vinculado al río Nanay. “Esto es muy preocupante”, acotó.
“En este escenario, ¿quiénes son los más perjudicados? Son las comunidades nativas”, precisó. Ello se explica por la escasa presencia del Estado en zonas alejadas de la Amazonía. Varias comunidades terminan involucrándose con los mineros ilegales que les ofrecen ciertos beneficios. “A la larga las comunidades pierden el control de sus territorios viviendo en una situación de amenaza permanente con alto riesgo para sus vidas”, enfatizó.
A replantear prioridades
Nuestro entrevistado destacó que desde FCDS Perú ponen a la minería ilegal en la agenda nacional para que el Estado de una respuesta en función a la magnitud del problema. Además, desde la generación de información confiable que realizan buscan fortalecer la lucha contra esta actividad ilegal.
Añadió que el Estado debe “replantear las prioridades” para combatir este flagelo, recomendó. De esta manera dejará de ofrecer una “respuesta subdimensionada” en esta lucha. Mientras que eso se mantenga, “las respuestas que pueda dar, en el mejor de los casos, van a ser insuficientes”, finalizó.
