Un nuevo informe global alerta sobre una presión industrial sin precedentes en los territorios de los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (PICL) de la Amazonía. El estudio, elaborado por la Alianza Global de Comunidades Territoriales (GATC), COICA, APIB y Earth Insight, advierte que más de 43 millones de hectáreas de tierras indígenas en la región están amenazadas por la expansión de proyectos de petróleo, gas, minería y tala industrial.
El documento, titulado “Territorios de los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales en la Primera Línea: Mapeo de Amenazas y Soluciones en las Selvas Tropicales más Grandes del Mundo”, detalla que 31 millones de hectáreas se superponen con bloques petroleros y gasíferos, 9,8 millones con concesiones mineras y 2,4 millones con concesiones de tala industrial.
Perú: el corredor Yavarí-Tapiche entre las zonas más vulnerables
En el caso peruano, el informe identifica al corredor Yavarí-Tapiche como una de las áreas más críticas. Esta zona, de 16 millones de hectáreas, alberga a Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial (PIACI). Aunque conserva el 99% de su cobertura boscosa, enfrenta riesgos crecientes por actividades extractivas y proyectos de infraestructura.
El documento señala que varias reservas indígenas en esta región aún no han sido reconocidas oficialmente por el Estado, lo que aumenta su exposición a posibles impactos ambientales y sociales.
“Se dice que la Madre Amazonía da lluvia a las nubes y crea ríos en el cielo. Si el bosque desaparece, se llevará la lluvia y los ríos con él”, afirmó Fany Kuiru, Coordinadora General de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). “Hacemos un llamado a los gobiernos, aliados y todos los pueblos de la Tierra para que actúen y asuman su responsabilidad. No es un acto de solidaridad, sino de supervivencia: si la Amazonía desaparece, se llevará con ella nuestro futuro compartido”.
Impactos en otros países de la región
El informe también detalla afectaciones significativas en países vecinos. En Ecuador, el 64% del territorio Waorani reconocido, unas 800 000 hectáreas, se superpone con bloques petroleros, lo que ha generado impactos en la salud de las comunidades y en la biodiversidad. De los más de 3.500 sitios contaminados por la industria petrolera y gasífera, solo la mitad ha sido restaurada.
En Brasil, el agronegocio ha ocupado cerca del 30% de los territorios indígenas en Mato Grosso do Sul. Entre 2003 y 2021 se registraron 608 asesinatos de activistas indígenas, fenómeno que especialistas han denominado “kaiowicidio”. “El Amazonas brasileño es el corazón verde de nuestro país y una de las mayores reservas de biodiversidad y agua dulce del planeta”, dijo Kleber Karipuna, Copresidente de GATC y Coordinador Ejecutivo de APIB. Añadió que “este equilibrio se está rompiendo debido al avance de la minería, el agronegocio, la extracción petrolera, la tala ilegal y políticas que socavan nuestros derechos”.
Gobernanza indígena y propuestas de solución
Además de identificar amenazas, el informe destaca iniciativas lideradas por comunidades indígenas que contribuyen a la conservación. En Colombia, 25 Entidades Territoriales Indígenas en proceso de reconocimiento protegen el 36% de la Amazonía del país con un 99,5% de cobertura boscosa intacta. En Brasil, el Fondo Podáali canaliza financiamiento directo hacia proyectos comunitarios y promueve una NDC Indígena que vincula los derechos territoriales con la acción climática.
“Sin una acción decisiva para garantizar derechos y apoyar la gobernanza indígena, la humanidad fracasará en el cumplimiento de sus metas climáticas y de biodiversidad”, señaló Juan Carlos Jintiach, Secretario Ejecutivo de GATC.
Un llamado antes de la COP30
La publicación coincide con la antesala de la COP30 y busca posicionar el rol de los pueblos indígenas en las negociaciones climáticas. Según el informe, la Amazonía genera diariamente 20 mil millones de toneladas de agua en forma de “ríos voladores”, pero las lluvias ya se han reducido un 74% debido a la deforestación.
“La evidencia es clara: sin un reconocimiento urgente de los derechos territoriales, respeto por el consentimiento libre, previo e informado y protección de los ecosistemas que nos sostienen, no se podrán lograr los objetivos globales de clima y biodiversidad. Tenemos que reconocer y amplificar los modelos de gobernanza comunitaria que ya nos muestran la ruta hacia un futuro justo y regenerativo”, declaró M. Florencia Librizzi, subdirectora de Earth Insight.
El informe concluye con un llamado a los gobiernos e instituciones a adoptar las Cinco Demandas de la GATC, que incluyen asegurar los derechos territoriales, garantizar el consentimiento libre e informado, financiar directamente a las comunidades, proteger a los defensores de la tierra e integrar el conocimiento ancestral en las políticas globales. Según sus autores, se trata de una hoja de ruta clave para enfrentar la crisis climática y de biodiversidad desde una perspectiva de justicia territorial.
