El programa «Cinco Continentes» de Radio Nacional de España (RNE) emitió un informe especial que pone el foco en la reciente promulgación de la ley de amnistía en el Perú, a cargo de la presidenta Dina Boluarte el miércoles 13 de agosto a pesar de las objeciones de la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La norma, que ha generado un amplio rechazo dentro y fuera del país, beneficia a policías, militares y miembros de grupos de autodefensa procesados o condenados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno (1982-2000).
«Amnistía es impunidad, amnistía es olvido»
La investigadora Iris Jave, del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), explicó que la ley “vulnera profundamente la dignidad de las víctimas» y «cubre con impunidad y olvido» a los responsables de torturas, desapariciones y asesinatos durante el conflicto armado interno en el Perú.
Se estima que la norma podría impactar en alrededor de 150 sentencias y 600 juicios en curso, así como excluir de condenas a oficiales sentenciados mayores de 70 años. La promulgación de la norma ha provocado rechazo inmediato en organizaciones de derechos humanos, universidades, y especialmente entre familiares de las víctimas quienes ven la medida una amenaza a la justicia, tan postergada en el país.

Desobediencia internacional y riesgo para la institucionalidad
De acuerdo a la politóloga Jave, la desatención del gobierno peruano a la orden de la Corte IDH, que había solicitado suspender el trámite de la ley para garantizar el derecho a la justicia de las víctimas, pone en riesgo la institucionalidad democrática y la precaria democracia.
«Lo que está haciendo el gobierno actual es desconocer todos los tratados y convenios internacionales que el Perú ha suscrito en materia de derechos humanos», señaló la especialista.
Asimismo, advirtió que esta «desobediencia» no solo sienta un «precedente nefasto para la institucionalidad democrática», sino que traerá implicancias internacionales para el país.
La promulgación de esta ley abre un nuevo capítulo de debate sobre la impunidad en Perú, dejando en el aire la pregunta sobre cómo se garantizará la justicia para las víctimas de uno de los periodos más oscuros de la historia del país.
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