En Yuyapichis, una de las zonas más presionadas por la minería ilegal en la Amazonía central, la protección del Área de Conservación Privada (ACP) Panguana atraviesa uno de sus momentos más críticos. En las últimas semanas, los pobladores y trabajadores del área han comenzado a reportar amenazas directas tras una serie de operativos estatales contra operadores mineros que dominan esta parte de Puerto Inca. Lo que antes se percibía como un riesgo latente hoy se expresa en un clima de hostilidad abierto que evidencia la vulnerabilidad de quienes defienden este territorio.
Según el Observatorio de Minería Ilegal, los ataques se dirigieron a quienes residen y trabajan tanto en el ACP como en la Estación Biológica Panguana. El hecho refleja un escenario cada vez más complejo para los defensores ambientales que enfrentan, día a día, el avance de operadores ilegales que se expanden sin control en esta parte del país. Las organizaciones advierten que la presión criminal ha aumentado tras la destrucción de maquinarias vinculadas a los mayores grupos mineros ilegales de Yuyapichis.
Desde agosto de 2025, se solicitó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la incorporación de personas e instituciones relacionadas al ACP Panguana en el registro oficial de defensores ambientales. El trámite permanece en curso, pese a la urgencia señalada por las organizaciones que acompañan el pedido.
Una de las acciones más relevantes se produjo en septiembre, cuando se otorgaron medidas de protección desde el Gobierno Central. En esa línea, la declaración oficial señala que:
«El 18 de septiembre del 2025 la Subprefectura del Distrito de Yuyapichis, del Ministerio del Interior, entregó garantías personales a los miembros del ACP Panguana, sin embargo, se espera las acciones inmediatas por demás autoridades que garanticen la protección de las personas.»
Operativos y presencia temporal del Estado
La tensión se incrementó tras la llegada temporal de agentes de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, de la Marina de Guerra del Perú y de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Estas instituciones participaron recientemente en acciones de interdicción contra maquinaria empleada por cuatro de los principales operadores de minería ilegal en Yuyapichis.
Las organizaciones advierten que la respuesta estatal, aunque necesaria, ha generado un ambiente más hostil para quienes resguardan el ACP Panguana. Sostienen que la protección aparece insuficiente frente al nivel de organización criminal que opera en la zona, conformado por redes que buscan intimidar y frenar cualquier tipo de fiscalización.
En ese sentido, se remarca un aumento significativo del riesgo para pobladores, investigadores y trabajadores del área de conservación. La preocupación queda registrada en la siguiente afirmación del pronunciamiento del OMI:
«Los recientes hechos y el clima de hostilidad que enfrentan las personas vinculadas al ACP Panguana evidencian un grave incremento del riesgo para su vida e integridad, en un contexto donde operan redes de minería ilegal y otros actores que buscan obstaculizar la acción del Estado.»
Organizaciones exigen intervención urgente
Ante esta situación, el Observatorio de Minería Ilegal y otras entidades instan mediante un pronunciamiento al Estado peruano, incluidos el Ministerio del Interior, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio Público, a adoptar medidas inmediatas de protección. El pedido incluye acciones firmes para identificar y desarticular a los grupos criminales que continúan expandiéndose en Yuyapichis.
Las organizaciones firmantes solicitan además que el Poder Ejecutivo mantenga una presencia constante en la zona y garantice condiciones reales de seguridad para los defensores ambientales. El pronunciamiento enfatiza que dicha protección debe alinearse con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
El documento es respaldado por instituciones como la Sociedad Zoológica de Fráncfort – FZS Perú, Conservación Amazónica – ACCA, ECOAN, SEPAR, Naturaleza y Cultura Internacional, DAR, FCDS, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como especialistas y ciudadanos que han sumado su firma en respaldo a la protección del ACP Panguana y su comunidad.
