HUÁNUCO. La provincia de Leoncio Prado enfrenta una crisis debido a las actividades mineras ilegales que están causando un daño ecológico. Las autoridades locales y provinciales alzaron su voz de protesta contra estas prácticas que amenazarían el ambiente y la salud de las comunidades.
En el caserío Árabe, ubicado entre los distritos de Santo Domingo de Anda y Pueblo Nuevo, la minería ilegal dejó una estela de destrucción que afecta no solo a la flora y fauna silvestre, sino también a ríos, quebradas y terrenos agrícolas de la población local.
Santo Domingo de Anda
Dennys Maite Calixto Moreno, alcaldesa de Santo Domingo de Anda, describe la situación como «bastante crítica». Según su testimonio, los mineros ilegales están operando sin la debida autorización: «En ningún momento se han acercado a la municipalidad a presentar los documentos correspondientes que tengan autorización para poder extraer ese tipo de mineral en nuestro distrito».
Calixto expresó su preocupación por la magnitud del daño: «Hoy en día se ven hectáreas y hectáreas de terrenos afectados. Y eso no solo es el problema, el problema más grave es que están desviando una quebrada que se llama Almendra para el beneficioso y uso del lavado de la minería».
Alcalde provincial rechaza minería ilegal
Marx Fuentes Reynoso, alcalde provincial de Leoncio Prado, se pronunció contra estas actividades: «Leoncio Prado está catalogado como una provincia agrícola, turística y ecológica y no es justo que empresas mineras estén haciendo ya explotación en Anda y en Pueblo Nuevo a espaldas de la población y de las autoridades».
Fuentes hizo un llamado directo al gobierno regional: «Señor gobernador, ayúdenos a que este tema se resuelva porque de lo contrario Leoncio Prado seguramente pondrá su voz de protesta y no queremos conflictos con las instituciones que están hoy por hoy autorizando a espaldas de nosotros como autoridades locales concesiones mineras».
Minería en Mariano Dámaso Beraún
La situación no se limita a un solo distrito. En el caserío Santa Rosa de Quezada, perteneciente al distrito de Mariano Dámaso Beraún, las autoridades también tomaron acciones contra la minería ilegal. En una operación conjunta, la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), la Fiscalía Ambiental, la municipalidad distrital y la Policía de Medio Ambiente procedieron a inutilizar herramientas y equipos utilizados en la extracción ilegal.
Esta intervención en Quezada se produjo tras varias supervisiones y constataciones fiscales que confirmaron la presencia de actividades mineras ilícitas. Durante una de las intervenciones, se encontraron a dos individuos en plena actividad minera, quienes se retiraron al ver a las autoridades.
Riesgos de la actividad minera
La alcaldesa Calixto advirtió sobre los riesgos de la intervención ciudadana: «La población está preocupada y quieren ya levantarse e ir por sus propias manos a sacar a los mineros ilegales. No voy a permitir que mi población se ponga en riesgo».
Las autoridades de Leoncio Prado hacen un llamado a la acción inmediata para detener estas prácticas ilegales que amenazan la ecología y económico de la región. La lucha contra la minería ilegal es una prioridad urgente para preservar los recursos naturales y garantizar un desarrollo sostenible.