En un esfuerzo conjunto por detener el avance de actividades ilícitas que depredan la Amazonía, la Fiscalía Corporativa Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Ucayali ejecutó un operativo de interdicción en el distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca. La diligencia resultó en la destrucción de maquinaria pesada e instrumentos utilizados para la extracción ilegal de minerales.
Intervención y destrucción de maquinaria
Durante el operativo, las autoridades dispusieron la interdicción inmediata de diversos equipos claves para la minería aluvial. Entre lo incautado y destruido se encuentran:
- Dos bombas de succión de alta potencia.
- Chutes y sistemas de lavado.
- Sogas y otros materiales logísticos.
- Campamentos mineros instalados en zonas prohibidas.
Un ecosistema en riesgo
Los representantes del Ministerio Público constataron in situ el severo daño ambiental provocado por estas actividades. El reporte oficial detalla la contaminación directa de las aguas del río Yuyapichis, la alteración artificial de su cauce y una alarmante pérdida de cobertura boscosa en las riberas, lo cual ha empezado a afectar los microclimas locales.
Estrategia de erradicación permanente
El fiscal superior Frank Almanza Altamirano, coordinador nacional de las FEMA, lideró la diligencia y enfatizó que el objetivo trasciende la destrucción de equipos.
«Se tiene como meta tener presencia en el lugar, destruir e interdictar maquinarias que eran utilizadas para la minería ilegal, pero también quedarse para evitar que los mineros ilegales regresen y continúen con sus actividades ilícitas», declaró Almanza.
Trabajo articulado
La operación no fue aislada. Fue conducida por dos despachos fiscales de Ucayali y contó con el respaldo operativo de la Marina de Guerra del Perú y la Policía Nacional. Además, participaron entidades técnicas como el Sernanp, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Osinfor y Serfor.
Esta acción responde a los acuerdos establecidos en la Mesa Regional de Control y Vigilancia Forestal y Fauna Silvestre de Huánuco, reafirmando el compromiso del Estado de recuperar los espacios naturales tomados por la ilegalidad.
