La Subgerencia del Observatorio Anticorrupción (OBANT) de la Contraloría General de la República del Perú (CGR), ha hecho una medición del Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) para “aportar al estudio y entendimiento del fenómeno de la corrupción e inconducta funcional en el sector público peruano”.
Con datos oficiales recogidos de la observación directa, este índice muestra algunos hallazgos como que, el 39 % de funcionarios o servidores públicos con sanciones vigentes son del Gobierno Nacional. O que más de 9 mil servidores públicos con responsabilidades administrativas, civil y/o penal son directivos. También, que hay más cien mil proyectos abandonados y sin continuidad financiera; o que el 54 % de las entidades contrataron al menos a un proveedor impedido de hacerlo con el Estado.
Asimismo, en un último informe de la Defensoría del Pueblo, entre enero a junio de 2024, se han registrado 6,294 casos de corrupción de los cuales 1,354 son por peculado, es decir, que tienen que ver con la administración de recursos. Y de todos ellos, 6,002 están en investigación preliminar, lo que significa que todavía no hay un avance mayor.
Frente a esta situación, hay un escenario transversal hacia el 2026, y es que vamos a tener siete procesos electorales para renovar autoridades, desde presidentes hasta alcaldes distritales, en un mismo año. Surge la inquietud de cómo podemos prepararnos para este escenario a fin de elegir a las personas correctas.
Para hablar y reflexionar sobre la corrupción y su costo -en términos reales- para los ciudadanos, las instituciones y las regiones donde vivimos, la Red de Medios Regionales del Perú invitó a José Elice Navarro, director ejecutivo de Proética, y a Erick Chuquitapa Rojas, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).
“La corrupción se ha incrementado después de la pandemia”
Erick Chuquitapa Rojas, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), dijo que uno de cada dos peruanos considera la corrupción como el principal problema del país. Y que hay algunos datos asociados en los que se ve que el tema de la corrupción se ha incrementado inclusive después de la pandemia.
“Entre el año 2022 y el año 2024, de acuerdo al informe que tenemos, la corrupción ha superado los 24,000 millones de soles, cuando en el año 2022 se hablaba de 22,000 millones, es decir, que en estos dos años se ha seguido incrementado”, dijo.
Erick Chuquitapa Rojas, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES)
Al respecto, remarcó que el problema de la corrupción, en términos de cifras, afecta a gobiernos regionales y también a los gobiernos locales, es decir, que los indicadores o los costos de la corrupción se distribuyen en diferentes territorios. Citó como ejemplo que, en el caso de Cusco, los riesgos de corrupción están alrededor de los 1,352 millones. Es una de las regiones que tiene un costo demasiado alto. “Estamos hablando de 12 o 13 soles por cada 100 soles que se ejecuta”, refirió.
«La población percibe cómo le afecta este mal»
Chuquitapa Rojas añadió que la principal percepción que tiene la población respecto a la corrupción es que afecta la vida cotidiana, a la economía familiar. “Porque piensan que es un trabajo menos que puedo tener. O una oportunidad perdida en la que podían generar trabajo, porque son costos vinculados a actividades -digamos empresariales- por los que hay que pagar, quizás para obtener algún permiso, alguna licencia”, comentó.
Dijo que esos detalles son a veces imperceptibles y que de manera cotidiana se piensa: “bueno, acá está mi cariño, mi reconocimiento, mi agradecimiento. Pero son actos de corrupción y, lógicamente, eso va de la mano también de la delincuencia, que son los dos aspectos que han estado siempre presentes”.
“Las personas también piensan que la corrupción afecta al crecimiento económico del país, que tiene un costo, que retrasa el buen desarrollo de la economía”.
Erick Chuquitapa Rojas, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES)
En ese sentido, recordó que la corrupción está vinculada a la desconfianza. “Si uno tiene desconfianza, no va a tener la iniciativa para emprender, hacer nuevos negocios o inclusive buscar un empleo, porque puede estar asociado a actos de corrupción”, explicó.
“La gente tiene una muy buena percepción respecto a cómo la corrupción impacta en su vida diaria y en la economía familiar, principalmente”, aseguró.
José Elice: “la corrupción en el ámbito político representa un quiebre absoluto con el estado democrático de derecho”
José Elice, director ejecutivo de Proética, coincidió en que la corrupción impacta socialmente porque resta oportunidades a los peruanos. “Para disfrutar de la infraestructura y los servicios de calidad que necesitan y que merecen, que merecemos todos”, dijo.
“En el ámbito político, [la corrupción] representa un quiebre absoluto con el modelo de Estado de derecho, con el estado democrático y de nuestro modelo de democracia representativa, en el que la población tiene cada vez menos confianza”, aseguró.
José Elice, director ejecutivo de Proética
Elice Navarro explicó que esta desconfianza la podemos ver en el resultado de las sucesivas encuestas con relación al gobierno. Respecto a la propia presidenta de la República y al Congreso, especialmente, lo que genera un ambiente y una sensación de inestabilidad profunda e inseguridad jurídica para los actores económicos
Respecto a las brechas en cuanto a infraestructura, que también origina la corrupción, José Elice dijo que los datos lo grafican. Esto, según la Contraloría General de la República, y algunos gremios como la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).
«Tenemos un problema de ‘chip’, lo tenemos en la cabeza, la hemos normalizado y aceptado»
Así, ya se conoce el tamaño de las brechas que hay en desarrollo de infraestructura y que impactan significativamente sobre las condiciones de vida de la población. La satisfacción de sus necesidades de comunicación, de transporte y demás. Entonces, es el momento de preguntarnos si cada uno de nosotros, desde el punto de vista formal, seguimos haciendo o cumpliendo todas las tareas que un país debería cumplir para disminuir al mínimo posible este mal, cuestionó.
Elice, quien es abogado especializado en Derecho público, cuestiona que, si formalmente se ha cumplido con todas las “tareas”, se han suscrito las convenciones globales anticorrupción, se tiene un plan nacional anticorrupción al 2021, y tenemos las oficinas estatales que deberían combatir directamente este fenómeno, como la Contraloría General de la República; ¿por qué seguimos así? O sea, empeorando.
En ese sentido, se refirió al estudio de microcorrupción de Redes en el que se explica que, si uno entrega un sol de coima o entrega millones de soles de coima, en los dos casos es corrupción.
“Tenemos un problema de ‘chip’, lo tenemos en la cabeza, hemos normalizado y aceptado la corrupción y no tenemos quién lidere una gran movilización ciudadana contra este fenómeno”, advirtió.
José Elice, director ejecutivo de Proética
«No se les ha mostrado a los peruanos claramente por qué nos hace daño»
Según el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, el Perú ha estado estacionado o ha bajado en este ranking de 180 países. Y ahora está en el puesto 121 de corrupción. “Es muy grave”, comentó.
Elice dijo que se le muestran cifras de la corrupción a la población, cuando gran parte de peruanos ya sufren las consecuencias de este mal. Pero no se les ha mostrado claramente por qué la corrupción nos hace daño y por qué tenemos que erradicarla de nuestra cabeza.
Entonces, enfatizó, tenemos que cambiar el chip. ¿Cómo lo hacemos? Esta tiene que ser una movilización ciudadana en la que esperaríamos que surjan líderes. Líderes que quieran llegar al gobierno o a diferentes cargos de elección popular y vayan con este mensaje. Y hagan entender a sus seguidores, a la ciudadanía, a sus votantes, que tenemos que cambiar ese chip. Que es una palabra que ya se incorporó en el diccionario de la Real Academia Española y tiene que ver con la mentalidad.
La entrevista completa aquí:
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