El exministro del Interior, Rubén Vargas Céspedes, sostuvo que el Perú está viviendo «una de sus mayores crisis de inseguridad de toda su historia republicana», como consecuencia de la presencia de organizaciones criminales internacionales que han comenzado a operar en el territorio nacional.
La presencia de estas estructuras criminales transnacionales agravan la inseguridad que ya vive el país con la delincuencia local y las organizaciones vinculadas a las economías ilegales, como el tráfico de drogas, la minería ilegal y la trata de personas, subrayó Vargas Céspedes, quien fue ministro del Interior en el gobierno interino de Francisco Sagasti
«Ahora vemos nuevos actores con sus nuevos modos operandi, donde la extrema violencia y el uso de armas de fuego es recurrente: ahora pueden asesinar por una billetera, un celular o una mochila», expresó Vargas, también expresidente de Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), en diálogo con la Red de Medios Regionales del Perú.
Una de estas organizaciones del crimen internacional es el Tren de Aragua, que, basada en Venezuela, se ha expandido a Colombia, Ecuador, Perú, Chile y otros países de América del Sur.
A ellos se unen las bandas de los Choneros, los Tiguerones y los Lobos, cuyo origen es Ecuador pero han comenzado a operar en Perú, y buscan establecerse en Piura, desde donde, probablemente, se expandan a otras ciudades.
«Llamo la atención lo de Piura, porque los Choneros son en Ecuador el brazo armado del cartel de Sinaloa, una firma del narcotráfico de México, que opera a nivel mundial controlando el negocio de la cocaína. Su objetivo es empezar a controlar el puerto de Paita, absolutamente estratégico en la lógica del tráfico de drogas cocaínicas», argumentó Rubén Vargas.
La principal responsabilidad es del Ejecutivo
Frente a este grave problema, el experto en seguridad señaló el Ministerio del Interior es el principal responsable en realizar tareas de de contar con un plan estratégico y de realizar tareas de inteligencia para bloquear la acción de estas organizaciones criminales internacionales.
«Necesitamos que el Gobierno Nacional nos dé explicaciones de porqué hasta ahora no tenemos una estrategia clara en seguridad ciudadana», dijo Vargas.
En ese marco, los gobiernos regionales y locales deben enfocarse en la parte preventiva, en atacar la delincuencia interna, el delito doméstico, como el delito del raqueteo que afecta a los ciudadanos, como el robo de celulares.
ANGR critica deficiente gasto del Ministerio del Interior
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Werner Salcedo Álvarez, reclamó una mayor coordinación del Ministerio Público con las autoridades regionales y los alcaldes para para la aplicación de los planes de seguridad ciudadana.
«No estamos concentrándonos el qué hacer; no existe una respuesta seria en la asignación presupuestal ni el desarrollo de la normativa que permite combatir la delincuencia. Se tiene que descentralizar, sobre todo escuchar a las autoridades regionales», dijo el también gobernador regional de Cusco.
Salcedo Álvarez criticó al Ministerio del Interior por su «incapacidad de ejecución presupuestal, pues, recordó, hasta octubre del 2023, dicho pliego apenas había ejecutado el 28 % de su presupuesto.
«Es una realidad el sicariato. [Los gobiernos regionales] tenemos autorización para usar recursos del canon para ayudar con el Ministerio del Interior, pero su ejecución alcanza a octubre del año pasado el 28 %», argumentó la autoridad regional.
«Las economías ilegales han tomado el poder»
Por su parte, la exviceministra de Seguridad Pública, Gabriela Paliza, cuestionó el gasto en obras de infraestructura de los gobiernos locales en materia de seguridad ciudadana, pero descuidan la capacitación del personal de esta área.
«Para hacerle frente a este tipo de problemas, como la inseguridad ciudadana, se necesitan estrategias más a largo, que incluyan la prevención de las actividades delictivas, la recuperación de espacios públicos, invertir en el recurso humano», explicó.
Por eso propuso que el presupuesto debe enfocarse también en la capacitación de policías.
Asimismo, señaló que, lamentablemente, el crimen organizado ha llegado incluso hasta el Congreso, que tienen sus representantes incluso de la minería ilegal y financiamiento del narcotráfico. «Las economías ilegales han tomado el poder», dijo.
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