LA HAYA, Países Bajos – En un pronunciamiento sin precedentes, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, declaró el 23 de julio que la inacción o la acción insuficiente de los Estados frente al cambio climático podría constituir un «acto ilícito internacional». Esta opinión consultiva, emitida por unanimidad por los 15 jueces de la Corte, marca un hito crucial en la lucha global por la justicia climática y la rendición de cuentas.
La decisión de la CIJ, con sede en La Haya, responde a una solicitud de la Asamblea General de la ONU en 2023, impulsada por una campaña liderada por la nación insular de Vanuatu y respaldada por más de 130 países . La iniciativa fue inspirada por el activismo de jóvenes de las Islas del Pacífico, quienes han enfatizado la amenaza existencial que el cambio climático representa para sus comunidades.
El presidente de la CIJ, Iwasawa Yuji, subrayó que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) son «inequívocamente» causadas por actividades humanas y que el cambio climático representa una «amenaza urgente y existencial de proporciones planetarias». La Corte basó sus conclusiones en los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), considerándolos la «mejor ciencia disponible».
Inacción con consecuencias legales
La opinión consultiva establece que la falta de medidas apropiadas para proteger el sistema climático de las emisiones de GEI, incluyendo la producción y el consumo de combustibles fósiles, la concesión de licencias de exploración o la provisión de subsidios a los combustibles fósiles, puede ser considerada un acto ilícito internacional.
La Corte identificó obligaciones vinculantes para los Estados bajo un marco jurídico integral que incluye tratados climáticos internacionales (como la CMNUCC, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París), el derecho internacional consuetudinario (el deber de no causar daño significativo y de cooperar) y el derecho internacional de los derechos humanos . En particular, la CIJ afirmó que «un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es una condición previa para el disfrute de muchos derechos humanos», como el derecho a la vida y a la salud.
Aunque las opiniones consultivas de la CIJ no son directamente vinculantes como las sentencias en casos contenciosos, poseen un «peso legal y político significativo». El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear responsabilidad estatal, exigiendo a los Estados cesar la conducta perjudicial y ofrecer «reparación completa» por los daños causados. Esto podría incluir la restitución (reconstrucción de infraestructuras dañadas o restauración de ecosistemas), compensación financiera o satisfacción por daños no materiales. La Corte también aclaró que los Estados pueden ser responsables por las emisiones de actores privados si no ejercen la debida diligencia en su regulación.
Reacciones y futuras implicaciones
El Secretario General de la ONU, António Guterres, acogió la decisión como «una victoria para nuestro planeta, para la justicia climática y para el poder de los jóvenes de hacer la diferencia».
Se espera que este fallo impulse significativamente los litigios climáticos a nivel nacional e internacional, proporcionando una base legal sólida para quienes buscan justicia y compensación. También ejercerá una presión considerable en las negociaciones climáticas internacionales, como las futuras Conferencias de las Partes (COP), fortaleciendo las demandas de las naciones vulnerables y los defensores del clima.
Esta opinión se suma a pronunciamientos recientes de otros tribunales internacionales, como el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS), que en mayo de 2024 consideró las emisiones de carbono como contaminantes marinos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en julio de 2025 dictaminó que la crisis climática es una emergencia de derechos humanos . Esta convergencia de decisiones judiciales subraya un creciente consenso legal global sobre las obligaciones climáticas vinculantes de los Estados.
La opinión consultiva de la CIJ representa una «nueva herramienta poderosa» para proteger a las personas y al planeta, y para exigir responsabilidades a los Estados por sus deberes legales en la acción climática.
