La minería ilegal continúa causando un impacto devastador en el país, y expertos coinciden en que las políticas existentes solo serán efectivas si se ejecutan de manera estructural y coordinada. Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), afirmó que la erradicación de esta actividad requiere un enfoque técnico y sostenido.
“Solo así podremos poner fin a más de una década de ilegalidad impulsada por un fallido proceso de formalización”, sostuvo Ortiz en su última columna del Semáforo Minero.
Según cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entre 2022 y 2025 la minería ilegal movilizó a nivel nacional más de US$ 2248 millones, lo que refleja la magnitud del problema.
La minería como motor económico
El vocero del IIMP recordó que la minería formal es un pilar del desarrollo económico nacional. “No solo genera empleo, fomenta inversiones, dinamiza negocios locales y aporta recursos clave como el canon y las regalías mineras, que impactan directamente en la mejora de la calidad de vida de las poblaciones ubicadas en las zonas de influencia de los proyectos mineros”, indicó.
Ortiz insistió en que la informalidad no solo representa un daño económico, sino también social y ambiental, generando contaminación, criminalidad, trata de personas e incluso riesgos mortales para los trabajadores.
Esperanza en la nueva Ley Mape
Tras casi un mes de instalada la mesa de trabajo de 60 días para consensuar la nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Ley Mape), el IIMP confía en que el texto final se base en criterios técnicos y marque un cambio real hacia la formalización.
“Confiamos en que en esta oportunidad se llegue a un consenso, pues solo así podremos poner fin a más de una década de ilegalidad impulsada por un fallido proceso de formalización”, destacó Ortiz.
El experto subrayó la importancia de un plan integral que articule acciones entre todas las instituciones involucradas, con objetivos claros, plazos definidos y responsabilidades precisas.
Intervenciones y control operativo
Ortiz resaltó también la labor de la Fiscalía Ambiental en la clausura de bocaminas y campamentos ilegales. “Reiteramos la necesidad de reforzar la inteligencia operativa, el control de insumos, explosivos, maquinaria pesada, operativos de interdicción y destrucción de dragas y equipos”, concluyó.
