El Colegio de Abogados de Loreto (CAL) presentó este 3 de enero una solicitud al Tribunal Constitucional (TC) para que se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la Ley 32213. Esta nueva norma, promulgada el 27 de diciembre de 2024, extiende por sexta vez el plazo del Registro Integral de Formalización Minera, conocido como Reinfo, hasta el 30 de junio de 2025, con la posibilidad de una prórroga adicional de seis meses.
Para comprender mejor este caso, es necesario retroceder al 13 de noviembre de 2023, cuando el Colegio de Abogados de Loreto presentó una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 2 de la Ley 31388. A pesar de tener una numeración diferente, esta ley permitía, en esencia, extender por quinta vez el proceso de formalización minera (Reinfo), cuyo plazo original para concluir era el 31 de diciembre de 2024. La demanda fue admitida y se realizó una audiencia pública el 5 de noviembre.
En esta audiencia también participó Marcos A. Orellana, Relator Especial de la ONU sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, quien expuso los impactos negativos del Reinfo. Orellana calificó esta herramienta como «inadecuada e ineficiente», y destacó los graves daños que la minería ilegal provoca en la salud, el ambiente y el debilitamiento de las autoridades encargadas de combatirla.
Ante fallo pendiente, Congreso aprobó prórroga del Reinfo
No obstante, el fallo definitivo quedó pendiente. Esta demora, sumada a la cercanía del vencimiento del Reinfo, permitió que el Congreso promulgue la Ley 32213, que ahora extiende el proceso de formalización hasta junio de este año. El CAL sostiene que la tercera disposición complementaria modificatoria de la Ley 32213 es «sustancialmente idéntica» a los mismos vicios de inconstitucionalidad en la que impugnaron los artículos 1 y 2 de la Ley 31388.
«Toda la argumentación constitucional utilizada para impugnar la validez de la Ley 31388 sigue siendo aplicable a esta nueva norma», señala Samuel Abad Yupanqui, abogado del CAL. «Por ello, solicitamos al Tribunal Constitucional que no solo declare la inconstitucionalidad de los artículos 1 y 2 de la Ley N° 31388, sino que extienda su pronunciamiento a la tercera disposición complementaria modificatoria de la Ley N° 32213, tal como lo pedimos en nuestra demanda», agrega.
El Reinfo y el impacto ambiental
El Reinfo fue creado con el objetivo de formalizar a pequeños mineros y mineros artesanales, pero ha enfrentado críticas por la falta de resultados tangibles y por ser considerado un mecanismo que permite actividades informales con mínimas regulaciones. En su petición, el CAL advierte que esta prórroga amenaza derechos constitucionales y principios democráticos.
«La actividad minera, sin fiscalización ambiental, sin tecnologías limpias y sin cumplimiento de compromisos ambientales, que se viene desarrollando al amparo de un régimen nuevamente prorrogado, atenta contra derechos y principios constitucionales y con la propia existencia de un Estado democrático donde todos deben cumplir con las leyes (…) El TC no puede dejar de resolver un caso de especial trascendencia para el país como este», se lee en un comunicado del Colegio de Abogados de Loreto firmado por su decano, Marco Antonio Noriega.
Pronunciamiento pendiente
Para el Colegio de Abogados de Loreto, este caso representa una oportunidad para establecer un precedente en materia de fiscalización ambiental y control legal sobre actividades mineras. Ahora, la atención recae en el Tribunal Constitucional, que deberá decidir si avala la extensión del Reinfo o si, por el contrario, pone fin a un régimen que ha sido objeto de constantes cuestionamientos legales y sociales. Mientras, las organizaciones ambientales y las comunidades mineras seguirán observando de cerca el desenlace de este proceso judicial.
¿Quieres conocer más sobre el Reinfo y cuál es su relación con la minería ilegal? Conoce más en nuestro balance anual sobre este tema y sus hitos en el 2024.
